Daneidy Barrera, es una influencer colombiana conocida como “Epa Colombia”.
La joven se lanzó a las calles el pasado 21 de noviembre, en el marco del paro nacional que vivió la nación sudamericana.
A “Epa” se le ve en el registro pintando grafitis, con mensajes contra el presidente Iván Duque. De hecho, con esa imagen comienza el video que lanzó por sus redes sociales, sin imaginar el impacto de sus acciones.
A lo largo de las imágenes, se le ve rompiendo cristales en una de las estaciones del TransMilenio en Bogota, además de destrozando con un martillo los validadores para ingresar al sistema de transporte.
La denominada influencer auguraba desde el inicio de su video que sería criticada por lo que estaba haciendo y que optaba por esa destrucción en lugar de estar vandalizando los negocios de emprendedores.
“Yo estaba destruyendo el Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en la que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido“, aseguraba Barrera.
Irónicamente, las imágenes no la hicieron pasar desapercibida. 4 días después, la fiscalía colombiana pidió al judicial emitir una órden de captura en su contra por los “delitos de instigación para delinquir agravado con fines terroristas y daño en bien ajeno agravado”, según lo informaron medios como RCN.
Si bien, la joven no fue capturada, días despues y luego de presentar una licencia médica, llegó hasta un juzgado capitalino para defenderse de los cargos en su contra. Se declaró inocente de los mismos, pese a los registros.
La jueza, quien no emitió la órden de captura, está siendo investigado por el Consejo Superior de la Judicatura, según trascendió en medios locales como El Heraldo.
“Se estarán determinando las conductas disciplinarias en las que pudo haber incurrido esta funcionaria al dejar en libertad a la ciudadana con el argumento de que no constituía un peligro para la sociedad”.
Sin embargo, la joven quien debe responder a los perjuicios económicos contra el estado, (1.200 millones de pesos colombianos) será procesada en libertad y no puede tener activas sus redes sociales por órden de un juez de garantías. La justicia determinó que no representa un peligro para la sociedad local y bajo ese argumento la dejó en libertad condicional.
Se abre el debate
Redes sociales cerradas. Debate abierto. En eso ha derivado el procesamiento judicial contra Daneidy Barrera.
El caso, que generó apoyo desde sus seguidores, pero repudio en buena parte de la sociedad colombiana, sigue dando de qué hablar, ante la prohibición para que la joven influencer se comunique con su público.
Catalina Botero, decana de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, citada por lafm.com, aseguró que dicho cierre, procede “en casos excepcionales en los cuales la restricción supere los test de proporcionalidad”.
Con lo anterior, la profesional del derecho reconoce que el caso lo “amerita”.
“En el resto de los casos, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces, cuando el caso no tienen relación directa con el proceso, la corte ha sostenido que es desproporcionado”.
En una opinión muy similar, se coloca el abogado José Fernando Mestre, director del departamento de derecho penal de la Universidad Javeriana, quien no considera que haya censura tras la decisión.
“El juez de control de garantías, cuando toman decisiones de medidas de aseguramiento, implican limitación o restricción a derechos fundamentales como el de la libertad. Se pueden limitar las comunicaciones de una persona y, obviamente, en el caso concreto de la conducta que está siendo investigada relacionada con la comunicación no es desproporcionada”, dijo.
Pero en el otro lado del debate, la coordinadora de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señaló que la decisión sí es catalogada como censura.
“El juez no puede decididamente ordenar que una persona no hable como alternativa a una detención preventiva”. Y explicó que pese a que el juez “actúa autorizado por la ley penal, cualquier medida que se deba tomar tiene que surtir un examen de constitucionalidad”, señaló Luisa Fernanda Isaza.
“Interpusimos la denuncia penal en su contra por daños en bien ajeno y por obstruir el transporte público, y sí esperábamos una solidaridad mayor por parte de la justicia, (…) Yo sí considero que ella es un peligro para la sociedad y me permito diferir de lo que ha dicho la juez del caso”, aseguró desde la gerencia de TransMilenio, María Consuelo Araujo.
Mientras el proceso dure, “Epa” debe permanecer a la sombra de la inactividad de las redes sociales, las cuales activó sin saber su verdadero alcance en momentos de crisis.
