La Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reunieron con representantes de la Federación de Medios de Comunicación Social para coordinar medidas que resguarden a los periodistas, gráficos y camarógrafos que realizan coberturas de las marchas.
Como Gobierno no vamos a permitir que la democracia retroceda un milímetro por estos delincuentes y cobardes encapuchados que agreden a los profesionales de la prensa, que lo único que hacen es cumplir su vocación de informar a la ciudadanía y fortalecer nuestra democracia”, señaló la Ministra Pérez.
Santiago, 01 de octubre de 2019.- Esta mañana la Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reunieron en el Palacio de La Moneda con representantes de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, tras las agresiones que el viernes pasado sufrieron seis profesionales de la prensa que cubrían la marcha por el medio ambiente que se realizó en Santiago.
Al encuentro –que se da luego de que el Gobierno interpusiera ayer una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de desórdenes graves, porte de armas de fuego, porte de armas blancas, homicidio frustrado y lesiones graves- asistieron el presidente del directorio de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), Ernesto Corona; el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Jaime Díaz, y el presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Eduardo Martínez.
La cita tuvo como objetivo coordinar y avanzar en la construcción de protocolos de colaboración que apoyen la seguridad de los profesionales y equipos de prensa que cubren manifestaciones públicas.
“Hoy reiteramos la solidaridad del Gobierno con los trabajadores de la prensa libre de nuestro país, que se han visto enfrentados a la violencia, a la delincuencia de cobardes encapuchados que, no respetando el trabajo de personas que tienen como vocación fortalecer la democracia a través de la información que aportan a la ciudadanía, creen que con su violencia pueden hacer que nuestra democracia retroceda”, explicó la Ministra Cecilia Pérez.
“Como Gobierno no solamente hemos presentado una querella, sino que además les hemos confirmado que estamos dispuestos a mantener la colaboración con los representantes y gremios de los medios de comunicación para establecer los protocolos necesarios que permitan la protección de los trabajadores que tienen cumplen la misión de mantener informados a la ciudadanía”, agregó la Vocera de La Moneda.
Por su parte, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló que “hemos explicado el proceso que se está realizando, cuál es la Fiscalía que está a cargo, las reuniones de coordinación con el OS-9 de Carabineros y que ya se está levantando toda información relevante de los incidentes ocurridos la semana pasada”.
Sobre los protocolos que se estudia impulsar, la Subsecretaria Martorell dijo que “lamentablemente en los últimos meses hemos tenido ya seis situaciones que han afectado a profesionales de las comunicaciones, la última de una gravedad nunca antes vista. Por eso las instituciones policiales están analizando los mecanismos y acciones de seguridad que permitan que estos hechos no vuelvan a repetirse. Esto, sin dejar ni un segundo de perseguir a los responsables, porque no vamos a descansar hasta poner a estos delincuentes a disposición de la justicia”.
En esta línea, la Vocera de Gobierno recalcó que “no vamos a permitir que la democracia retroceda un milímetro por estos delincuentes y cobardes”.
Gremios valoran mesa de trabajo con el Gobierno
Desde la ANP, Juan Jaime Díaz, valoró la disposición del Gobierno de establecer esta mesa de trabajo para avanzar en medidas que protejan a los profesionales.
“Queremos agradecer al Gobierno y decir que estamos tremendamente preocupados porque lo que está pasando hoy día es muy grave, no sólo por la situación que sufrieron nuestros profesionales, sino que también porque con esta violencia se pretende limitar el derecho de las personas a poder informarse de forma amplia, oportuna y veraz”, afirmó Díaz.
“Le hemos pedido al Ejecutivo que nos mantenga al tanto de esta situación y que ejerzamos algunos protocolos para que esto no siga avanzando. Estamos convencidos que no fue una cosa aislada, sino que fue una acción organizada y premeditada, y esperamos que la sociedad como un todo la rechace con fuerza”, añadió.
Por su parte, Ernesto Corona de ANATEL enfatizó que “aquí la principal preocupación es la seguridad de nuestros trabajadores, los que todos los días salen a cumplir su labor profesional en las calles, en su misión de informar a la sociedad chilena. No queremos que nuestros trabajadores corran riesgos, como lo que han tenido que sufrir. Por eso vamos a seguir impulsando este trabajo coordinado con el Gobierno y las instituciones policiales”.
