La norma despachada a Sala busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas graves cometidas por adolescentes.
La Comisión de Constitución aprobó y remitió a Sala el proyecto que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes.
La propuesta, originada en moción (boletín 15589), busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.
Previo a la votación, la instancia escuchó a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien pidió considerar en la discusión dos puntos. Estos apuntan a que las evidencias muestran que bajar la edad de responsabilidad penal y/o incrementar las sanciones a menores no tiene efectos en los índices de criminalidad.
Silva precisó que, en términos de edad, Chile está en concordancia con la recomendación que realiza el Comité de los Derechos de NNA y lejos de los extremos de Estados como Gran Bretaña, que la fija la responsabilidad penal en los 10 años, o Brasil, que la tiene en los 18.
Puntualizó, que bajar la edad tendría un impacto en el desarrollo sicológico y emocional de los NNA porque implica una interrupción de sus procesos de desarrollo moral y sicosocial. Además, generan una desvinculación educativa y un reforzamiento del ciclo delictivo, porque su ingreso al sistema penal aumenta la posibilidad de reincidencia.
En segundo lugar, sobre aumentar las penas a los adolescentes, dijo que según estudios internacionales y latinoamericanos, esto no ha tenido un efecto disuasivo real en los adolescentes, debido a que por su inmadurez neurológica y moral no responden de igual forma que los adultos.
Por el contrario, Silva señaló a la comisión que lo que sí ha demostrado tener resultados es la denominada justicia restaurativa, enfoque que usa Chile desde las reformas implementadas en la materia. Esto quiere decir, un trato diferencial respecto del perfil, con las intervenciones a los menores para restaurar su desarrollo y rehabilitarlos de aquellas conductas presentes.
Normas aprobadas
Tras la presentación, la Comisión continuó y concluyó la votación del contenido del proyecto. Cabe recordar que la instancia ya había aprobado en sesiones anteriores que para adolescentes entre 14 y 16 años, se iguale la pena de 10 años que hoy tienen los menores entre 16 y 18, en los casos de los delitos más graves. Entre ellos están, por ejemplo, robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.
Igualmente, la norma propuesta por el Ejecutivo que establece que “todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente”.
En la última jornada, en tanto, las y los diputados aprobaron por unanimidad la indicación del Ejecutivo que establece que en los casos de adolescentes que quebranten el internamiento en régimen cerrado “dará lugar a una intensificación del plan de intervención”. Asimismo, “en caso de fuga o evasión, la persona condenada, además, no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un período de entre seis meses a un año”.
Del mismo modo, la indicación parlamentaria que establece la obligación de los tribunales de escuchar a las víctimas, cuando resuelvan la sustitución o remisión de una condena.
Cambios rechazados
Durante el debate, desde el gobierno se insistió que muchas de las materias propuestas en la moción quedaron resueltas con las leyes 21.527 y 21.694. Así, los cambios propuestos serían redundantes o desproporcionados a la luz de las citadas leyes.
En ese contexto, la mayoría de la comisión optó por el rechazo de las normas del proyecto que buscaban objetivizar las circunstancias a considerar y/o evitar la discrecionalidad de los jueces, como argumentó a su favor el diputado Longton.
Finalmente, la comisión también rechazó la propuesta presentada por el diputado Luis Sánchez que apuntaba a la expulsión del país de los adolescentes infractores de ley con permiso de permanencia transitoria o que carezcan de permiso de residencia como pena accesoria.
