Un grupo de 60 familias presentó una millonaria demanda contra el Estado por la muerte de sus seres queridos en el incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. En el documento se acusa falta de preparación y reacción de los organismos, en la tragedia que dejó 137 muertos. Relatos desgarradores y omisiones fatales configuran el caso que podría costarle más de $50.000 millones al Fisco. Los detalles de la demanda los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Roberto Lobos estuvo una semana buscando a su padre tras los incendios. Había ido a comisarías, albergues y hospitales tratando de dar con su papá Óscar, de 76 años, conocido por todos en Villa Independencia por sus labores de peluquero y “maestro chasquilla”. La única pista que tenía era el relato de su madre Carmen, quien contó que a pesar de que las llamas se estaban acercando, su marido no quería dejar la casa que llevaba décadas cuidando y construyendo.
Siete días después de la tragedia, Roberto finalmente hizo lo que tanto temía, se acercó al Servicio Médico Legal para que le tomaran muestras de ADN, y así averiguar si una de las decenas de cuerpos sin identificar, era el de su padre. La llamada llegó al día siguiente y junto a su hermano fue a reconocerlo. “Estaba con la mano levantada, pidiendo ayuda”, relató con la voz quebrada, “no había duda, este es mi papito”.
Esa misma mañana a tan solo unas cuadras, Patricio Monsalve grababa inocentemente una historia de Instagram mirando el incendio en un cerro cercano a su casa. Estaba feliz, ese día había vendido un auto con su hermano y el siniestro se veía lejano. No era así. En cuestión de pocas horas, el fuego caía como lluvia, mientras corrían ahogados entre el tráfico en el que muchos quedaron atrapados, escena que protagoniza sus pesadillas. Sus abuelos, sin embargo, no corrieron.
“Mi mamá estaba a punto de operarse las caderas”, relató Marlene Monsalve, tía de Patricio, que perdió a ambos padres ese día, “como yo lo veo, mi papá se quedó con ella”. Julio Monsalve (78) y Marina Barrientos (74) fueron encontrados el 3 de febrero a las 14:00, abrazados en la cocina de su hogar.
Hasta hoy a Patricio le llama especialmente la atención un detalle de ese video que quedó plasmado en sus redes sociales, “no se escucha un avión, una sirena, una alarma, nada”, y Marlene repite la frase que ya se ha escuchado entre los sobrevivientes: “No hubo nada que nos protegiera, no hubo nada que nos avisara”.
Esto es parte de lo relatado en conversación con Radio Bío Bío por dos de las 66 familias que ayer, junto a los estudios liderados por los abogados Felipe Olea (representando a familiares de 34 fallecidos), Gonzalo Yuseff (representando a familiares de 14 fallecidos) y Raúl Meza (representando a familiares de 18 fallecidos) ingresaron una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por falta de servicio. Esta va dirigida contra distintos organismos del Estado, acusándolos de no haber contado con la preparación necesaria y no haber realizado las acciones oportunas para impedir la contención del incendio que cobró la vida de 137 personas.
En las páginas, se describe caso a caso la circunstancia de muerte de los fallecidos y su vínculo con los denunciantes, en desgarradores relatos.
“El ‘después’, no ha sido menor que el ‘durante’”, comentó en conversación con Radio Bío Bío Carlos Orellana, quien ese día perdió a su hija Anastasia, de 14 años. “Las autoridades no hicieron absolutamente nada, hubo un abandono total. Estuve toda la noche buscándola en Pompeya Sur (Quilpué) y no había autoridades, no había nadie”, subrayó.
“¡Tengo rabia! ¡Impotencia!”, manifestó con un puño sobre la mesa y la vista vidriosa. “Una cosa son los culpables, otra los responsables, y el responsable de todo esto el Estado”, concluyó.
En razón de la pérdida de sus seres queridos por causa del mega incendio, se busca que se condene a los organismos a pago por persona fallecida a la suma de $750.000.000, o lo que la corte determine. Multiplicado por todos los fallecidos, la acción asciende a $49.500.000.000.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a la demanda ingresada por el Estudio Felipe Olea, que representa inicialmente 77 familiares de 34 fallecidos, que en próximos ingresos ascenderán a más de 60. Los detalles del documento, a continuación.
El fallo de las instituciones
En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se encuentra una causa penal abierta desde el año pasado, que ya tiene formalizados como autores materiales del fuego a Francisco Mondaca Mella, voluntario de Bomberos; Franco Pinto Orellana, trabajador de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y; Elías Salazar Inostroza, funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).
Esta nueva acción legal, no busca la persecución penal de responsabilidades, sino que el Estado indemnice a los familiares de algunos de los fallecidos en la catástrofe, por su muerte en “circunstancias traumáticas y evitables”.
De tal manera, la demanda detalla el actuar –o falta de– respecto al SENAPRED, la CONAF, el Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso y la Municipalidad de Quilpué. También incluye al Fisco de Chile, específicamente a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Agricultura y la Delegación Presidencial de Valparaíso.
Respecto a la coordinación entre el SENAPRED y CONAF, en la demanda ingresada por Olea se indica que el Director Nacional del primer organismo, Álvaro Hormazabal , “sólo supo de la propagación descontrolada del fuego a zonas de alta densidad habitacional a través de las noticias que vio en televisión, como un ciudadano cualquiera”. Esto, según el documento, no por su falta de acción, ya que habría estado comunicándose cada 10 minutos por WhatsApp con personas en cargos de jefaturas de la CONAF, “quienes siempre le expresaron que el fuego estaba por completo controlado y que no se necesitaba más apoyo aéreo, porque el espacio aéreo estaba saturado de helicópteros”.
