El documento indica que las deficiencias se enfocan principalmente en la escasa adecuación de infraestructuras de uso público, transporte público concesionado y carreteras o caminos, sean administrados de forma directa por el Estado o a través de concesionarios, casos en que se deberán adecuar las pasarelas peatonales.
El primer punto de la resolución 234 considera que el Estado de Chile no ha dado cabal cumplimiento a la obligación de adecuación y accesibilidad de los espacios públicos y de transporte público para las personas con discapacidad; obligaciones contenidas en la Ley 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, como también en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad.
El documento parlamentario, ratificado con la unanimidad de 125 votos, indica que las deficiencias se enfocan principalmente en la escasa adecuación de infraestructuras de uso público, transporte público concesionado y carreteras o caminos, sean administrados de forma directa por el Estado o a través de concesionarios, casos en que se deberán adecuar las pasarelas peatonales.
Lo anterior constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, las que se ven limitadas en el ejercicio de su derecho constitucional de libertad de tránsito al no contar con espacios públicos que permitan su libre desplazamiento, impidiéndoles realizar de forma plena su vida, afectando su dignidad.
En ese marco, la resolución solicita al Presidente Sebastián Piñera instruir al Ministerio de Obras Públicas, para dar continuidad al plan de regulación de pasarelas, que busca realizar un catastro de las que requieren adecuaciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.
En el mismo sentido, impulsar cambios en los contratos o concesiones vigentes en autopistas para mejorar la accesibilidad de sus servicios y un plan de adecuación de los edificios o inmuebles de uso público.
Por último, se acuerda pedir al primer Mandatario que el Ministerio de Transportes realice mayores fiscalizaciones a los operadores del transporte mayor de pasajeros, respecto de las medidas de accesibilidad universal, e indique si dará continuidad al plan de fiscalización en esta materia iniciado por el gobierno anterior.
