En el marco de una audiencia pública compuesta por más de 30 organizaciones, la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste destacó la aprobación en general del proyecto sobre acoso sexual en el ámbito académico.
Al respecto, la parlamentaria explicó que el proyecto define el acoso “como una vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien lo sufre”.
Asimismo, la representante DC comentó que la iniciativa plantea que es deber de todas las instituciones de educación, de todos los niveles formativos, el adoptar activamente aquellas medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres, debiendo promover el buen trato y relaciones igualitarias de género.
Además, la legisladora aclaró que el cuerpo legal establece un protocolo para prevenir el acoso sexual en educación superior y procedimientos de denuncia cuando se registren estos casos al interior de universidades, CFT, IP y escuelas matrices de las FF.AA. y de Orden.
De igual manera, Provoste indicó que la iniciativa en sus ideas matrices señala que “comete acoso sexual en el ámbito académico quien valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, solicite -o realice solicitudes- de favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales”.
La senadora agregó que, según el proyecto, se entenderá que existe vinculo académico en relaciones tales como la que hay entre tesista y guía, o entre estudiante y profesor/a, estudiante de escuela matriz y el respectivo/a superior/a, o entre estudiante en práctica y supervisor/a, compañeros de carrera o Universidad, ayudantes de cátedra, entre otros, cualquiera sea la nomenclatura que utilice la institución de educación, y cualquiera sea el lugar donde habitualmente se desempeñe el agresor, o la calidad jurídica del vínculo que éste o la víctima tengan con la institución de educación.
Provoste detalló que el proyecto también plantea un protocolo que contemple la existencia de sanciones administrativas internas tales como rebaja de sueldo, suspensión en el cargo o expulsión para quienes cometan acoso sexual.
