La Cámara de Diputados votó a favor de la acusación constitucional contra el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, quien arriesga ser destituido acusado de vulnerar una serie de derechos, con el copamiento preventivo de Plaza Baquedano.
74 votos a favor, 71 en contra y una abstención podrían sellar el futuro político de Guevara, esto luego que la Cámara aprobara continuar con el proceso de acusación constitucional ahora en el Senado, arriesgando ser destituido y además sancionado.
Al intendente metropolitano se le acusa de haber impedido el derecho constitucional de reunión, esto luego de supuestamente haber acordado una estrategia de copamiento de la Plaza Baquedano con Carabineros.
Felipe Guevara llegó a la sala de la Cámara de Diputados acompañado de su familia que lo escuchó desde las gradas, además de sus dos abogados. Junto a ellos también se hicieron presentes el ministro del interior, Gonzalo Blumel, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, y la vocera de Gobierno y exintendenta, Karla Rubilar.
Guevara descarta presentar renuncia
Luego de confirmarse la decisión de los diputados, Guevara insistió en que considera que la acusación constitucional es injusta. Aseguró que en el actual escenario no ha pensado en renunciar y agregó que no tiene nada que ocultar.
“No he pensado en renunciar, creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder. No tengo nada que esconder, he sido el primer acusado en ir personalmente a la comisión de la Cámara y exponer personalmente los argumentos, no tengo nada que ocultar”, enfatizó.
Precisamente haber hecho uso de la palabra fue el primer hecho que molestó a los parlamentarios de oposición, esto luego que Guevara en un tono agresivo los emplazara a desistir de la acusación, poniendo como ejemplo que para la cuenta pública del Presidente se resguardó el congreso con 1.500 carabineros para 200 parlamentarios.
Ya con los hechos consumados, el ministro del interior, Goznalo Blumel, se mostró preocupado por el futuro que podrían tener las autoridades políticas que están a cargo de resguardar la seguridad pública, entre ellas otros intendentes, los gobernadores provinciales e incluso su propio cargo.
“No es solo una injusticia, sino que es una decisión muy equivocada porque si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se le va a causar un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público”, vaticinó.
“Cómo le va a pedir a los intendentes de todo el país que tomen decisiones en materia de orden público, si por esas decisiones en definitiva se les acusa constitucionalmente y sin ningún fundamento”, cuestionó Blumel.
Oposición descarta acusación “por gusto”
La diputada Alejandra Sepúlveda, quien recordemos presidió la comisión ad hoc por la acusación constitucional, lamentó que el ministro del Interior no sea capaz de diferenciar las movilizaciones pacíficas de personas que exigen cambios, de las violentas que han terminado con hechos delictuales.
“Lamento que el ministro Blumel siga con esta idea de no separar lo que está ocurriendo, lo que tiene que ver con las manifestaciones pacíficas que sin duda tiene que ver con un derecho a la protesta, un derecho a la expresión y un derecho también a los cambios sociales, y no diferencie en lo que significa esas manifestaciones que son con armas y derechamente delictuales”, sostuvo.
Mientras que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibañez, quien además será el acusador frente al Senado, dijo que las acusaciones constitucionales no son “por gusto”, sino que es la forma y la herramienta que entrega el sistema para buscar sanciones políticas, más aún luego de las violaciones a los derechos humanos que se han visto en medio del estallido social, según aseguró.
“Nosotros no hacemos acusaciones constitucionales por gusto, en absoluto. Es una herramienta que no se trata de estar a favor o en contra de la violencia, sino de analizar la idoneidad y proporcionalidad del actuar policiales y de las decisiones de las autoridades políticas en materia de protección de Derechos Humanos”, puntualizó.
Gobierno fustigó decisión de la Cámara
El ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, cree que la oposición está abusando con las acusaciones constitucionales.
Recordemos que esta es la tercera desde el estallido social. Antes ya pasaron por esta instancia, Andrés Chadwick, quien fue sancionado, además del presidente Sebastián Piñera, cuya acusación no prosperó.
“Cuando hay una seguidilla, un festival de interpelaciones, de acusaciones constitucionales, uno se da cuenta que la motivación quizá no es ir haciendo justicia, sino que ocupar una práctica que está establecida en la Constitución de forma abusiva”, criticó.
También hubo cuatro interpelaciones, entre ellas la del ministro de Salud, Jaime Mañalich, la del titular de Hacienda, Ignacio Briones, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y la de la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmith, restando aún la que se realizará a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
¿Qué pasará ahora con Felipe Guevara? una vez que sea notificado quedará suspendido de su cargo, el que debería ser asumido por el delegado provincial de Santiago, Enrique Beltrán, el mismo que reemplazaba a la exintendenta y actual vocera de Gobierno, Karla Rubilar, tal como lo explicó la propia ministra.
Hasta hace 85 días Felipe Guevara era alcalde de Lo Barnechea, antes de ser llamado por el presidente Sebastián Piñera tras el cambio de gabinete en medio del estallido social. Ahora, se encuentra al borde de la destitución y de la sanción de no poder ejercer cargos públicos por cinco años.
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