Continúan los coletazos de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno. En este marco, los querellantes de la causa por fraude al fisco que tiene como imputado al Presidente Gabriel Boric ampliaron la querella en contra del mandatario.
El recurso fue ampliado al considerar —de la parte querellante— que se configura la existencia de otro tipo de delitos, como tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y el de contrato simulado.
Lo anterior sobre la base del “contrato de compraventa celebrado entre el Estado, cuyo jefe es el Presidente Gabriel Boric, con su colaboradora de exclusiva confianza, la exministra de Defensa, Maya Fernández, y parte de su grupo familiar como la senadora PS, Isabel Allende”.
Al ser consultado por La Radio, el abogado y querellante Raimundo Palamara, apuntó a establecer la responsabilidad penal a quienes correspondan.
En paralelo, se conoció que el presidente Gabriel Boric declarará de manera presencial en la causa judicial que busca despejar si hubo o no delito en la operación.
Lo anterior es considerada una diligencia clave por los querellantes, para conocer el nivel de vinculación del mandatario en la medida impulsada por la máxima autoridad.
Aun así, entre expertos consultados por La Radio, manifestaron que, con los antecedentes que se conocen, sería difícil establecer la realización de algún tipo de delito.
Al respecto, el abogado penalista y académico de la Universidad Finis Terrae, Jorge Fiol, advirtió que podrían establecerse solamente responsabilidades administrativas.
El abogado penalista, Esteban Celis, aseguró que le parece un exceso plantear una sanción penal en este caso.
En materia política, la Comisión Especial Investigadora por el caso ya baraja las medidas que se plantearán en siguientes sesiones para establecer las responsabilidades políticas.
Una de ellas corresponde a solicitar al Presidente Boric que responda un cuestionario. Al respecto se refirió el diputado RN y presidente de la instancia, Andrés Longton.
En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, planteó que “vamos a colaborar para el esclarecimiento de los hechos y para que el Ministerio Público haga su trabajo”.
Asimismo, defendió el fondo de la medida que buscaba “la preservación del patrimonio, tal como ocurre en otros países del mundo”.
Fuente:BioBioChile.cl
