Barra Torres compareció ante una comisión que intenta determinar si existe responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia.
El director del organismo regulador dijo que el año pasado estuvo en una reunión en la que se planteó alterar la etiqueta de la cloroquina.
Esto, para que se incluyera una recomendación de uso contra la covid-19, pese a que no ha sido avalado por la Anvisa.
“Era una propuesta absurda” y “provocó hasta una reacción poco educada de mi parte”, declaró Barra Torres.
Torres comentó incluso el carácter ilegal que se escondía en esa posibilidad, planteada según dijo por la médica Nise Yamaguchi, promotora de la cloroquina y muy cercana al presidente Bolsonaro y su familia.
Ministro de Salud
Barra Torres explicó que el entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, también se opuso a esa alteración .
El asunto no volvió a ser tocado, aunque Bolsonaro no dejó de recomendar ese medicamento. Esto, incluido luego en un llamado “tratamiento precoz” contra la covid aplicado en la salud pública.
El director de Anvisa también negó que haya habido presiones de tipo político en el proceso de aprobación de vacunas por parte de ese organismo regulador. Además, reiteró que, en el caso de la Sputnik V, el trámite está paralizado debido a que aún no se ha recibido la documentación que valida su eficacia.
Señaló que en esa misma situación está el proceso de aprobación de la Covaxin, pero dijo confiar en que se solucionarán los problemas con las vacunas.
Frente a preguntas de senadores, sobre todo de oposición, también criticó el negacionismo de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria y la efectividad de las vacunas y también el rechazo del mandatario al uso de máscaras o a medidas de distanciamiento social.
Según Barra Torres, “todo eso va en contra de lo promovido por la ciencia” y “discordar o hablar mal de las vacunas no tiene siquiera razonabilidad histórica”, por lo que, al menos desde la Anvisa, “se le pide a la sociedad que no se oriente por ese tipo de conducta”.
La comisión del Senado tiene por objetivo determinar si el Gobierno ha incurrido en alguna irregularidad u omisión frente a una pandemia cuya incidencia se ha reducido ligeramente en el país en los últimos días, pero que aún mantiene unas tasas elevadísimas de muertes y contagios.
