El dictamen apuntó a la ilegalidad de la detención debido a que se efectuó sin la orden de una autoridad competente, sin los antecedentes que la justifiquen y excediendo todas las prerrogativas de un control migratorio, razón argumentada por los funcionarios de la PDI para justificar el procedimiento.
La Corte consideró también que al momento de la detención no se tomó en cuenta que los amparados exhibieron sus certificados de inscripción en el proceso de regularización migratoria, documento que da cuenta de una condición regular en el país.
Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que “la actuación de los diversos órganos del Estado debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ello no ocurrió en este caso. Además, tal como lo hemos señalado en la tramitación de la reforma a la legislación migratoria, el Estado debe asumir que en el caso de las personas migrantes tiene obligaciones especiales que debe cumplir”.
En tanto, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, agregó que “nos parece muy relevante esta sentencia de la Corte de Apelaciones pues, ya que junto con declarar la ilegalidad en la detención de estas dos personas haitianas, envió los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue la eventual responsabilidad criminal de los funcionarios policiales y ordenó la realización de una investigación administrativa. Esperamos que esta resolución contribuya a modificar prácticas vulneratorias de los derechos de las personas migrantes”.
