El aumento del costo del pasaje de Metro en Santiago provocó evasiones masivas que derivaron en un gran estallido social en Chile, que sacó a flote todos los descontentos acumulados: el sistema de pensiones, los bajos sueldos, el endeudamiento y el alto costo de vida en general, en un país donde el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000 (US$550, aproximadamente).
A lo anterior, -que constantemente genera debate en la agenda social y política-, durante el último tiempo se sumaron hechos irregulares que evidencian un clasismo imperante en el país, en el que los sectores de más privilegio acceden a beneficios que a toda luz no parecen lícitos o razonables en términos morales.
Esa élite, por ejemplo, es la que tras escándalos de corrupción ha sido condenada a asistir a clases de ética; y la que en el pasado verano se tomó las portadas por tener casas en sectores turísticos con acceso directo y privado a playas, las cuales por ley deben ser abiertas a todo público.
Esos “cariños” a los más acomodados también han sido foco de críticas de la clase media y media emergente, en un país en donde la ciudadanía lucha por tenerle un poco más de fe a la meritocracia y a la justicia.
“Mi playa”
El verano pasado despertó otra realidad asociada con la situación socioeconómica: la de personas con residencias con acceso privado a playas, lo que provocó el pronunciamiento del Ministerio de Bienes Nacionales que fue enfático en aclarar que en nuestro país todos esos accesos son públicos.
Ello destapó una serie de irregularidades y regalías para quienes gozan de propiedades de descanso o veraneo; y el proceso de venta de inmobiliarias que ofrecían dicho acceso como gancho de venta.
Los primeros días de febrero se viralizó por redes sociales un video que graficó esta situación.
En el registro se apreciaba cómo Matías Pérez Cruz -vestido sólo con traje de baño- llegaba hasta un lugar en que tres mujeres se encontraban descansando y resguardándose del sol, a un par de metros de la orilla del Lago Ranco en la región de Los Ríos.
Con tono prepotente, el presidente de Gasco les pidió que se retiraran del lugar, argumentando que se trataba de su “jardín”, que su terreno deslindaba con el lago y que era su propiedad.
“Ustedes se me van”, les dijo, añadiendo que si no acataban volvería a sacarlas “de manera no tan pacífica”.
Una de las afectadas intentó defenderse: “¿Esto es un fundo acaso, donde usted llega, manda y ordena?”. Seguidamente, Pérez Cruz al notar que estaba siendo grabado intentó quitarles el teléfono móvil.
Otra de las mujeres también intervino y le explicó que era primera vez que visitaba el lago, que le dolía el trato.
“Yo soy abogado, no me van a discutir a mí”, les respondió el ejecutivo de Gasco.
¿Qué dice la ley?: dice que los chilenos tienen derecho a acceder a playas de río, mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares, considerados todos como bienes nacionales de uso público. Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos.
Este caso llegó a oídos del Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el cual inmediatamente comenzó una campaña a nivel nacional para fiscalizar las denominadas “playas privadas”.
Decenas de casos similares salieron a la luz pública, instalando una sensación de injusticia en la comunidad, envuelta de un sentimiento de que con dinero hasta una playa se puede tener en Chile.
