Detectives de la Sección de Extranjería y Policía Internacional (SEPI) de la PDI Chañaral, realizaron un operativo de fiscalización de extranjeros en esa ciudad, logrando detectar a colombiano irregular, con antecedentes de infracciones anteriores, el cual se encontraba realizando actividades remuneradas, sin contar con la visa correspondiente.
Tras un trabajo de análisis de información, los detectives de la SEPI Chañaral, realizaron un estudio de georreferenciación de asentamientos de personas extranjeras en distintos sectores de la comuna de Chañaral, con el fin de realizar un procedimiento policial de extranjería focalizado, sobre la base de la inteligencia policial.
Los detectives se constituyeron en restaurantes, peluquerías y almacenes chañaralinos, fiscalizando el correcto cumplimiento de la ley de Extranjería, por parte de los inmigrantes, como también por los empleadores nacionales.
En el procedimiento policial, la PDI detectó la apertura de una nueva peluquería en la ciudad, hallándose en su interior a un ciudadano colombiano, de 28 años de edad, quién al corroborarse su identidad, se estableció, que contaba con antecedentes de infracciones, por ingreso clandestino al país, como también por abandonar la sujeción de firmas ordenada por la autoridad. El infractor se encontraba realizando actividades remuneradas sin contar con la visa necesaria, infringiendo con todo ello los artículos N° 70 y 82 de la Ley de Extranjería, siendo trasladado hasta las dependencias de la policía investigativa, con el fin de realizar el procedimiento de rigor.
Asimismo, la PDI denunció a su empleadora, de nacionalidad chilena, por dar ocupación laboral a extranjeros que no cuentan con la permanencia legal, como también a la arrendadora, donde el extranjero reside, esta vez por infringir el artículo N° 77 de la ley de N° 1094, el cual prohíbe a particulares a dar alojamiento a extranjeros que estén con su situación migratoria, de manera irregular. En virtud de ello, el extranjero infractor y las dos personas chilenas señaladas, fueron denunciadas a la Intendencia Regional de Atacama, quedando en espera que la autoridad administrativa resuelva su situación migratoria en el país.
