La justicia acogió la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago presentada por tres víctimas de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. Con ello, la Iglesia deberá pagar 300 millones de pesos, que se repartirán en partes iguales entre los denunciantes.
Por más de cinco años se extendió el trámite judicial, que comenzó en 2013 y que desde hace cerca de un año había llegado Corte de Apelaciones de Santiago, después de haber sido rechazada la demanda, por 450 millones de pesos, en primera instancia.
En un fallo unánime, este miércoles la Novena Sala sentenció que el Arzobispado de Santiago debe pagar 100 millones de pesos a James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. Entre otras cosas, el texto afirma que resulta evidente que el actuar de la Iglesia provocó un daño a las tres víctimas.
“De haberse actuado con la debida diligencia, esto es, con acuciosidad y la debida celeridad, mediando el debido proceso de las denuncias por este ente eclesiástico, las consecuencias perniciosas de los abusos y del abandono en que quedaron las víctimas hubiesen sido aminoradas y no amplificadas como en la realidad ocurrió y resultó establecido al ponderar las pruebas que obran en este proceso”, se lee en el fallo.
Además, se deja establecido que las omisiones y errores de la cúpula de la Iglesia Católica demuestran que fue “negligente en su proceder, en términos que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento, que da origen a la configuración de un ilícito civil”.
Aun así, según la misma sentencia, no existen elementos como para afirmar que el encubrimiento se corresponde con la tipificación penal del delito.
Hamilton, Murillo y Cruz se mostraron conformes con la decisión y explicaron que esto constituía un precedente.
“Acá lo que se le acusa a la Iglesia es encubrimiento y desprotección y negligencia, con lo cual cualquier víctima, si es que la Iglesia nuevamente llegase a actuar con encubrimiento y negligencia, tendrá el derecho de demandar a la institución”, destacó Hamilton.
Pese a que tanto Francisco Javier Errázuriz como Ricardo Ezzati se han defendido diciendo que no existió encubrimiento y que hicieron las acciones correspondientes, el fallo determinó que la Iglesia conocía de las denuncias al menos desde 2003.
Incluso con esa información se decidió mantener el libre ejercicio sacerdotal a Fernando Karadima, y tampoco se le prestó amparo y auxilio alguno a los demandantes, sino una vez que los hechos se hicieron públicos y notorios.
Por otro lado, el escrito alude al intento de desprestigiar a las víctimas de Fernando Karadima, con gestiones para que a James Hamilton lo despidieran del lugar donde trabajaba y también en el caso de Juan Carlos Cruz se impidió que pudiera participar en el Vaticano de algunas instancias sobre la prevención de abusos sexuales.
“(El fallo) separa el encubrimiento civil del penal, lo que está bien. O sea, esto no quiere decir que la corte haya acreditado el encubrimiento penal, pero lo que sí dice es que las negligencias, las acciones y las omisiones realizadas por ellos dan lugar a un encubrimiento de carácter civil, que constituye un delito civil”, manifestó Juan Pablo Hermosilla, abogado de las víctimas.
En tanto, la agrupación Laicos de Chile valoró el fallo pues se presenta como una alternativa para las víctimas que todavía no han hecho las denuncias, o que las han hecho pero que están entrampadas todavía por la prescripción de orden penal.
“Si la Iglesia Católica tiene que quedar en la calle, sin ningún tipo de propiedad, de manera de poder reparar a todos los sobrevivientes y víctimas de abuso sexual y de abuso de poder (…) en buena hora”, aseguró el vocero Osvaldo Aravena.
A través de un comunicado, desde el Arzobispado de Santiago aseveraron que no se apelará a la decisión y que esto marca un paso importante para “reestablecer la justicia y la confianza”.
Además, admitieron falencias en el caso en cuanto a “la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas”.
“Yo voy a reunirme con ellos y juntos queremos hacer un camino de verdad, de justicia, donde aminoremos en lo posible el dolor”, afirmó más tarde el administrador apostólico Celestino Aós, quien descartó que los 300 millones se saquen del 1% del sueldo aportado por los feligreses, o de programas específicos como el Hogar de Cristo. También, desestimó que la Iglesia pueda declararse insolvente.
Sobre esta actitud, las víctimas dijeron que se veía un cambio notorio en el Arzobispado de Santiago y manifestaron su deseo de que se mantuviera así.
Reacciones de los ex arzobispos de Santiago
Respecto al tema, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, en entrevista con Ahora Noticias, aseguró que no existió encubrimiento.
“No hubo encubrimiento, fue difícil llegar a una conclusión, o sea, hubo un poco de demora, pero encubrimiento ninguno (…) Yo nunca habría encubierto a un Fernando Karadima”, afirmó.
Por su parte, Ricardo Ezzati dijo no tener “ninguna opinión adversa”. “Yo no tengo nada que ver ahora porque no soy el arzobispo”, sostuvo.
“Si la corte cree oportuno eso y si las víctimas están de acuerdo con eso, se ejecutará, me imagino”, señaló.
Fuente: BioBioChile
