Imposible que pasara inadvertido. El anuncio del Gobierno el fin de semana, respecto a su intención de presentar, durante el primer semestre, un proyecto de ley que regule el derecho a reunión, generó fuertes críticas desde los sectores sociales y en la oposición, principalmente por la señal que implica una iniciativa de esta índole a casi tres meses del estallido social de octubre. Más aún, se dio a conocer después de la tensa semana para el Gobierno por el llamado boicot contra la PSU, que terminó con La Moneda invocando la Ley de Seguridad del Estado y con querellas contra más de una veintena de estudiantes, varios de ellos dirigentes de la ACES.
Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el proyecto será trabajado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la subsecretaría de DDHH. En declaraciones a El Mercurio, Larraín explicó el tenor que pretende tener la iniciativa: “Está vinculado con el ejercicio de otros derechos: el de la libertad de asociación, el de libertad de expresión, el derecho a la manifestación (…). Más que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos”
Los presidentes de partidos de la oposición ya advirtieron que no están dispuestos a dar los votos para un proyecto que atente contra los derechos fundamentales de las personas, en este caso el de manifestación y libertad de expresión. En entrevista con El Mostrador, la senadora Yasna Provoste (DC) –quien lideró la estrategia opositora en la Cámara Alta en el proyecto Aula Segura– sentenció que la iniciativa es solo un voladero de luces que busca desviar la atención de la crisis que atraviesa el Gobierno de Sebastián Piñera.
“Me parece que no es serio opinar de un proyecto que no existe, pero sí le puedo decir al Gobierno que no estamos disponibles para aprobar un proyecto que viole un derecho fundamental. De hecho, ya la normativa actual, bajo reglamento, regula de manera contraria a la doctrina de los DDHH, porque establece la necesidad de solicitar autorización previa, que debiera reducirse a hechos muy excepcionales, como el corte de calles. Si hay alguna corrección que hacer, es justamente esa, porque actualmente, según nuestra opinión, la actual legislación no está a la altura de los estándares internacionales”.
-¿Cuál es el objetivo del Gobierno con el anuncio de un proyecto que regule la libertad de reunión, uno de los pisos básicos para las manifestaciones y organización social?
-Esto, lo que busca es desviar la atención, en lo que se ha transformado en una actitud recurrente del Gobierno, de improvisar y lanzar iniciativas sin mucho análisis, con la intención de desviar la atención de los problemas que hoy en día tiene, la tensión al interior de la coalición gobernante, desviar la atención de los problemas económicos que tiene el país y que el Gobierno no ha logrado resolver, como el desempleo.
-Pero plantea una postura…
-El Gobierno ha hecho un anuncio general, de un posible proyecto de ley para regular el derecho a reunión, improvisa con anuncios generales un tema que es sumamente importante para los DDHH. Pone esto en agenda para desviar la atención de proyectos que aún no han llegado al Congreso y que fueron anunciados el 20 de octubre, como el Fondo Común Municipal, que fue parte de la Agenda Social anunciada a los pocos días del estallido social.
-El ministro Larraín ha dicho que no es suficiente la actual legislación, por eso surge esta iniciativa,¿están dispuestos a legislar en otro sentido?
-Me parece que no es serio opinar de un proyecto que no existe, pero sí le puedo decir al Gobierno que no estamos disponibles para aprobar un proyecto que viole un derecho fundamental. De hecho, ya la normativa actual, bajo reglamento, regula de manera contraria a la doctrina de los DDHH, porque establece la necesidad de solicitar autorización previa, que debiera reducirse a hechos muy excepcionales, como el corte de calles. Si hay alguna corrección que hacer, es justamente esa, porque actualmente, según nuestra opinión, la actual legislación no está a la altura de los estándares internacionales.
-Por lo general el Gobierno logra salvar sus proyectos con algunos votos descolgados de su partido, la Democracia Cristiana, ¿la oposición y los parlamentarios de la DC están de acuerdo con esta postura?
-Creemos que la política se debe hacer en el marco de la unidad de la oposición, al menos en el Senado siempre hemos tenido ese interés de fortalecer la unidad de la oposición y hemos hecho importantes esfuerzos en la bancada, pero, en la labor legislativa, nosotros seguiremos pensando en garantizar los derechos fundamentales y eso no va a cambiar.
-El Gobierno del Presidente Piñera ha centrado su política en la seguridad, como solucionar problemas educativos con Aula Segura. Tras el estallido, al parecer, eso no ha cambiado. ¿Cree que el oficialismo aún tiene margen para aprobar esta agenda en el Congreso en los próximos dos años?
-Lo que ha hecho el Gobierno ante el estallido social es profundizar su modelo y yo creo que, al contrario, lo que el Congreso necesita es legislar en función de lo que necesita la ciudadanía. En octubre los chilenos pidieron mejor salud, mejor educación, mejores pensiones y el Presidente Piñera lo que hace es enviar proyectos que buscan penalizar las movilizaciones, poner más mano dura, al igual que sus Aula Segura, Consultorio Seguro, Plaza Segura. Se lo dijimos a la ministra de Educación, una iniciativa como está lo único que logra es aumentar la espiral de violencia y lamentablemente esa espiral de violencia ha llegado a todo lo que hemos visto.
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