Descubriendo el esquema de Cathy Barriga: cómo abogados derribaron “fachada financiera” de exalcaldesa

Que Cathy Barriga y su administración habían dejado un agujero financiero como legado era un secreto a voces. Las noticias sobre utilización desproporcionada de horas extras, contrataciones indebidas y gastos en peluches habían sido la tónica de su período como alcaldesa de Maipú.

Sin embargo, cuando en 2021 asumió Tomás Vodanovic el tamaño de esa debacle y los mecanismos que había utilizado para saltarse todas las instancias de control, seguían siendo un misterio.

“Estaban los documentos de cada una de las contrataciones, estaban publicados incluso. En lo aparente se veía bien”, cuenta William García, socio de Sarmiento, Walker y García.

Durante alrededor de seis meses, con su estudio inspeccionaron el uso de los recursos y el cumplimiento de presupuestos durante el período de la exedil de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tras ser contratados por la nueva administración.

García habla por primera vez sobre el proceso para descubrir las irregularidades al interior de la administración de la exalcaldesa de la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto con el abogado asociado Sebastián Winter, quien alegó en la causa contra Barriga ante el Tribunal Electoral Metropolitano.

“A veces se pone mucho énfasis en el efecto que tuvieron estas cosas como los peluches, que pintaron autos, el Kiki Challenge, el viaje a Mendoza, como si estas cosas hubieran sido obra de un capricho momentáneo, pero de cierta forma eso fue sólo la punta del iceberg. Aquí hubo una modificación de la estructura municipal que permitió que todo esto ocurriera”, remarca Winter, en conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile.

—Cuando ustedes llegaron ya había antecedentes sobre la mala gestión financiera de Barriga.

García: Sí, sin duda. El municipio tuvo que abordar diferentes aspectos. Un problema importante era en gastos de personal. Ese es un poco más fácil de abordar porque, digamos, era mucho más blanco y negro. También había casos bien evidentes que surgieron cuando ella misma era alcaldesa. Algunos tratos directos que no correspondían, gastos en promover su propia imagen, cosas que eran súper obvias. Nosotros nos metimos en cosas que eran menos obvias, en temas de administración financiera, reorganización interna, compras públicas, porque era menos evidente.

—¿Cuáles fueron los objetivos para ese trabajo?

García: Tratar de encontrar qué cosas se podían mejorar y qué hallazgos nosotros podíamos advertir en la gestión anterior de Barriga. Esa primera cuestión, que fue una contratación del municipio al estudio, se trabajó en una minuta que nosotros dirigíamos al asesor jurídico municipal para hacerle una contextualización de cuáles eran las reglas aplicables y qué cosas eran las que llamaban la atención.

—¿Qué hallaron?

García: Descubrimos la utilización de instrumentos jurídicos que sirven para una determinada cosa que estaban siendo utilizados para otra, que es la delegación de firma. Barriga delega su firma para expedir ciertas resoluciones a determinados funcionarios.

—Eso es algo que se realiza en muchas municipalidades.

García: Sí, se puede hacer y es necesario para los municipios. Pero al revisar el detalle de esas delegaciones, lo que había en realidad era una reorganización interna del municipio. Al decir que ciertas resoluciones ya no las va a firmar ella, sino que las va a firmar el administrador municipal, en la práctica lo que hace es sacarlas de las unidades que corresponden, por ejemplo, la Unidad de Administración y Finanzas, y pasarlas al administrador municipal.

—O sea, como se ha dicho, depositaba atribuciones en funcionarios de confianza.

García: Es bien notorio, efectivamente significó la asignación de mayores responsabilidades a los funcionarios que eran de su confianza y quitarlas, por lo tanto, de quienes eran funcionarios de carrera. Tú tenías funcionarios con funciones legales asignadas y que tenían que cumplirlas, y en paralelo había funcionarios de confianza que tomaban las decisiones realmente importantes. Y eso sí pudimos demostrar que había una, entre comillas, administración paralela. Lo que correspondía por ley y lo que hacían los funcionarios de confianza.

