Siguen los problemas en el SLEP Atacama, a raíz de un informe final donde dan a conocer un eventual “desviación de recursos”.
Antecedentes de la auditoria que fueron remetidos a la Contraloría General, Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para la investigación correspondiente.
“La auditoría generó un conjunto de hallazgos, los cuales corresponden a una dirección ejecutiva distinta a la del director Luis Adasme. Le hemos pedido la renuncia no voluntaria hoy día a las 09:30 horas de la mañana a Pedro Lagos, Situación que él firmó su renuncia no voluntaria y por lo tanto, en un plazo de 48 horas, él ya no va a ser parte de este servicio local, sin perjuicio de los resultados de las investigaciones que están en curso”, Jaime Veas, Director Nacional Educación Pública.
Los hallazgos que entrega la auditoria ministerial, corresponde al periodo de gestión de Director (s) Pedro Lagos. Si bien, la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia y Director Nacional Educación Pública, Jaime Veas, en la convocatoria de prensa, no especificaron cuáles serían el hallazgo que se habrían encontrado en la auditoría.
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Debilidades en el control
El objetivo del informe fue evaluar los mecanismos de control instaurados por el Servicio Local de Educación de Atacama, durante todo el año 2022 hasta marzo del 2023, intentando verificar los procesos financieros, contables, presupuestarios y de rendición realizados de acuerdo a la normativa vigente.
Lo primero que se detectó fueron las graves debilidades en el control de las transferencias entre cuentas corrientes -por más de 100 mil millones de pesos-, producto de que no existiría un debido “análisis de los montos que ingresan y salen de cada cuenta”.
Desde enero a junio del año 2022, detalla el documento, existirían traspasos entre cuentas corrientes del organismo por más de 44 mil millones de pesos que no contaron en su momento “con una autorización de respaldo”. La auditoría consigna, además, el no reintegro mensual a la Tesorería General de la República de más de 9 mil millones de pesos hasta marzo de 2023. Situación que daría cuenta de “debilidades graves en el control de recursos” .
Respecto al Programa de Integración Escolar (PIE), la investigación detectó una diferencia entre los gastos rendidos a la Superintendencia de Educación y los movimientos que aparecen en la cuenta: la disparidad sería de 3 mil millones de pesos.
Sobre el uso de la cuenta corriente de “subvención de apoyo al mantenimiento” se concluye que no tendría cargos por conceptos de gastos, pese a que se habrían utilizado más de 300 millones de pesos.
Lo más llamativo, sin embargo, es que la rendición de cuentas a la Superintendencia de Educación contiene gastos asociados a la administración central por 750 millones, debido a que “existen funcionarios que son pagados con recursos de la subvención escolar”. Esta situación estaría siendo investigada por el Ministerio Público, debido a que la medida difiere de los objetivos contemplados en la administración de cuentas.
Gift Card
En cuanto a los subsidios pro-retención, recursos utilizados para resguardar que ningún estudiante abandone el sistema por falta de implementos, la auditoría descubrió una serie de anomalías en la entrega y distribución de tarjetas gift card que tuvieron un un costo de 400 millones de pesos.
Entre las irregularidades se destacan que algunas actas de entrega no contaban con la cantidad de tarjetas asignadas y que en el año 2023 se compraron por esta vía más de 59 millones en vestuario, implementos que fueron encontrados apilados en una bodega “sin distribuir ni inventariar”.
Además, una de las tarjetas gift card por 56 millones estaba a nombre de un funcionario del servicio y 2.316 tarjetas fueron entregadas a estudiantes habiendo sido utilizadas previamente de manera parcial. Lo que vulgarmente se conoce como “corte de cola”. El monto ascendería a más de 14 millones de pesos.
Respecto al Fondo de Recuperación a la Educación Pública (FRAEP), se observó que el Servicio Local sólo ejecutó el 38% del presupuesto, debiendo reingresar más de mil millones de pesos, en un programa destinado al mantenimiento de infraestructura en los establecimientos educacionales.
Sistema insatisfactorio
En materia de recursos humanos el informe observa aumento de grados sin autorización de la Dirección de Presupuesto, Dipres, en los años 2022 y 2023, respecto a 26 funcionarios del servicio, incumpliendo un oficio específico de contrataciones, entre varias observaciones más.
Las conclusiones de la auditoría son elocuentes y van en líneas subrayadas. La primera ratifica “un sistema de control interno insatisfactorio, debido a graves debilidades…que no proporcionan una garantía razonable en la gestión de los riesgos”.
Adicionalmente, se evidencian “debilidades” en la administración de los gastos realizado por tipo de programa y también respecto a las transferencias entre cuentas corrientes. “Al cierre del año podrían no reflejar saldo real de cada subvención, lo que dificulta la realización de las rendiciones de cuentas”, señala.
El informe termina por plantear la necesidad urgente de restructurar las unidades y los equipos de trabajo, con competencias técnicas, sugiriendo ampliar la dotación de funcionarios en el servicio ante la Dirección de Presupuesto.
