Marco Enríquez-Ominami quedó formalizado por sus vínculos con la constructora brasileña OAS, involucrada en el escándalo internacional de pago de coimas conocido como el caso Lava Jato.
De esta forma, actualmente es el único político chileno en enfrentar a la justicia por esta “red latinoamericana de corrupción” pues al no existir delación compensada, impidió la declaración de un publicista brasileño, que según la revista Veja, tenía antecedentes sobre la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet.
Esta investigación llevó a la fiscal Ximena Chong a viajar a Brasil en marzo del año pasado, donde los dueños de OAS cumplen penas superiores a los 15 años.
Ahí interrogó al publicista Joao Santana, que cumple 8 años de presidio, quien dijo no tener información sobre Chile.
No obstante, en septiembre cambió de opinión y pidió declarar a cambio de no ser juzgado en Chile, lo que complicó todo, pues en nuestra legislación no existe la delación compensada.
Según la revista Veja, Santana tenía antecedentes sobre el presunto vínculo de OAS y la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet.
Por lo anterior, la fiscal Chong no pudo seguir adelante con esa supuesta arista y apuntó sus esfuerzos al arriendo de un jet privadoque había donado OAS a ME-O.
Chong relató en la audiencia que en marzo de 2014, el Partido Progresista -en una cuenta firmada por Enríquez-Ominami- declaró como gasto ante el Servicio Electoral el arriendo del aparato, por un total 170 millones 800 mil pesos, a través de dos facturas de la empresa de Cristián Warner, Cono Sur Research.
El Servel presentó observaciones a ambos documentos, sin embargo, Warner respondió que efectivamente se realizaron servicios para pagar al publicista brasileño Duda Mendoza por un total de 165 millones de pesos.
Tras la aprobación de la rendición, se autorizó el depósito de 457 millones de pesos a la cuenta corriente de Enríquez-Ominami, por los gastos en su campaña.
La fiscal Chong, en la audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, relató que el publicista brasileño declaró en la investigación que solo elaboró para la campaña un logo y un video en Sao Paulo que fue gratis.
Tras la audiencia, la persecutora confirmó que se trató de engañar al Fisco con servicios falsos.
Por su parte, el abogado del excandidato presidencial, Cedric Bragados, anunció que tiene testimonios que acreditan que los servicios sí se realizaron y cuestionó que su cliente sea el único investigado por la fiscalía.
Enríquez-Ominami, que se encuentra acusado en el denominado caso Soquimich como presunto autor de delitos tributarios, calificó de “erróneos” los cargos en su contra y criticó a la Fiscalía.
El tribunal dio un plazo de investigación de 90 días y dejó con firma mensual a Enríquez-Ominami, similar cautelar que se aplicó a Cristián Warner a quién sólo se le imputó delitos tributarios.
Fuente: BioBioChile
