El anuncio fue realizado tras la segunda intervención del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, quien detalló las auditorías realizadas a la cuprífera estatal. Entre los puntos a investigar se encontrarían los contratos firmados desde el año 2000 a la fecha con familiares o personas relacionadas; las contrataciones directas de personas políticamente expuestas; y las recientemente cuestionadas indemnizaciones millonarias de exdirectivos.
La constitución de una comisión investigadora encargada de analizar las últimas irregularidades presentadas en Coldeco y que apuntan a contratos firmados con familiares o personas relacionadas; contrataciones directas de personas políticamente expuestas; y cuestionadas indemnizaciones millonarias a exdirectivos, anunció un grupo transversal de diputados de la Comisión de Minería.
El anuncio fue realizado tras la segunda intervención del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien detalló a los legisladores, en sesión secreta, las auditorías realizadas a la cuprífera estatal.
Al término del encuentro, el diputado Juan Luis Castro (PS) anunció que ya han firmado 57 legisladores apoyando la conformación de la citada comisión investigadora, al tiempo que adelantó cuáles serán los puntos a analizar.
“Se buscará analizar, desde el año 2000 en adelante, todas las irregularidades referentes a contratos con empresas donde habían parientes de hasta el tercer grado de consanguineidad, por ejemplo tíos con sobrinos, o segundo grado de afinidad, como yernos y suegros; que todos aquellos casos en que hubiera personas políticamente expuestas, como se denomina en el sistema financiero, hubiesen sido parte de contrataciones directas que, según el informe de Contraloría, el 92%, entre el año 2013 y 2015, de esos contratos se hicieron por la vía directa y no por una licitación”, detalló.
Luego, señaló que una tercera vía será clarificar las responsabilidades políticas y administrativas de los diferentes directorios y los diferentes presidentes ejecutivos, desde el año 2000 a la fecha, “que han provocado un escándalo, a nuestro juicio, en el país, por las graves irregularidades en la forma de operar Codelco, que tuvo como epicentro una política donde, finalmente, se privilegió no tanto la norma pública contractual, sino más bien un criterio privatizante en la manera de ejercer los cargos, las contrataciones, las asignaciones y los gastos misceláneos”.
“No por nada se ha dicho, por ejemplo, porque esto ya se envió a nuestra Comisión, que hubo gastos de hasta 30 mil dólares en páginas digitales, según la Contraloría, dedicadas al humor”, puntualizó, desestimando luego dichos del presidente ejecutivo de la minera, respecto a que la empresa tendría problemas económicos. “Caramba que había más plata en Codelco de la que decía o lloraba en su momento”, acotó.
Otras opiniones
Para la diputada Yasna Provoste (DC), esta decisión se enmarca en el esfuerzo que han tenido siempre de defender a la cuprífera estatal. “Aquí se ha intentado señalar que el dictamen de la Contraloría pone en riesgo las negociaciones y las relaciones laborales. En absoluto. Nosotros no estamos respecto de aquello que legítimamente los trabajadores han alcanzado en procesos de negociación, pero sí, con firmeza, Codelco tiene que explicar, no solo a esta Cámara, sino también al país, por qué se han estado dilapidando recursos públicos en temas que no tienen que ver con el giro de la empresa; en cómo esta empresa que es del Estado se aparta de las normas de transparencia y probidad al entregar por trato directo a familiares una cantidad importante de recursos”, enfatizó.
En la misma línea, el diputado Issa Kort (UDI) dijo que tanto los antecedentes entregados por el Contralor, como por el propio presidente del directorio de Codelco, rebasan cualquier opción de seguir trabajando este tema en la Comisión de Minería, que tiene un fin eminentemente legislativo, por lo que se requiere avanzan en una investigadora.
“Todo Chile se merece saber cómo se administra la empresa que es de todos los chilenos y Codelco Chile, el gran patrimonio que tiene, es que es una empresa pública y, como tal, se debe mantener la transparencia en la administración de sus recursos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado desde ya, a quienes representan por ley a los accionistas, que son el Ministro de Hacienda y la Ministra de Minería, que se hagan parte de la solución de estos problemas”, planteó.
Citación a la Ministra de Minería
La diputada Paulina Núñez (RN) remarcó que todas las fiscalizaciones y auditorías que Cochilco realizó a Codelco han llegado a manos de la Contraloría, pero también de la Ministra de Minería, Aurora Williams. “Por lo tanto, creemos que el Ejecutivo no pude seguir archivando esta información; no puede seguir escondiendo esa información o no puede seguir esperando que algo más ocurra para utilizar esa información”, sentenció.
En este plano, anunció que la Comisión de Minería citó para una próxima sesión a la Ministra de Minería, para que indique por qué no se tomaron medidas, si es que ella tenía los antecedentes en sus manos sobre este caso.
“Nosotros no tenemos ninguna duda de que acá existen irregularidades y, por lo tanto, como órgano fiscalizador también, como somos en la Cámara de Diputados, lo que no vamos a hacer es darle vuelta a la página, archivar esto o esconderlo en un cajón. Al contrario, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, primero para buscar responsables, porque acá hay un interés público de la empresa y segundo, para que esto no se vuelva a repetir”, apuntando también a la conformación de la citada comisión investigadora.
Cabe mencionar que, durante la sesión, Sergio Hernández insistió en lo ya señalado el lunes 5 de junio, en orden a que Cochilco tiene restricciones para publicitar a terceros las auditorías y fiscalizaciones que realiza. En todo caso, remarcó que es justamente en un trabajo realizado por ellos en el cual la Contraloría se basó para realizar su dictamen en torno a la millonaria indemnización de un exdirectivo de la cuprífera.
Además, adelantó que se realizará una nueva auditoría a al menos otros 20 trabajadores que se acogieron al plan de egreso y que obtuvieron indemnizaciones por sobre los 200 millones de pesos.
