Los adolescentes fueron condenados en un procedimiento abreviado a dos años de internación cerrada y a tres años de libertad asistida con internación parcial.
La Familia de la víctima no quedaron conforme con la condena dada a los adolescentes. Se espera que el abogado del Centro de apoyo a víctimas de Copiapó, por la Subsecretaria Prevención del delito, apele a la resolución ante la Corte de Apelación.
En una audiencia programada para llevar a cabo una reformalización y el procedimiento abreviado de los adolescentes involucrados en un robo con homicidio que afectó a una pareja de adultos mayores en la comuna de Tierra Amarilla, localidad de Los Loros.
En la audiencia, el fiscal Sebastián Coya, procedió a reformalizar la causa de los jóvenes, imputándoles los delitos de robo con intimidación y robo calificado con retención de personas. Sin embargo, descartó su participación en el homicidio del adulto mayor de 76 años. Este dictamen se basó en las declaraciones tanto de los adolescentes como del otro imputado adulto y la propia víctima, la esposa del fallecido. Los testimonios permitieron determinar que los jóvenes no estuvieron participación en la muerte del hombre.
La familia estuvo presente en la audiencia, no quedando conforme en la condena de los adolescentes, “estamos mal, porque dos años pasan volando, ellos son adolescente y no van a estar en una cárcel, ya no pisaron y no van a pisar una cárcel. Esos adolescentes podrán seguir celebrando los cumpleaños, el día de la mamá, el día del papá, la navidad, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo enfrentaremos cada ocasión sin la presencia de nuestro familiar?, aunque no hayan sido los que dispararon, para nosotros son igualmente responsables. Para los adultos vamos a luchar para que ellos no salgan nunca más de la cárcel”.
El abogado querellante, Eduardo Contreras, del Centro de apoyo a víctimas de Copiapó, por la Subsecretaria Prevención del delito, señaló que “Esto guarda en relación con una potestad que tiene el fiscal, para efecto para ofrecer una pena más baja, en cambio, que ellos admitan responsabilidad en los hechos. Ahora bien, lo que se hizo el día de hoy, fue una reformalización, es decir recalificar el delito, esto quiere decir, desde un robo con homicidio a un robo con intimidación y un robo con retención de víctima, y en este contexto el persecutor solicitó las penas correspondientes, quedando acreditado que eran autores de robo con intimidación y robo calificado con retención, es decir que tenían la intención de robar, pero no matarlo.”
Audiencia y Fiscal
De acuerdo con lo argumentado por el Fiscal, indicó que “El 25 de enero de 2024, en horas de la tarde, tres adultos y dos adolescentes, todos imputados, se reunieron para planificar el robo de un domicilio en el Fundo Los Rodeos, donde residían dos adultos mayores. Más tarde, ese mismo día, durante la noche, los imputados, un adulto y los dos adolescentes concurrieron al lugar con una escopeta y elementos contundentes intimidaron y golpearon a la víctima con el objetivo de sustraer especies, no logrando su objetivo, dándose a la fuga. Posteriormente, al lugar concurren dos sujetos adultos, del mismo grupo intimidando a la pareja de adulto mayores y dando muerte al hombre de 76 años. Finalmente, y realizada dicha acción el resto de los imputados, (incluyendo a los adolescentes) vuelven al domicilio y aprovechando que las víctimas se encontraban incapacitada para poner resistencia, el hombre producto a su fallecimiento y la mujer se encontraba privada de libertada, ya que había sido amarrada, comenzaron a sustraer especies consistentes en electrodoméstico, ropa, televisores, saco de carbón cargándolas en un camión”.
“Por lo tanto, respecto a los adolescentes previamente señalados, los hechos son constitutivos de los delitos de robo con intimidación, robo calificado con retención de persona en grado consumado en calidad de autores”, indicó Coya en la audiencia.
La defensa de los dos adolescentes imputados aceptó cerrar el proceso sin llegar a la instancia de juicio oral. Esto se dio al acoger la propuesta de la Fiscalía de imponer dos años de internación cerrada y tres años de libertad asistida con internación parcial.
