Tras reunirse con la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) a cargo de la abogada Ximena Fuentes, la senadora Yasna Provoste señalo que el tratado y el protocolo minero, “es simplemente para la facilitación de los temas de migración” y no permite un entorpecimiento a los organismos de fiscalización.
“Iniciamos un camino de gestiones, porque la empresa que ha llevado a cabo el proyecto Pascua Lama ha hecho una interpretación antojadiza del Tratado y Protocolo Minero entre Chile y Argentina, y por eso creemos que tras 20 años los Estados debiesen realizar una necesaria y justa evaluación”, puntualizó la legisladora.
En esa línea, la senadora agregó que la idea es que se puedan considerar las necesidades de la Región de Atacama y ser excluida de este protocolo, toda vez que la Superintendencia de Medio Ambiente ha decretado el cierre definitivo por daños ambientales irreparables, que ha provocado la compañía minera Barrick, a través del proyecto Pascua Lama.
“Parte de la interpretación antojadiza que ha hecho la empresa de este tratado ha impedido que los organismos que tienen atribuciones en materia de fiscalización puedan cumplir sus tareas, sus responsabilidades, como le exige la ley”, añadió.
Además, la representante de Atacama aclaró que en materia de fiscalización el factor sorpresa es fundamental, sin embargo, lo que hemos visto dado que la empresa hace una utilización de este protocolo, que tiene un solo propósito tal como nos ha explicado la subsecretaria de Relaciones Exteriores y la directora de la Dirección de Fronteras y Límites, es simplemente de facilitación para los temas de migración y no permite un entorpecimiento de los organismo de fiscalización.
“Creemos que buena parte de los resultados que la Superintendencia de Medio Ambiente decretando el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama tiene que ver con que ellos, por muchos años impidieron el trabajo oportuno que debieron realizar los organismos de fiscalización frente a las denuncias ciudadanas”
Finalmente, Provoste indicó que nuestra evaluación a 20 años de la firma de este tratado minero es que claramente no se justifica al menos en la región de Atacama.