De tal manera, la falta de información de la gravedad de la situación por parte de la CONAF a Hormazabal, habría llevado a que no se pusiera en movimiento el SAE, llegando las alarmas de forma irregular y horas después de que el incendio ya estuviese sobre la población, tal como demostraron investigaciones posteriores.
Asimismo se agrega que el SENAPRED no genera ingresos propios y depende por completo de lo que recibe de la Administración Central, encontrándose en el momento de la catástrofe con un déficit de $30.000 millones para cubrir las necesidades que debe satisfacer.
Sobre CONAF –hoy dirigida por Aída Baldini y en ese momento por Christian Little–, se presentan una serie de déficit de la institución como: no haber existido coordinación alguna entre la Corporación y Bomberos, no haber pagado en forma oportuna por un programa informático que informa en tiempo real las circunstancias meteorológicas que permite anticipar la trayectoria posible de un incendio, no haber dado cumplimiento a planes de reconversión forestal, desestimar la advertencia del administrador de la reserva Parque Nacional de Peñuelas que advirtió que el fuego llegaría a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, no adquirir un carro de ataque inicial contra incendios ni drones de alta resolución, entre otros.
Relacionado a la Municipalidad de Viña del Mar se indica que desde 2016 existía un Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias que incluía un diagnóstico ambiental y de riesgos de la ciudad jardín, que dejó de funcionar con la administración de Macarena Ripamonti (FA – ex RD), que lidera el municipio desde 2021. La falta de este plan, habría llevado a un insuficiente deslizamiento y carencia de cortafuegos en la comuna, permitiendo al fuego avanzar sin barreras.
También agregaron que un “desorden e imprevisión” interna del municipio, llevó a la falta de mantención y reparación de camiones aljibe –aquellos que transportan agua–, al punto que habiendo un total de 11 vehículos, solo habrían operado tres el primer día y seis el segundo. Suman a la demanda la disposición de la alcaldesa de dejar de utilizar radiotelefonía móvil por ser considerada obsoleta, mecanismo de comunicación que podría haberse usado cuando las antenas de repetición cayeron. “Peor aún, no contemplaba un mecanismo de evacuación de la población, que es lo más básico que se le puede pedir a un órgano de esta naturaleza”, concluye respecto al municipio.
También se apuntó a responsabilidad de la Municipalidad de Quilpué –dirigida en ese momento por Valeria Melipillán Figueroa (CS) y hoy por Carolina Corti Badía (RN)–, indicando que, a pesar de sí tener este municipio un plan para enfrentar emergencias, en la práctica no operó, y no hubo una alerta ni evacuación propiciada por la alcaldía.
Sobre la Delegación Presidencial de Valparaíso se critica que la delegada subrogante, Paula Gutiérrez (PS), apareciera por primera vez pasadas las 16:30 horas, cuando el incendio ya estaba llegando a la zona urbana y diera a conocer que la situación incendiaria inicial estaba controlada y que no había riesgo para la población urbana, lo que habría impedido que muchas personas desalojaran a tiempo sus viviendas.
Se señala también la falta de actuar del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), por las fases previas de mitigación y preparación frente al riesgo de desastre, teniendo la autoridad la obligación de actuar de forma coordinada con la Delegación Presidencial. “Es verdad que a la época del siniestro existía un plan regional de emergencia, pero también lo es que dicho plan era de suyo deficiente”, se lee.
“Agotando el circuito de negligencias de ambas autoridades públicas, cabe señalar que tampoco estuvieron a la altura de la responsabilidad que les cabe al tiempo del desastre ígneo, puesto que el Comité Regional sólo se constituyó a las 22:00 horas del 2 de febrero, o sea, cuando villas enteras habían sido arrasadas y había 136 muertos. Aclaro, la convocatoria hecha por la delegada presidencial subrogante fue a las 16:20 horas, pero recién a las 22:00 horas sesionó por vez primera” el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), agrega.
Las demandas civil por indemnización de perjuicios fueron ingresadas ayer en la noche, quedando un largo camino por delante para los familiares de los fallecidos. Las tres demandas fueron ingresadas por separado, pero esperan ser acumuladas en una misma causa en el proceso ya iniciado en el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, para que todas se tramiten en un mismo tribunal.
“Con la presentación de esta demanda, damos un paso firme hacia la verdad y la justicia. Sabemos que el camino no será fácil, que enfrentaremos obstáculos y desafíos, pero estamos listos para enfrentarlos con valentía y determinación”, indicó el abogado Felipe Olea en conversación con Radio Bío Bío.
“Nuestra lucha no es solo por la justicia, sino también por la verdad. Queremos que se escuchen las voces de las familias que han sido afectadas por esta tragedia”, agregó.
“Aceptamos este desafío y estamos listos para enfrentarlo hasta el final. Sabemos que litigaremos contra autoridades que no temen mentir para proteger su poder, pero no nos dejarán intimidar. Estamos convencidos de que la justicia es posible y que nuestra lucha no es en vano”, concluyó.
Fuente: BioBioChile
