Son más de 218 mil millones los que se distribuirán a nivel nacional en 308 comunas de nuestro país.
Hasta la Delegación Presidencial de Atacama se trasladó el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, junto a otros alcaldes de la región para conocer los alcances y el impacto que tendrá el Royalty 2025 en la región.
En la ocasión el jefe Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Atacama, Juan José Moreno Figueras, indicó que “queremos destacar la política del Royalty minero como una medida de justicia territorial donde parte de la riqueza que se produce en los territorios queda en los mismos lugares y en beneficio de su comunidad”.
Por su parte, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, señaló que “en esta ocasión estuvimos presentes seis alcaldes de la región con el delegado presidencial, el seremi de Minería y el coordinador regional de la Subdere con la finalidad de saber las modalidades del ingreso de los fondos del Royalty y cuáles son los aumentos de inyección de montos por comuna”.
Las comunas de la Región de Atacama recibirán en total, $13.538 millones por fondos del Royalty minero 2025. A nivel nacional se distribuirán $218.625 millones de libre disposición a 308 municipios, el 89% del total de municipios del país, beneficiando a más de 12 millones de personas.
“En el caso de Copiapó, son cerca de $3 mil millones de pesos los que llegarán al municipio, recursos que serán de mucha ayuda para que los vecinos y vecinas de nuestra comuna tengan mayor y mejor acceso a servicios, más infraestructura vial, salud y seguridad, a través de los diferentes proyectos de nuestras direcciones municipales. Con esto, esperamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente y tener la comuna que tanto nos merecemos”, enfatizó Cicardini.
Cabe señalar que la Ley de Royalty Minero entró en vigencia en enero de 2024, tras su aprobación en 2023. Esta ley permitirá recaudar 1.350 millones de dólares anuales en régimen desde 2025 y sus recursos serán distribuidos a los gobiernos regionales y a los municipios del país.
Tras el uso de los recursos, cada entidad deberá rendir cuenta a través de un informe anual sobre el uso del aporte recibido, el cual debe entregarse durante el mes de marzo del año siguiente a su recepción.