La bomba de tiempo explota

“El día 6 de diciembre del año 2016 recibí un municipio inmerso en la corrupción, con deudas y malas prácticas, hoy entrego un municipio en orden, en equilibrio”. Con esa frase dejaba el municipio Cathy Barriga en junio de 2021.

A pesar de las irregularidades que ya se habían constatado sobre el aprovechamiento de recursos para autopromocionarse, y que incluso habían salido a la luz multimillonarias deudas por el alumbrado eléctrico, la situación no parecía demasiado distinta a la de otras casas edilicias.

“Mediante este esquema, en que la Dirección de Control no podía realmente hacer su trabajo, se mantenía esta apariencia de que se cumplía más o menos, que más o menos estaba la municipalidad en orden, mejor que otras incluso, cuando en realidad había algo mucho más raro”, resalta Winter.

—También tengo entendido que se le quitaron atribuciones.

Winter: La Dirección de Control es un órgano que no es de confianza del alcalde, y se le sustrae la facultad y se la reparten entre el administrador municipal, el DAF —director de Administración y Finanzas—, y eso empieza a generar problemas que a primera luz no se ven.

—¿A qué problemas en específico te refieres?

Winter: Había plata asignada a ciertos contratos para pagar mensualmente. Esa disponibilidad presupuestaria y esos certificados se modificaban sin la venia del Concejo Municipal y después no había plata para pagarlos. El tema es que cuando la administración actual llega estaba esta bomba de tiempo, que le explota en la cabeza. Un ejemplo: cuando llega la actual administración no había plata para los contratos de la luz, de la recolección de basura y de mantención de áreas verdes. Y ahí la actual administración tuvo que renegociar con Enel y con el resto de los proveedores para poder llegar a alguna solución y pagar en cuotas no más.

Entre los gastos que no contaban con la financiación pertinente estaban eventos como el “Maipeluza”, en el que se gastaron $1.936 millones entre 2017 y 2019; el SPA Adulto Mayor, en el que se desembolsaron $4.052 millones, y los más de 125 millones en el programa Fuerza de Mujer, que Barriga inscribió a su nombre como marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

—Existen instrumentos para asegurar que los recursos no se desvíen.

García: Todo gasto está acompañado de un certificado de disponibilidad presupuestaria, donde dice esta es la plata del presupuesto que está marcada para este gasto. Pero lo que vimos en innumerables ocasiones era que había un certificado A que servía para autorizar el gasto, y después había un certificado B durante la ejecución que reducía el gasto y que no era suficiente. Por ejemplo, había un certificado A por 100, había un certificado B por 50, y a su vez había un certificado para otro gasto que se aumentaba.

—Se iba generando una deuda con respecto a las obligaciones comprometidas para financiar los programas de Barriga.

García: Para decirlo de forma coloquial, se desvestía un santo para vestir otro. Solamente se iban trasladando recursos de un gasto que había sido aprobado a otro para que se aprobaran nuevamente, pero no aumentando la disponibilidad de recursos, sino que solamente moviéndolo de un lugar a otro. Y eso afectaba a toda la gestión del gasto del municipio. Se estaban bicicleteando los gastos.

“Estaba la intención de eliminar los controles legales”

En las declaraciones ante la fiscalía reveladas en diciembre pasado por BBCL Investiga, Andrea Díaz, exadministradora de la Municipalidad de Maipú, aseguró que a mediados de 2019 se advirtió a Barriga del descalabro financiero que estaba generando.

Más tarde, en septiembre de ese año, cuando recibió un nuevo informe de parte del abogado Roberto Garrido, Barriga le pidió la renuncia a Díaz.

“En nuestra investigación detectamos una gran rotación de funcionarios que eran quienes debían haber servido de piedra de tope”, asevera García.

García: Al menos los jefes de la Asesoría Jurídica Municipal rotaron muchísimo, me atrevería a decir que uno cada año. Entonces, estaba esa técnica de poder sacar de la línea de ejecución del presupuesto a los funcionarios de carrera del municipio y hacer que todas las decisiones relevantes pasaran por sus funcionarios de confianza.

—Más allá de que se dio poder a funcionarios que en principio no debieron haberlo tenido, ¿qué perjuicio provocaron los cambios?

