La Fiscalía de Alta Complejidad presentó acusación en la arista Manicure del Caso Convenios en La Araucanía, donde pide 19 años de cárcel para el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo.
El parlamentario está cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco tras ser formalizado por delitos de fraude al fisco en calidad de reiterado.
En la arista Manicure del Caso Convenios en la región de La Araucanía, se indaga el destino que tuvieron los 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc para realizar diversos cursos para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, los que finalmente no se ejecutaron.
Es en ese contexto que el miércoles, la Fiscalía informó al Juzgado de Garantía de Temuco el cierre de la investigación en contra de Ojeda.
El fiscal Carlos Cornejo detalló que “se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad”.
De igual forma, indicó que esperan que en los próximos días, el tribunal fije la audiencia de preparación de juicio oral.
Acusación contra Ojeda
La Fiscalía acusa al parlamentario de contactar personas y funcionarios públicos del GORE Araucanía para solicitar asesorías y gestiones para que las fundaciones Educc y Folab se adjudicaran proyectos.
También habría facilitado medios económicos para que la última fundación tuviese solvencia y así pudiese seguir postulando a fondos públicos. En 2022, de acuerdo con la investigación, el diputado proporcionó y gestionó financiamiento, a través de préstamos con intereses, por $85 millones.
Es más, entre los medios de prueba están las transferencias de fondos fiscales del Gobierno Regional que habían sido asignadas a la fundación y que se traspasaron directamente a la cuenta del diputado Ojeda.
El fiscal regional de La Araucanía detalló en la formalización del diputado que los más de $700 millones que transfirió el GORE Araucanía para desarrollar los cursos para 200 mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, cerca de $85 millones fueron a parar a las cuentas del parlamentario o de sus allegados.
Lo anterior es el monto que recibió por los préstamos con intereses que entregó y gestionó para dar una falsa solvencia a la fundación. “El interés que sostienen los testigos, que cobraba el diputado, era del 3%. Monto, que estaba vinculado con la cantidad de dinero que se prestaba”, detalló en ese entonces el persecutor.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)