Las constructoras más tradicionales del país dejaron de participar en los últimos años en la edificación de viviendas sociales sin deuda que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a personas vulnerables, quienes, tras cierto ahorro previo, pueden acceder a una casa propia con valores de entre las 800 y 1.000 UF.
Ese espacio, que quedó vacío por falta de incentivos económicos, entre otros, fue ocupado por constructoras de menor tamaño, con menos espaldas financieras, las que se adjudicaron contratos del Minvu en diversas zonas del país. Pero ahí también aparecieron los problemas de sobregasto.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, revela que la cartera detectó que en los últimos cuatro años se registraron aumentos en los costos de las obras de viviendas sociales sin deuda por cerca de 8,5 millones de UF, aproximadamente US$ 385 millones.
“Esto es demasiado alto. El aumento se explica por diferentes razones: hubo que absorber obras que quedaron abandonadas porque las empresas que las construían quebraron, porque no se hizo bien la proyección del proyecto habitacional en cuanto a los montos en los que iban a terminar, porque las compañías no tenían la capacidad económica para enfrentar el proyecto o no tenían la experiencia”, comenta Monckeberg.
Esta situación provocó que este tipo de viviendas alcanzaran, en casos extremos, precios de entre 1.800 y 3.100 UF. “En las zonas más aisladas, las empresas sin experiencia en materia de construcción trabajaban, quebraban a mitad de camino, y retomar la obras es muy caro, es el doble del presupuesto”, indica el ministro. Agrega que hay proyectos que llevan hasta seis años paralizados.
“Nosotros podríamos haber construido más de 10 mil viviendas con esos mismos recursos, podríamos haber entregado dos mil subsidios a sectores medios o haber reparado más de 75 mil viviendas”, señala.
Autoexigencia y solución con la CChC
Monckeberg reconoce que conversó con Paulina Saball, titular del Minvu en el último gobierno de Michelle Bachelet, sobre “este tema que se viene arrastrando”. Señala que en el Minvu “están tan internalizados los aumentos de obras, que forman parte de la caja del ministerio”. Pero él quiere hacer los ajustes para que el stock de sobrecostos baje fuertemente.
En el Minvu admiten que es necesaria una mayor y mejor gestión a nivel de los Serviu en la evaluación de los proyectos. La cartera ha detectado que al momento de la aprobación de las iniciativas, existe un alto porcentaje (43%) cuyos cálculos de costos iniciales no fueron ajustados a la realidad y demandaron más recursos.
Pero Monckeberg también apuesta por incentivar a las constructoras más tradicionales para que retornen a construir viviendas sociales. “Tuve una conversación con la Cámara Chilena de la Construcción hace dos semanas y dijimos que con ellos hiciéramos atractivo el fondo solidario”.
El ministro afirma que “haremos modificaciones a este programa para que las empresas con experiencia vuelvan. Esto va de la mano con un concepto de responsabilidad social, porque construir viviendas de este tipo no genera la misma utilidad para la compañía que hacer otro tipo de unidad”.
Algunas de las medidas que evalúa el Minvu apuntan a reducir la burocracia para que las empresas presenten sus proyectos y dar mayores certezas a las constructoras en aspectos como acelerar los procesos de pagos de los trabajos.
Cristián Monckeberg afirma que en la CChC “aplaudieron esta medida, porque entienden que la vivienda social es un sello de la política habitacional en Chile. Existe un déficit de viviendas de 397 mil unidades, pero creo que con la migración va a subir”.
Respecto de los plazos que visualiza para concretar los ajustes al programa habitacional, el ministro explica que “estoy esperando una propuesta de las divisiones técnicas del ministerio y lo vamos a conversar con el Presidente de la República para resolver esto prontamente”.
La Cámara Chilena de la Construcción fue consultada sobre este tema, pero no fue posible conocer su opinión al respecto.
