La exalcaldesa de Santiago y actual candidata presidencial del PPD fue eximida de responsabilidad civil en dos causas instruidas por la Contraloría General de la República, vinculadas a pagos previsionales fuera de plazo y uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Mientras en una causa fue absuelta por “fuerza mayor”, en julio de 2023, en la otra se estableció que no puede responder por actos de subordinados, diciembre de 2024. En esta última sí hubo condenados. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a los documentos de las resoluciones.
Carolina Tohá Morales, exministra del Interior y actual figura presidencial del oficialismo, fue absuelta por la Contraloría General de la República (CGR) en dos juicios de cuentas instruidos a raíz de hechos ocurridos durante su gestión como alcaldesa de Santiago, entre 2012-2016. En ambos casos, la fiscalía de la Contraloría intentó imputarle responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, sin éxito.
Las resoluciones, dictadas por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, confirman la exoneración de Tohá de cualquier pago o sanción. En uno de los casos, incluso, se consigna como causa eximente una huelga de profesores de 57 días que impidió la entrega regular de subvenciones por parte del Ministerio de Educación. En el segundo juicio, cerrado en diciembre de 2024, si bien se estableció la existencia de irregularidades en el uso de recursos SEP, la exjefa comunal fue desligada de responsabilidad, mientras otros funcionarios fueron condenados.
Ambos procesos fueron revisados por la entonces subcontralora Dorothy Pérez y posteriormente, en el segundo caso, se cerró el proceso cuando ya se había investido como contralora titular.
Primer juicio: la huelga docente que frenó los fondos
En el Juicio de Cuentas Rol N° 48-2017, cuya sentencia de segunda instancia fue dictada el 25 de julio de 2023, se revisó el pago de $195.944.361 por concepto de multas, intereses y reajustes originados por el desembolso fuera de plazo de cotizaciones previsionales, salud, además de notificaciones, reajustes y sanciones por el mismo ítem.
El tribunal descartó responsabilidad por parte de Tohá, al establecer que la demora tuvo como causa directa el paro docente que afectó a la comuna. “La postergación del pago de las cotizaciones previsionales se habría iniciado y ocurrido a raíz de la considerable y temporal disminución de los recursos provenientes de la subvención escolar general, ante la inasistencia de estudiantes a los establecimientos de la comuna derivado de un prolongado y masivo paro docente ocurrido el año 2015”, consigna el fallo.
La sentencia N° 81.235 del Juzgado de Cuentas concluyó que “no se configuran los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual” y que “la autoridad comunal no podía disponer de recursos que no había recibido”.
La fiscalía apeló, pero el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia fue categórico: “No ha aportado nuevos antecedentes o realizado alegaciones diversas (…) que permitan a estos sentenciadores variar lo resuelto, por lo que el fallo deberá ser confirmado”.
Segundo juicio: uso de fondos SEP y condenas a subordinados
Más complejo fue el Juicio de Cuentas Rol N° 18-2019, cuya sentencia fue dictada el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia. El caso giró en torno al uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), regulada por la ley N° 20.248. El informe final N° 262-2018 de la Contraloría Regional Metropolitana detectó que parte de los fondos fueron usados en compras y contrataciones sin respaldo, incluyendo “pendrives, proyectores, computadores y tablets, para establecimientos educacionales no adscritos a la subvención”.
La Fiscalía de la Contraloría incluyó a Tohá entre los responsables, solicitando su condena solidaria por más de 800 UTM, un poco más de $54 millones. Sin embargo, el tribunal estableció que no existían fundamentos para responsabilizarla.
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“Se dejó sin efecto el reparo en contra de aquella, por haber ejercido adecuadamente el control jerárquico y a consecuencia del cual había sido imputada”, señala el considerando 172° de la sentencia.
Los abogados de Tohá argumentaron que “la demandante en su apelación no realizó alegaciones que permitan determinar la naturaleza de aquello que se imputa a la cuentadante y por lo cual deba sancionarse su acción, sino que, más bien, hace una enunciación genérica de su cargo”, en clara alusión a que no podía, en el ejercicio propio, reemplazar los puestos y función de sus subalternos.
Siete condenados por mal uso de fondos públicos
En este segundo juicio, el tribunal sí estableció responsabilidad civil extracontractual respecto de siete funcionarios: Mónica Espina Farías, Alfredo Alarcón Villaseca, Gastón Llona Ledger, Eduardo Valdés Valdés, Darling Armazán Silva, Paola Opazo Iturra y José Miguel Pozo del Solar.
Estos fueron condenados solidariamente a pagar 226,75 UTM (es decir, más de $15 millones), por gastos improcedentes, pagos sin respaldo y rendiciones erróneas. “Los documentos que les correspondía revisar solo traían la información contable, sin intervención en cuanto al desarrollo de funciones y labores de los profesionales a los cuales se les devenga el pago”, alegaron sin éxito.
El tribunal rechazó la defensa: “Los recurrentes no pueden delegar en otras autoridades su obligación de velar por la legalidad de los gastos que autorizan al firmar el pertinente decreto de pago, pues la firma no es un mero requisito de forma”.
El factor Dorothy Pérez
Ambos juicios fueron seguidos de cerca por la abogada Dorothy Pérez. En el primero, participó como subcontralora y a cargo de los juicios de cuentas. En el segundo, ya en calidad de Contralora General de la República, fue parte del tribunal que dictó la sentencia final. Su firma aparece al pie del fallo que liberó de responsabilidad a Tohá, en un dictamen de más de 100 páginas.
El rol de Pérez no es menor. Desde su llegada al máximo cargo del ente fiscalizador, ha buscado consolidar el valor institucional del juicio de cuentas como herramienta de control del gasto público. Su presencia en este proceso refuerza el carácter técnico del fallo.
Las resoluciones del Tribunal de Cuentas despejan el escenario para Carolina Tohá, quien anunció que buscará competir en una primaria presidencial del oficialismo. Su gestión como ministra del Interior en el gobierno de Gabriel Boric le ha otorgado visibilidad, pero también críticas por la agenda de seguridad.
Ahora, con dos causas cerradas a su favor, y sin cuentas pendientes en materia de probidad, su hoja de ruta electoral aparece despejada. La sentencia concluye tajantemente: “No se reúnen los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que se demanda”.
Fuente:BioBioChile.cl