Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, argumentó los antecedentes por las acciones que se indagan y que fueron cometidas en las Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama y que generaron perjuicios al Estado por cerca de 600 millones de pesos. La formalización continuará este viernes.
Durante toda la mañana de este jueves se desarrolló la primera de las jornadas de formalización en contra de dos hombres y dos mujeres, todos imputados en la investigación penal que dirige la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Atacama respecto de acciones irregulares desarrolladas por la Fundación Comprometidos en las Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama. Las cuales, de acuerdo con los antecedentes reunidos con el trabajo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Copiapó, generaron un perjuicio estatal cercano a los 600 millones de pesos.
En este primer día fue el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, quien argumentó los detalles de los hechos materia de la investigación por los que se indaga a J.C.T, G.C.V., S.D.V. y M.J.O., detallando las irregulares actuaciones que se investigaron luego que la Fundación Comprometidos recibiera recursos en Atacama para un proyecto de entrega de agua potable en dos campamentos de Copiapó, no contando con los requisitos técnicos ni la experiencia en esta materia.
Mientras que en las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, específicamente en la comuna de Tocopilla, los convenios para los cuales dicha fundación recibió financiamiento estuvieron relacionados con programas de esterilización de mascotas.
En su argumentación el Fiscal Regional de Atacama expuso la información que se reunió en las diligencias referidas a las fechas en que Comprometidos recibía los montos para la ejecución de las iniciativas de acuerdo a los convenios suscritos, dinero que luego era girado en efectivo o vía transferencias por una de las imputadas, comenzando la triangulación de los dineros entre los detenidos.
En la audiencia estuvo presente también el fiscal de la Unidad de Causas Complejas, Luis Miranda Flores, quien indicó que esta causa es particular al indagarse acciones en tres regiones del país. “Lo que el Ministerio Púbico indagó es la presencia de una fundación sin ningún tipo de competencia, sin arraigo en la región y en ninguna otra de las regiones que fueron investigadas, sin patrimonio y sin recursos humanos, que se adjudicó dos grandes grupos de programas. Uno de ellos vinculado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de otros dos del Gobierno Regional todo ello en el marco la Ley de Presupuesto que generaron distintos perjuicios a nivel estatal que bordearon los 600 millones de pesos”, indicó. Agregando que a partir de este momento la Fiscalía generó nuevas diligencias investigativas a la Bridec y otras unidades especializadas de la PDI con la finalidad de establecer qué fue lo que ocurrió con ese dinero. “En función de esa labor vamos a atribuir la figura del lavado de activos”, declaró.
En el primer día de audiencia de formalización de esta compleja indagatoria la Fiscalía comunicó cargos en contra de J.C.T. por los delitos de cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. Respecto de S.D.V. los ilícitos de soborno, fraude al fisco y lavado de activos; mientras que en contra de las mujeres imputadas se les formalizó por su participación en el delito de lavado de activos.
Cabe mencionar que este jueves los detenidos que permanecen en el Cuartel de la PDI en Copiapó solicitaron que se llevara a cabo una instancia de declaración judicial a lo que el Tribunal accedió, realizando uno de ellos la entrega de su testimonio, mientras que la imputada sólo pudo realizar una parte y deberá continuar durante la jornada de este viernes, día en que, de acuerdo al fiscal Miranda, se podría comenzar con la audiencia de solicitud de medidas cautelares no descartando que la formalización se extienda a una tercera jornada.