Winter: Lo que encontramos no sólo revela que había una intencionalidad de reorganizar el municipio como tal, sino que esta reorganización tenía por objeto eliminar los controles impuestos por el ordenamiento jurídico para poder realizar ciertas acciones sin que éstas pudieran ser fiscalizadas internamente por el municipio. Eso significaba que la Dirección de Control sólo podía dar cuenta de lo que hacían las unidades normales, las regulares. Por lo tanto, entregaba y manejaba información parcial. Donde estaban tomándose las verdaderas decisiones era en otro lugar.

Tres años en el Tribunal Electoral

Luego de la auditoría, un grupo de concejales los contrató para que se encargaran llevar el caso ante el Primer Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano. “Toda la información que se había utilizado para preparar el informe se utiliza para preparar el requerimiento que se presenta el 21 de diciembre del 2021”, cuenta Sebastián Winter.

A sus propias averiguaciones se sumaron las de la Contraloría, que había realizado una serie de auditorías a la gestión de Barriga. Cuando ella era alcaldesa, el órgano de control le pidió en más de una ocasión que se abstuviera de utilizar recursos municipales para promover su imagen, como cuando puso en 83 de las 105 páginas de la cuenta pública fotografías suyas, o cuando bautizó a una beca de estudios con su nombre.

A Winter le tocó alegar ante el TER en la causa: “Fue una tramitación bastante larga, más de tres años. Obviamente, la estrategia de los abogados de Cathy Barriga fue dilatar al máximo posible el juicio para evitar obtener una sentencia negativa que la condenara, porque sabían que una sentencia dictada por un tribunal de la República obviamente iba a influir en el procedimiento penal”.

El 25 de marzo pasado, Barriga fue inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos, por haber incurrido en “acciones y omisiones que (…) configuran contravención grave de las normas sobre probidad administrativa o un notable abandono de deberes”. Aparte de exponer los antecedentes ante el TER, también los hallazgos de los abogados fueron informados al Ministerio Público.

Winter: Varias de las cosas que nosotros descubrimos, especialmente el tema de la delegación de firma y la reorganización administrativa del municipio, han sido incluso utilizadas después en la causa penal.

—La impresión al final es que la reorganización también fue un esquema para que su firma no estuviera directamente relacionada con estas cosas.

García: Eso está implícito en todo lo que observamos. Es usual, es típico que los alcaldes deleguen su firma. Pero las delegaciones, en el caso de Barriga, eran muy masivas, muy detalladas, muy sobreabundantes. Y además dirigidas para sacar funciones de un lugar y ponerlas en otro. Cuestión que, digamos, no solamente excede sus facultades, sino que es ilegal. Termina en una modificación de funciones legales que tienen estas diferentes unidades dentro del municipio.

—¿Pudieron encontrar rastros de quién fue el ideólogo detrás de la reorganización?

García: No, lo que sí pudimos detectar, por los nombres que había a nivel de funcionarios de confianza de Barriga, era mucha reiteración entre este municipio y otros que habían estado en manos del mismo partido. Por ejemplo, el “coordinador” Luis Japaz —que después se transformó, que ahora lleva un acuerdo, etcétera— había sido funcionario de Renca. Y también se repetía con otros, que había estado en ese municipio, o también en Recoleta, cuando estaba la derecha.

—Más allá de las declaraciones que han aparecido en la causa penal, sobre que Barriga sabía de todo lo que pasaba, ¿cómo lograron convencer al Tribunal Electoral Regional?

Winter: Creo que la sentencia es lo más claro que uno pueda ver. La sentencia señala de forma explícita que la alcaldesa debía saber todas estas modificaciones porque dan cuenta de una modificación estructural interna tan grande que era imposible que no lo supiera. No podía no saber, especialmente porque la persona a quien se le asigna la culpa era miembro de su confianza. Entonces, esto no habría operado como obra de la espontaneidad.

Tras la sentencia del TER, la defensa de Cathy Barriga recurrió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En tanto, la exalcaldesa fue reformalizada el martes de la semana pasada, por los delitos malversación y negociación incompatible. Barriga había dejado la prisión la semana anterior, tras revocarse tercera vez aquella cautelar.