Modificar el Código Penal para crear y castigar el delito de afectación del agua, estableciendo multas y sanciones máximas de hasta 500 millones de pesos y presidio perpetuo para los casos más graves y reincidentes, forman parte del contenido de un proyecto de ley impulsado por la diputada (PS) por Atacama Daniella Cicardini en conjunto con varios parlamentarios.
La iniciativa busca hacerse cargo de la realidad del cambio climático y la grave sequía que afecta a extensas zonas de nuestro país, como es el caso de Atacama, sancionando a quienes “afecten, contaminen, dañen, desvíen, derrochen, usurpen, ocupen o se apropien de aguas”, tanto superficiales o subterráneas, particularmente cuando este delito ocasione daños en el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población.
Al respecto la parlamentaria, una de las coautoras de la iniciativa junto a la diputada Cristina Girardi (PPD), subrayó que “este proyecto que estamos ingresando, junto a un grupo transversal de parlamentarios, tiene que ver con dar una señal potente, especialmente a los más poderosos, y decirles basta de seguir robando, afectando y aprovechándose del agua que es de todas y todos”.
“Hemos visto como a lo largo del país y también en Atacama, se repiten denuncias por afectación, intervención o robo de agua, y muchas veces no involucran a cualquier hijo de vecino o a un simple ciudadano de a pie, sino a empresarios poderosos, que en algunos casos se ha comprobado como intervienen caudales o desvían el agua, y prefieren pagar las multas y sanciones irrisorias que tenemos hoy en día pero seguir alimentando sus negocios”.
“Eso hoy más que nunca, es inaceptable y una burla para los chilenos y chilenas, y eso es lo que queremos impedir y cambiar”, enfatizó Cicardini.
En esa línea, la parlamentaria señaló que “está muy bien indignarse, condenar y sancionar a personas que extraen agua de un humedal, como vimos hace poco en Caldera, o las denuncias de casas que contaminan las aguas de nuestros ríos; pero eso no es comparable con la depredación de las grandes empresas y el robo del agua de los poderosos, que no contentos con el negocio de los derechos de agua, más encima también se burlan de la gente interviniendo y robando un recurso que es un tesoro de todos”, subrayó la diputada.
En relación al contenido de la iniciativa, la legisladora detalló que el proyecto establece multas de entre 25 y 250 millones de pesos y penas de 5 a 15 años de cárcel para la afectación de aguas; en tanto que impone sanciones de 38 a 380 millones de pesos y penas que van de los 10 a 20 años de cárcel para aquellos casos en que dicha afectación involucre un riesgo para la salud de las personas y daños al medioambiente.
Las sanciones aumentan a entre 15 y 20 años de presidio para situaciones con riesgo de afectación grave en salud y medioambiente, elevándose además las multas a entre 46 y 433 millones. Finalmente, el texto del proyecto reserva los castigos más severos para los casos de reincidencia en los delitos de afectación de las aguas, para lo cual se fijan multas entre los 50 y 500 millones de pesos, y la pena de presidio perpetuo.
Además de la diputada por Atacama, el proyecto cuenta como una de sus principales impulsoras a la diputada Crsitina Girardi, (PPD), y con la firma transversal de los diputados Diego Ibáñez (CS), Sebastián Álvarez (EVOP), Daniel Núñez (PC), Carolina Marzán (PPD), José Miguel Castro (RN) y René Saffirio (IND).
