Sierra Bella: Dueño de la clínica, Felipe Sánchez, solicitó su sobreseimiento definitivo del caso

Por más de un año, la investigación dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sobre un posible caso de corrupción en la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago ha estado prácticamente detenida. Sin avances significativos, los indagados han permanecido en un limbo judicial, mientras la causa sigue abierta y sin resolución.

En este contexto, Felipe Sánchez, abogado y representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA, decidió romper el silencio y solicitar su sobreseimiento definitivo. A través de un comunicado de dos páginas, sostiene que la investigación ya ha acreditado su “absoluta inocencia” y que los antecedentes del caso fueron esclarecidos. Sin embargo, pese a que la propia Fiscalía podría haber pedido el sobreseimiento, esto no ha ocurrido.

Frente a eso es que Sánchez agrega: “Desde el inicio de este proceso, he actuado con total transparencia y plena disposición para colaborar con la Fiscalía, entregando toda la documentación requerida y facilitando el acceso a la información necesaria para esclarecer los hechos. Sin embargo, con el paso del tiempo, he decidido que un tribunal imparcial y justo evalúe los antecedentes en su totalidad para demostrar que jamás he incurrido en irregularidad alguna, como se acusó públicamente”.

El abogado enfatizó que este proceso “ha tenido un impacto devastador en lo personal, familiar y patrimonial. Las consecuencias han sido profundas, afectando no solo mi vida y la de mi familia, sino también el desarrollo normal de nuestras actividades profesionales, que con mucho esfuerzo, rigor y trabajo hemos llevado adelante. Incluso, la investigación acreditó que los dineros con que se compró el recinto estaban respaldados y provenían del fruto de años de trabajo”.

Fundamento

Dentro de los puntos que Sánchez incluye como fundamentos, destaca que desde el inicio del proceso se “acreditó mi inocencia y la inexistencia de delito. Sin embargo, el proceso se prolongó debido a la extensa espera del informe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual fue remitido recién en diciembre de 2024, tras más de un año y medio de demora”.

Añade que “a pesar de que dicho informe ya está en manos de la Fiscalía, al 21 de febrero de 2025 la causa sigue abierta sin que se haya determinado su cierre”.

Según Sánchez, “el tiempo transcurrido y las demoras en la entrega de información evidencian que el caso se ha prolongado sin fundamentos sólidos por más de dos años. De hecho, quedó acreditado que fueron trabajadores y vecinos del sector quienes tocaron la puerta de la ex clínica para consultar sobre la posibilidad de un arriendo o venta para un Cesfam. Es decir, no fueron militantes de un partido ni cercanos a la autoridad municipal de la época quienes formaron parte de alguna concertación para la venta del inmueble”.

Tasaciones

El representante de San Valentino también se refirió a uno de los puntos que más controversia generó cuando se conoció la compra del inmueble por $8.200 millones: el rol de los tasadores contratados por la Municipalidad de Santiago.

En el escrito, Felipe Sánchez hizo referencia a la metodología utilizada por los profesionales contratados por la administración de Irací Hassler. Sobre esto, indicó: “Respecto a las tasaciones de la Municipalidad, que han sido cuestionadas en el proceso y sobre las cuales se han publicado varios titulares señalando una posible coordinación entre los profesionales contratados por la Municipalidad —quienes habrían mantenido un grupo de WhatsApp donde discutieron el estudio y compartieron documentos durante el levantamiento de información, lo que fue presentado como si dicho método constituyera un delito—, entendemos que los tasadores involucrados habían realizado estudios anteriores utilizando los mismos métodos sin que estos fueran objeto de cuestionamiento, aunque consideramos que no es la forma más óptima ni recomendable”.

Añade que “como se establecerá en la audiencia de sobreseimiento, ha quedado acreditado, además, que Inmobiliaria San Valentino no intervino ni ejerció presiones, no hubo corrupción ni incentivos y, mucho menos, pagos u ofertas para influir en los estudios encargados por la compradora”.

Sobre la diferencia en los valores de las tasaciones, Sánchez señala: “Dependiendo del método empleado, la época en que se realicen y el criterio profesional aplicado, los resultados pueden variar. Por esta razón, las tasaciones siempre se han considerado referenciales y en ningún caso vinculantes. Quienes han intentado atribuir una responsabilidad penal a los tasadores por estas diferencias están equivocados. Aceptar esa premisa supondría un nuevo escenario en el país para el rubro inmobiliario, atentando directamente contra la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos y transacciones, además de penalizar la labor de peritos y tasadores ante cualquier posible discrepancia en el valor”.

Además, subrayó que, incluso en el proceso liderado por el fiscal regional Patricio Cooper, se objetó un peritaje de la propia Fiscalía por contener errores metodológicos: “El informe de tasación solicitado por la Fiscalía fue objetado mediante un metaperitaje en su momento por contener graves errores metodológicos. Siendo este solo un estudio más, existen otros seis informes adicionales dentro de la carpeta investigativa que contrastan completamente con el de la Fiscalía, respaldando de manera referencial el valor alcanzado en la operación”, agregó en el comunicado.

Y concluye: “Finalmente, como Inmobiliaria San Valentino, ante un proceso tan doloroso, esperamos que no existan dilaciones en la toma de decisiones. Diferenciamos entre quienes expresaron legítimas dudas sobre el procedimiento y aquellos que intentaron instalar supuestos hechos que la investigación determinó que nunca existieron”.

El caso Sierra Bella

Cabe recordar que el 20 de enero de 2023, la Municipalidad de Santiago publicó en sus redes sociales un anuncio con la frase: “Gran noticia para la salud de la comuna”, en el que agregaba: “Hoy firmamos la escritura de compra del inmueble de la ex Clínica Sierra Bella, que próximamente se convertirá en la primera clínica municipal del país”.

Sin embargo, pocos días después, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago rechazó la inscripción, en una decisión que llamó la atención en el ámbito jurídico, pues para algunos excedió sus competencias. La adquisición había sido aprobada previamente por el Concejo Municipal por un monto superior a los $8.200 millones.

Esto llevó a que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público se involucraron en el caso, el cual podría llegar a su fin para algunos de sus protagonistas.

Cooper

Patricio Ignacio Cooper Monti, fiscal regional de Coquimbo, ha desarrollado una extensa trayectoria en el Ministerio Público desde su ingreso en el año 2000. Su carrera lo llevó por distintas regiones y unidades especializadas, consolidándose en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde lideró investigaciones de alto impacto, como el denominado “Robo del siglo” en 2017.

Sin embargo, su reciente desempeño ha estado bajo la lupa debido al tiempo que demoró en instruir diligencias en el polémico caso ProCultura, que involucra a cercanos al presidente Gabriel Boric. Pero, lejos de ello, el fiscal nacional Ángel Valencia confía en él. En enero de 2025, le encomendó liderar, desde La Serena, la investigación sobre la casa de Salvador Allende que La Moneda buscó comprar a la senadora Isabel Allende y a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández.

Indagatorias de alto interés público, que junto al caso Sierra Bella, forman parte de su portafolio en el Ministerio Público. Eso sí, quienes lo conocen advierten que, aunque su ritmo pueda ser lento, la calidad de sus indagatorias nunca ha sido cuestionada.