Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, declaró que ya tienen “una gran cantidad de rostros” grabados en relación a la investigación por la quema de distintas estaciones del Metro de Santiago y que es cuestión de tiempo que sean identificados para que los involucrados sean detenidos.
En entrevista con La Tercera, el persecutor indicó que si bien se encuentra en una etapa de investigación donde no puede afirmar si hay evidencia de actos coordinados, sí aseguró que hay indicios de participación de grupos organizados.
“Por las diligencias que hemos realizado y el análisis de cómo algunas de las estaciones de Metro se fueron quemando sucesivamente en la Línea 4, más o menos a la misma hora, y el hallazgo de focos de inicio de esos incendios en zonas clave de estos recintos, podría decir -al menos- que hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en los incendios que fueron provocados en algunas de esas estaciones”, señaló.
Barros declaró que, al momento, “tenemos una gran cantidad de rostros, esas personas están individualizadas y es cosa de tiempo de que sean identificadas y enfrenten a la justicia”. Dichos individuos arriesgan altas penas de cárcel por el delito de incendio.
“Esos imputados a los que la Fiscalía va a ir llevando ante tribunales es probable que de ser condenados pasen gran parte de su vida en la cárcel por estos graves hechos. Y ahí nuestra obligación es realizar una investigación rigurosa que nos permita llevar la mayor cantidad de pruebas para que los tribunales dicten las condenas acordes a estas graves situaciones que hemos vivido como país. El Metro se tiene que entender como una de las formas de mayor democratización y el haber atentado contra este importante medio de transporte de la capital no puede quedar impune y en eso estamos, buscando a los responsables”, agregó.
Barros anteriormente ha llevado causas ligadas a hechos terroristas, como la explosión en el Subcentro de Escuela Militar. Ante la consulta de si creía que grupos anarquistas estaban tras la quema del Metro, dijo que “aún es preliminar poder afirmar algo así, pero evidentemente es una hipótesis que tenemos que trabajar. Basta mirar algunos de los mensajes que se nos repiten con las investigaciones del pasado, el incitar a quemar todo, al caos e, incluso, me llamaba la atención, eso que los grupos anarquistas pregonaban en años anteriores de ‘instrumentalizar al lumpen y los narcos’ para generar el caos y el desgobierno y que, de cierta forma, es lo que hemos visto, en algunos casos, en las últimas semanas”.
El fiscal regional fue requerido por la situación de Roberto Campos, profesor que está en prisión preventiva por dañar torniquetes en la estación Pedrero.
Al ser consultado sobre si su reclusión es un intento por criminalizar las manifestaciones, señaló que “en un estado de derecho los ciudadanos somos responsables de nuestros actos y es el sistema criminal el encargado de resolver los conflictos jurídico-penales. El arrepentimiento no constituye inocencia. Es más, acá no estamos frente a un imputado que compareció voluntariamente al sistema de justicia, sino que hubo que realizar una investigación de largo aliento, con equipos especializados para establecer su identidad y su participación”.
“A nivel jurídico, estamos frente a una conducta delictual y no de protesta social, especialmente considerando que estos hechos dicen relación con la destrucción de la columna vertebral del sistema de transporte público de Santiago y, por tanto, la sociedad debe resguardar estos bienes que benefician a todos en su conjunto. Si existiese un real arrepentimiento, ello debiese concretarse en que dichas personas se presenten a la Fiscalía a su asumir la responsabilidad por sus actos. Cabe destacar que dicho imputado se encuentra en prisión preventiva, lo que ha sido ratificado por distintas vías por los tribunales superiores de justicia. En mi experiencia de 19 años como fiscal, he visto imputados condenados por homicidio, violación o narcotráfico arrepentidos y eso no significa que no sean responsables penalmente de sus actos”, agregó.
Saqueos y derechos humanos
En relación a los saqueos que han ocurrido desde el estallido social, Barros refrendó que en su zona han encontrado droga al interior de las casas donde han realizado allanamientos por saqueos.
“Al principio los saqueos eran cometidos por personas sin antecedentes, pero luego ha mutado a un imputado con antecedentes por tráfico. De hecho, en algunos de los allanamientos a personas indagadas por robo en lugar no habitado -que es el saqueo- encontramos paquetes de drogas al interior de estas casas que contenían artículos saqueados”, declaró al citado medio.
En tanto, sobre las críticas del Gobierno respecto de las salidas alternativas otorgadas a saqueadores sin antecedentes, expresó que causan molestian, “porque de cierta forma distrae el trabajo que estamos haciendo. El Ministerio Público es, al igual que el Poder Judicial y la Defensoría, una de las instituciones que pese a la gran cantidad de causas que se han abierto a propósito de esta crisis social, han actuado de forma muy profesional”.
Respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros, dijo que hay tres fiscales especializados en temas de derechos humanos indagando las acusaciones.
“Quisiéramos avanzar más rápidamente como lo merecen las víctimas, el punto en que muchas veces topamos con la burocracia de otras instituciones que están a cargo, por ejemplo, de peritajes sicológicos. Ahora las personas tienen que tener en cuenta que si bien son causas complejas, el Ministerio Público no tiene miramientos respecto de esos imputados, y si hay pruebas se van a pedir las formalizaciones que sean necesarias. Igualdad ante la ley y la aplicación del principio de objetividad, como nos ha ordenado el fiscal nacional desde el primer día de este estallido social”, expresó.
