La Asociación de Isapres aseguró que la ley corta que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema es un “engaño”, ya que promete rebajas de precio y devoluciones que jamás llegarían a concretarse. Lo cierto, es que lo dictaminado por el máximo tribunal del país, podría transformarse en letra muerta, inaplicable, con acreedores sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
Las isapres criticaron duramente la ley corta que ingresó el Gobierno al Congreso, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que ordenó a las aseguradoras regirse por la tabla de factores de 2019 y restituir cobros indebidos.
Según la iniciativa, las isapres tienen 6 meses para proponer un plan de pago de excedentes y deben unificar la tabla de factores. El objetivo planteado es generar las condiciones para que las aseguradoras puedan cumplir el dictamen, pero sin que dejen de participar en el sistema de salud.
El miércoles, un día después de ingresar la ley corta, las autoridades sanitarias confirmaron que las isapres tiene que devolver cerca de 1.400 millones de dólares a sus afiliados y afiliadas, es decir, más de 1 billón de pesos.
Además, confirmaron que se solicitó una prórroga de 6 meses a la Corte Suprema para la aplicación del fallo.
Asociación de isapres acusaron “engaño” tras fallo de la Corte Suprema
Frente a esto, y a través de un comunicado, la Asociación de Isapres indicó que el proyecto es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos.
Además, las compañías, condenadas cientos de veces por la Justicia por alzas unilaterales de contratos, indicaron que la propuesta del Ejecutivo denota “una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapres y en particular con los enfermos”.
Esto último, ya que promete rebajas de precio y devoluciones que jamás llegarían a concretarse, debido a que la aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión.
Desde el Ministerio de Salud respondieron los cuestionamientos e indicaron que la Constitución obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos, y que la ley corta busca crear el marco jurídico para cumplir la resolución.
La Asociación de Isapres también sostuvo que la iniciativa “disfraza un cierre por secretaría del sistema y el traslado obligado de las personas al Fonasa”, lo que fue descartado por autoridades de Gobierno.
Gobierno descarta intento por obligar a una migración a Fonasa
Sobre este punto habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que el proyecto de ley busca viabilizar la sentencia del máximo tribunal, y descartó que uno de los propósitos sea empujar una migración de afiliados y afiliadas hacia el sistema público de salud.
Además, dijo que lo que se busca es generar una metodología, una manera de absorber ese costo y poder dedicar todos los esfuerzos para pagar la deuda, y que sería complejo que el Ejecutivo proponga un incumplimiento del fallo de otro poder del Estado.
Cabe destacar que las isapres aseguraron que la devolución de 1.400 millones de dólares a afiliados y afiliadas equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años, lo que sería la “lápida del sector”.
Respecto de la tramitación de la ley corta, una vez sea aprobada, las compañías tendrán un plazo de seis meses para tener un plan de pago, que debe contener el número de contratos que tendrán devolución y el monto por cada cliente afectado.
Junto a ello, deben comunicar en el plazo cuál será la fecha límite para cancelar la deuda, y la propuesta de las isapres será revisada por un consejo de expertos, en máximo 6 meses.
La desmesura de la Corte Suprema y el riesgo que usuarios no reciban nada
El tema es que la Corte Suprema establece una norma que es una política pública porque beneficia a personas que no fueron parte en un juicio. Y además, el fallo de la Corte Suprema ordena legislar, lo que es entrometerse absolutamente en otro poder del Estado.
Visto solo desde el punto de vista jurídico, es claro que la Corte Suprema no puede ordenar que se dicte una ley, demostrando la desmesura con que se está actuando.
Aunque, también hay otros antecedentes, como por ejemplo por qué el poder político no dictó leyes a tiempo, lo que se explicaría simplemente por la cobardía de los políticos que privilegiaron el cálculo electoral.
Pero además hay un Gobierno que, dentro de su programa, dice que hay que terminar con las isapres. Pero es un tema incluso ideológico, que cualquiera lo puede sostener y es legítimo del punto de vista democrático.
Obviamente, toda esta crisis llega porque son años de distorsiones que se dieron dentro del “mercado de la salud”, donde los mismos dueños de isapres eran a su vez dueños de clínicas.
Se permitió la judicialización de las tablas de factores y las alzas de los planes de salud de las isapres, con una industria de abogados que se hicieron ricos, con demandas “tipo” donde solo se cambiaba el nombre, y con fallos idénticos.
Sin embargo, lo más complejo será el método para la devolución, donde muchos piensan que será algo parecido a lo sucedido con los retiros de los fondos previsionales, pese a que hay una alta posibilidad de que finalmente las aseguradoras se declaren en quiebra y sus usuarios no consigan ni un peso.
Así, el polémico fallo de la Corte Suprema podría transformarse en letra muerta, inaplicable, con acreedores sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
Fuente: biobiochile.cl
