La directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, Romina Garrido, comentó el decreto que prepara el Gobierno para obligar a las empresas telefónicas a mantener por dos años un registro con todos los datos de las llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp, entre otros, de sus clientes.
En entrevista con Radio Bío Bío, Garrido advirtió que de firmarse este decreto, “se podría decir que es espionaje si no sabemos quiénes van a ser los responsables de esta información y los usos reales que se les va a dar”.
“Nos parece sumamente excesivo que por vía de un decreto reglamentario se quieran infringir garantías constitucionales”, advirtió.
Esto, considerando que la Constitución garantiza la protección de las comunicaciones privadas. Eso sí, advirtió que “tenemos una norma que autoriza al Ministerio Público solicitar la intervención de comunicaciones cuando se investigan algunas acusaciones graves o cuando ya se haya cometido algún delito”.
La directora de la Fundación manifestó que “cuando se ‘vulneran’ garantías fundamentales en pos de un bien mayor” se debe hacer a través de una ley y no de un decreto.
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Fuente:BioBioChile
