El primer día de Alerta Sanitaria en Quintero y Puchuncaví comenzó a dar resultados. Las empresas (que fueron fiscalizadas hasta las 17:30 horas del jueves) cumplieron con la paralización de las faenas de las principales fuentes emisoras de dióxido de Azufre, que corresponden a Codelco Ventanas y AES Gener; y de compuestos orgánicos volátiles, en las empresas del sector hidrocarburos: Oxiquim, Copec, Gasmar, ENAP Quintero, Enex y GNL Quintero.
La suspensión parcial de labores rindió frutos en los instrumentos de medición, los cuales lograron constatar la disminución de contaminantes en la atmósfera, en relación a igual horario del miércoles.
“La medida adoptada fue efectiva (…), pero mientras no nos entreguen los planes operacionales, se va a extender por 48 horas más la prohibición de la faena de estas empresas”, advirtió el seremi de Salud, Francisco Álvarez.
Sin embargo, en el hospital de Quintero Adriana Cousiño la situación no mejoró. Pese a los esfuerzos y restricciones a las industrias, al recinto comenzaron a llegar personas afectadas.
“Sinceramente no sabemos qué hacer. De verdad”, admitió una de ellas. Mientras tanto, una estudiante llegó sintiendo “muchas náuseas. Las piernas me duelen. Y a otros estudiantes también les pasó”, recalcó.
Frente a dicha situación, la autoridad sanitaria informó de 86 consultas de pacientes con síntomas de intoxicación, aunque destacó que no hubo casos de personas con síntomas neurológicos, como sí ocurrió en ocasiones anteriores a raíz de la emergencia ambiental, que se ha prolongado -con intermitencia- desde el 23 de agosto en adelante.
El intendente regional, Jorge Martínez, aseguró que se están tomando las medidas recomendadas por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). “Pero por más que tomemos medidas, estas nunca se van a ver de un día para otro solucionadas, pero estamos seguros que con estas y con otras medidas, vamos a encontrar las soluciones. Y necesitamos el apoyo y compromiso de todos para lograrlas”, remarcó.
MMA y ejecutivos bajo la lupa
En otra arista de la emergencia se conoció también que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y el superintendente del ramo, Cristián Franz, tendrán que declarar ante la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI.
De paso, también serán requeridos altos ejecutivos de AES Gener y Puerto Ventanas por varamientos de carbón registrados en la bahía de Quintero y Ventanas.
Todo ello, a raíz de las querellas interpuestas en representación de pescadores y buzos afectados, que también serán citados a declarar junto a funcionarios de la Armada.
La denuncia más reciente es un episodio de contaminación ocurrido el pasado 19 de septiembre. César Barra, el abogado representante de quienes vieron afectada su única fuente laboral, persigue indemnizaciones por pérdida de chance y daño moral, por lo que destacó la rapidez del la fiscalía local para ordenar las diligencias.
Sumado a lo anterior, se espera que la PDI consiga una copia de la investigación sumaria realizada por la Gobernación Marítima de Quintero, donde -en junio pasado- se estableció la sanción de 350 millones de pesos a la empresa AES Gener por derrame de carbón en la bahía.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, sumó a la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana, al equipo del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, que sustancia la investigación de los delitos de contaminación ambiental en la zona. Aunque el excanciller Heraldo Muñoz; el diputado Rodrigo González; y el concejal de Quintero, Luis Gatica, se reunieron con él para pedirle la designación de un fiscal exclusivo para la causa.
Y si bien el martes ya fue acogida a trámite una querella interpuesta en favor de 92 víctimas de la contaminación, otro abogado -del Estudio Remberto Valdés- interpondrá una segunda acción criminal ante el Tribunal de Garantía de Quintero, que reunirá a otras 154 personas afectas.
Piñera bajo cuestionamiento
En su discurso del jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Sebastián Piñera reafirmó su compromiso de solucionar la grave situación medioambiental que viven las comunas Quintero y Puchuncaví. “Queremos cambiar la historia de esas dos localidades y de muchas otras (…) hacernos cargo de una solución definitiva”.
Pero la crítica política y científica no tardó en llegar. ¿La razón? El propio Mandatario instruyó a la Cancillería no firmar el acuerdo de Escazú ante la ONU, que busca impulsar tres pilares fundamentales entre países la Latinoamérica y El Caribe: acceso a la información en materia medioambiental, participación pública en temas relacionados con medio ambiente y acceso a la justicia como mecanismo de resolución de conflictos medioambientales.
El pacto se firmó ayer jueves en Nueva York y era respaldado hasta la semana pasada por 24 países, incluido Chile, que a última hora se restó pese a que la iniciativa fue impulsada durante el primer gobierno de Piñera Echenique, en 2012, y en coordinación con Costa Rica.
Tanto así, que la decisión de Chile generó tensión a nivel diplomático, ya que nuestro país incluso ayudó a convencer a otras naciones como México, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, entre otros, que sí firmaron el acuerdo.
Los cuestionamientos llegaron desde el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, desde figuras políticas como el propio excanciller Muñoz (PPD), que se encontraba de visita en la zona, y el senador Álvaro Elizalde (PS).
Pero también se sumó el mundo científico, como la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, y la coordinadora de campaña de Greepeace, Estefanía González.
Desde la Cancillería y Presidencia no se han referido al tema oficialmente. Sólo ha trascendido que el presidente Piñera no tiene claridad sobre cómo se recurrirá a los organismos de resolución de conflictos, como La Haya; es decir, quién o quiénes pueden llevar a un país a ese tribunal. Por ello, prefirió esperar que se evalúe nuevamente ese punto antes de firmar.
