El Informe de Finanzas Públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2024 dio cuenta de un déficit fiscal estructural del 3,2% del PIB, superando el déficit previamente estimado de -2,3%. De esta manera, el peor desde 2001, dejando fuera el periodo de pandemia.
Otro dato relevante es el aumento en la deuda pública bruta, que alcanzó un 42,3% del PIB al cierre de 2024. Aunque esta cifra aún se mantiene por debajo del techo prudencial del 45%, refleja la presión que enfrenta la economía chilena en términos de financiamiento y sostenibilidad fiscal.
También, el informe confirmó que los ingresos fiscales estuvieron muy por debajo de lo que se había proyectado inicialmente. En efecto, la recaudación total el 2024 fue menor en US$4.200 millones respecto de lo proyectado en la Ley de Presupuestos y que, según el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, se atribuyó al resultado de la Operación Renta, y en menor medida por la caída en recaudación de ingreso del litio.
Proyectan complejo escenario por déficit fiscal
Frente a este escenario, el analista económico de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, sostuvo que “esto se genera por una falta de rigurosidad en la recaudación de las cuentas públicas, que tiene una sobreestimación de la recaudación de impuesto que efectivamente estas iban a tener, lo cual, lamentablemente, repercute negativamente en la economía chilena”.
“Hay un aumento de la deuda pública, lo que significa que Chile va a tener que pagar mayor cantidad de ingresos por tener dinero para poder operar y cumplir con las diferentes demandas sociales”, agregó.
Por otro lado, según las proyecciones del mercado y de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit estructural alcanzaría a 2,1% del PIB este 2025, superior a la estimación preliminar de -1,6% de la Dirección de Presupuesto, mientras que la deuda bruta llegaría a 43,7% del PIB, superior al 42,1% del PIB estimado, también, por la calculadora de Hacienda.
Asimismo, este nuevo informe ajustó la proyección de ingresos fiscales a la baja en US$3.100 millones, a tan solo dos meses de haber sido aprobado el Presupuesto 2025 por el Congreso. En tanto, por el lado del gasto se proyecta un ajuste de tan solo US$700 millones, que algunos incluso exigen que sea mayor.
Por ejemplo, el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Miguel Mellado (RN), enfatizó en que “ni ellos mismo se colocan de acuerdo en lo qué van a hacer durante el 2025. La directora dice que no descarta que pueda haber un nuevo reajusta al gasto fiscal el 2025. Pero, si eso es lo que nosotros como oposición les vamos a exigir, que cumplan con los números que ellos mismos se propusieron”.
Por su parte, con un crecimiento potencial del orden del 2% para el año en curso, los expertos sostienen que será imposible contener las presiones de gasto social sin un recorte mayor al aparato estatal, y que se necesita más que un simple recorte.
Desde la mirada de algunos expertos, se sostiene que las soluciones debieron ir en otra dirección, por ejemplo, promoviendo una mayor profesionalización del sector público para hacerlo más eficiente y reducir su tamaño.
En la misma línea, el economista y docente de la Unidad de Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, planteó alternativas que pudieron haber contribuido a reducir el déficit: “Mejor redistribución del ingreso, eliminar programas que no tienen ningún aporte real para la ciudadanía y presentar otros que tienen mejor impacto, que no están bien ejecutados”.
Otro camino para contener el gasto o una mayor recaudación se da con un alza de impuestos. Y aquí surge también otra discusión: si bien la propuesta de Ejecutivo era bajar el impuesto de primera categoría de un 27% actual a un 25%, las presiones fiscales habrían llevado a que el ministro Marcel se abriera a rebajar a un 24%, no descartando incluso llegar a los niveles OCDE, “siempre y cuando esta se compense fiscalmente”.
¿Cómo se compensa? Con un alza en los impuestos de las rentas más altas que la oposición se niega a aceptar.
Ante este contexto, en el mundo de la pequeña empresa sostienen que este acuerdo se hizo a espaldas de las pymes.
Asimismo, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, manifestó su molestia: “Esto es una medida que beneficia a las grandes empresas, acá no hay ningún beneficio para las pequeñas y medianas empresas, menos para las microempresas. Por lo tanto, acá falta una conversación entre el ministro Marcel con el mundo de las Pymes para ver qué medidas de mitigación, de apoyo, vamos a tener para el mundo de los más chicos respecto al alza de los costos laborales que va a significar la aprobación de la reforma de pensiones”, dijo.
Fuente: BioBioChile
