Con la finalidad de fiscalizar y recuperar inmuebles que se encuentran actualmente en situación de ocupación ilegal e irregular, el Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por el Ministro de la cartera, Felipe Ward Edwards, lanzó la denominada “Operación Rescate”, plan que busca otorgar un uso adecuado a estos bienes, beneficiando idealmente a instituciones sociales que puedan comprometerse con mejoras.
La iniciativa surge en función de la detección de más 13.018 ocupaciones ilegales o irregulares de inmuebles a nivel nacional, según un catastro efectuado por el propio Ministerio durante el año 2017, cifra que representa un total de 33.404 hectáreas mal empleadas, por un total de US$1.500 millones. En el caso particular de Atacama, la región ocupa el segundo lugar nacional con 2.953 ocupaciones ilegales e irregulares, esto es, un 22,7% del total, solo superada por Antofagasta, que detenta un record de 5.863 ocupaciones, lo que representa un 45% del total.
“Hay dos formas en que se provocan este tipo ocupaciones: de forma irregular y de forma ilegal. En el primer caso se trata de algún tipo de persona natural o jurídica que tuvo alguna concesión, arrendamiento o destinación por parte del Ministerio, eso terminó y lo sigue ocupando. En el caso de la ocupación ilegal, simplemente es gente que se instaló en inmuebles que son de todos los chilenos”, aseguró el Ministro Felipe Ward.
En cuanto al uso ideal de estos bienes, una vez recuperados, el titular de Bienes Nacionales aseguró que “el mejor destino para estas ocupaciones es que sean usadas por fundaciones u organizaciones, que las mantengan y cuiden los lugares. La idea es que estos bienes sean utilizados de la mejor forma. Tenemos cerca de 500 solicitudes por mes en el Ministerio, de diversas organizaciones que nos piden inmuebles para desarrollar sus funciones”.
Plan regional de rescate de inmuebles
Por su parte, la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, Carla Guaita Carrizo, indicó que en las próximas semanas se procederá de acuerdo con las atribuciones que son propias de la Secretaría Regional, esto es, con fiscalización, atención a los denuncios mediante los canales habilitados para ello, y mediante la notificación de desalojo en los casos que correspondiese. “He instruido a mis funcionarios para realizar un listado acabado de los bienes inmuebles que se encuentran en condiciones de ser recuperados, y luego destinados a instituciones públicas, sociales o de beneficencia, ante lo cual ya estamos recibiendo y atendiendo algunas solicitudes”, aseguró Guaita, agregando que, “daremos prioridad a aquellos organismos que se comprometan fuertemente a efectuar arreglos y mejoras en las propiedades, dado que se trata de un beneficio que requiere responsabilidad, por el bien de la ciudad, de la región y de sus habitantes”.
