La propuesta, derivada a segundo trámite, consagra la premisa que la prevención del delito será una tarea compartida entre el nivel central, regional y local.
Funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito tendrán los gobiernos regionales (Gores) a partir de la aplicación de un proyecto (boletín 16132) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
El texto se respaldó en general por 113 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. Luego, en tres nuevas votaciones se aprobó el articulado, incluyendo las normas de quórum especial.
La iniciativa surgió del Compromiso Transversal por la Seguridad. Este se suscribió en abril de 2023 con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi). Corresponde, además, a un anuncio de la cuenta pública presidencial de 2023 y es parte de la Agenda de Seguridad Pública.
La propuesta, en concreto, incorpora a los Gores la función general de “diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito”. También, en materias de atención y asistencia a víctimas en la región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Así, los Gores podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores. Para esto y otras iniciativas, podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado. Igualmente, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que proveerá colaboración y asesoría técnica.
Asesoría a municipios
Se incorpora, dentro de las funciones generales de los Gores, asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito.
En línea con lo anterior, se efectúan enmiendas a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. De igual modo, se incorporan a esta normativa otras adecuaciones, como requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad pública al Gore respectivo y a la SPD.
Adicionalmente, el texto posibilita a los Gores la creación de una División de Prevención del Delito. Estará encargada de las tareas de coordinación y gestión de las funciones en este ámbito de acción. Para su dirección, se consigna la creación del cargo de “Jefe de División de Prevención del Delito en el Gobierno Regional”. Dicho funcionario deberá tener, a lo menos, dos años de experiencia profesional en materias de gestión pública, prevención del delito u otras materias afines.
Postura sobre facultad a los Gores
En la sesión del 5 de marzo intervinieron Camila Musante, Marta Bravo, Cristián Araya, Andrés Celis, Raúl Leiva, Alejandra Placencia, Alberto Undurraga, Jorge Brito, Hotuiti Teao, Miguel Mellado, Joanna Pérez, Ricardo Cifuentes, Daniel Lilayu, Boris Barrera, Carla Morales, Natalia Romero, Marisela Santibáñez, Bernardo Berger, Agustín Romero, Gastón Von Mühlenbrock, Rubén Darío Oyarzo, Fernando Bórquez, Leonardo Soto, Benjamín Moreno y Jaime Mulet.
La sesión del 18 de marzo contó la exposición de Carlos Bianchi, Felipe Donoso, Viviana Delgado, Juan Carlos Beltrán, Cristián Tapia, Johannes Kaiser, Nelson Venegas, Paula Labra, Marcela Riquelme, Enrique Lee, Álvaro Carter, Carolina Tello, Andrés Longton, Karen Medina, Camila Rojas, Luis Sánchez, Marta González, Diego Ibáñez, Henry Leal, Jorge Rathgeb, Christian Matheson, José Carlos Meza, Andrés Jouannet y Raúl Soto.
En términos generales, la recepción fue favorable a entregar esta nueva facultad a los gobiernos regionales. Se estimó necesario avanzar en descentralización e integrar a este nivel al esfuerzo país por aumentar la seguridad pública, particularmente, ahondando en el perfil de la prevención.
Sin embargo, en la oposición hubo testimonios que cuestionaron los alcances de la propuesta. Incluso, algunos llamaron a votar en contra del proyecto. Se criticó que habrá duplicidad de funciones, por ejemplo, con el delegado presidencial y con los futuro seremis de seguridad pública. También refutaron que se diga que no habrá costo fiscal, cuando se posibilita la creación de un nuevo cargo directivo en los Gores.