El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó la aprobación de la Convención Constitucional de una declaración sobre los presos del denominado estallido social.
Al respecto, Galli aseveró que “yo escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a las personas que están privadas de libertad, para dar señales políticas”.
“¿Cuáles son las señales políticas?, ¿acaso vamos a declarar impunes a aquellos que entraron a saquear a una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes?, ¿vamos a declarar impunes a quienes atacaron a automovilistas en el día de ayer?”, añadió.
En ese sentido, la autoridad declaró que “creo que las señales tienen que ser claras; ni los que ayer utilizaban bombas molotov o saquearon locales comerciales, ni los que lo hicieron con ocasión del estallido social son presos políticos”.
“Por lo tanto, lo que nos corresponde es perseguir, detener, y poner a disposición de la justicia a quienes cometan delitos y particularmente, a quienes cometan delitos violentos. Es la violencia la que tenemos que extirpar de nuestra convivencia social”, sentenció Galli.
Postura
La jornada de este jueves, la Convención Constitucional votó por una propuesta de declaración sobre los presos del denominado estallido social, definiendo cuál será la postura de la instancia sobre este tema.
La declaración aprobada, que lleva los nombres de 47 personas, afirma que la Convención “tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, consigna el escrito.
Por otra parte, se solicitó máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, además de el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación a quienes sufrieron daños desde el 18 de octubre de 2019.
Fuente: BioBioChile
