Más de 100 archivos extraídos de su propio teléfono —entre fotos y videos— forman parte del listado de pruebas que la fiscalía ofreció buscando llevar a juicio al juez Alonso Arancibia Rodríguez, quien pasará del estrado al banquillo de los acusados. El magistrado está imputado por capturar imágenes de mujeres, incluida una menor de edad, “con fines de significación sexual y sin su consentimiento” al interior de un gimnasio de la comuna de Concón. El funcionario judicial no niega los delitos y ofreció disculpas a las víctimas. Sea como sea, independiente de lo que resuelva la justicia, pronto Arancibia dejará para siempre el Poder Judicial, pero no porque se haya resuelto su remoción.
En el mismo tribunal donde por más de 10 años estuvo encargado de aplicar la ley se podría terminar definiendo el futuro judicial de Alonso Javier Arancibia Rodríguez. El hasta hace poco juez titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar está acusado de grabar y fotografiar mujeres “con fines de significación sexual y sin su consentimiento”, al interior de un gimnasio de la comuna de Concón.
Consultado, el imputado no niega haber cometido el delito que se le acusa y manifiesta que su intención, durante toda la investigación, “ha sido manifestarles a las víctimas mis más sinceras disculpas por mi proceder”.
Independiente de lo que dictamine la Justicia, en los próximos meses el juez dejará sí o sí el Poder Judicial, institución que lo cobijó profesionalmente por más de dos décadas. ¿El motivo? Un problema médico que arrastra desde hace tiempo y que, de acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, vuelve su salud incompatible con el cargo.
En paralelo, el Ministerio Público interpuso la respectiva acusación fiscal ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar buscando llevar a juicio al magistrado, quien pasará del estrado —y sin escalas— directamente al banquillo de los acusados.
Para ello, el ente persecutor ofreció como prueba más de un centenar de imágenes extraídas desde el teléfono de Arancibia Rodríguez, junto a la la declaración de cinco víctimas, cuatro testigos y más de una docena de policías que han intervenido en el proceso desde que los hechos fueron denunciados a comienzos de 2024.
Piden 541 días de cárcel
De acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, el fiscal Álvaro Mansilla Maldonado de la Fiscalía Local de Valparaíso fue el encargado de comunicar al tribunal el cierre de la investigación y presentar la acusación en contra del juez.
Según reza el escrito de 11 páginas, los hechos delictivos que se le imputan al magistrado ocurrieron entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 en la sede del gimnasio Sportlife ubicada en el sector Bosques de Montemar de Concón.
La acusación añade que, durante ese periodo y en al menos en cuatro días distintos, el funcionario judicial “procedió reiteradamente con su teléfono marca Apple modelo iPhone 12 a captar, grabar, filmar y fotografiar los cuerpos, glúteos, genitales y partes íntimas” de varias mujeres, incluida una menor de edad, “con fines de significación sexual y sin su consentimiento”.
A juicio del fiscal del caso, los hechos descritos configuran el delito que sanciona el artículo 161 del Código Penal, que establece penas de presidio para quien “en lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento”.
En efecto, el Ministerio Publico está solicitando una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio para el magistrado, además de la obtención de su huella genética para incluirlo en el Registro de Condenados.
Las pruebas de fiscalía
Según conoció este medio, de cara a la audiencia de preparación de juicio oral —fijada para el jueves 13 de marzo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar— el fiscal Mansilla preparó como prueba testimonial un listado que integran 25 personas.
De ese total, cinco son víctimas directas del delito, cuatro son testigos y 16 son funcionarios de la PDI o Carabineros que intervinieron en alguna medida durante el proceso de investigación.
Asimismo, se incluyó como prueba pericial a un subcomisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI de Valparaíso, quien estuvo a cargo de elaborar un informe técnico sobre los archivos extraídos del celular del magistrado.
En cuanto al material gráfico, las pruebas que pesan contra el juez son 95 fotografías extraídas de su teléfono donde aparecen sus víctimas, junto a 22 videos captados también al interior del gimnasio en las que es posible visualizar a las mujeres. Por último, la fiscalía ofreció como prueba distintos extractos de las cámaras de seguridad del gimnasio.
Sin remoción
Después que se conocieran públicamente los hechos por los que se acusaba al juez Arancibia Rodríguez, el Poder Judicial inició sendas investigaciones disciplinarias en su contra. Eso sí, ninguna desembocó en una remoción.
Consultados por este medio, desde el órgano a cargo de administrar la justicia detallaron que la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó primero una investigación contra el juez por ausentarse injustificadamente de su trabajo el 5 de enero de 2024. Dicho proceso se resolvió aplicar una sanción de 4 UTM.
Asimismo, se le abrió un segundo proceso administrativo en el que terminó sancionado con la suspensión de funciones por tres meses con goce de medio sueldo. Lo anterior, por haber infringido el Código Orgánico de Tribunales, específicamente el que permite castigo para los funcionarios judiciales que con sus acciones hubiesen comprometido “el decoro de su ministerio”, y los Principios de Dignidad e Integridad establecidos en 2007 por la Corte Suprema.
Sobre las razones que impidieron que el juez fuera removido, desde el Poder Judicial explicaron a través de un comunicado que “atendido lo dispuesto en el artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el artículo 278 bis del mismo cuerpo normativo, no corresponde abrir cuaderno de remoción”.
En todo caso, según indicaron desde el organismo y confirmaron cercanos al juez, a contar del 28 de mayo próximo Arancibia Rodríguez dejará para siempre el Poder Judicial. ¿El motivo? Su saludo ya no es compatible con el cargo.
Según detalló su abogada, la penalista Ana Carolina Brintrup Bahamonde del estudio Manríquez, Benavides & Cía. su proceso de desvinculación inició como consecuencia de “una discapacidad ocular antigua, previa a los hechos de este procedimiento y que no tienen nada que ver con él. Los antecedentes que maneja esta defensa es que ello le impide realizar sus funciones de manera adecuada y que no es recuperable”.
Las disculpas del juez
Respecto a los hechos que se le imputan a su cliente, la propia legista afirma a BBCL Investiga que han intentado desde el comienzo darle término anticipado al proceso penal, evitando alargarlo hasta un potencial juicio oral.
“El señor Alonso Arancibia, a través de su defensa, ha instado durante toda la investigación por una salida alternativa que promueva una reparación a las víctimas de estos hechos y morigere daños
que pudieran haberse causado, pero la fiscalía lo desestimó”, detalla la jurista.
En esa línea, afirma que siguen “abiertos a esa posibilidad. De todas formas, la defensa tiene una teoría alternativa que, en caso de ser necesario, será expuesta ante el tribunal para que en su oportunidad los jueces resuelvan”.
Por su parte, el propio juez Arancibia hizo llegar a este medio una declaración en la que no niega los delitos que se le acusan y ofrece disculpas a las víctimas.
“Sin ánimo de referirme a los hechos materia de la causa, respecto de los cuales por instrucciones de mi defensa he guardado silencio, mi intención durante toda la investigación ha sido manifestarles a las víctimas mis más sinceras disculpas por mi proceder. No sólo eso, sino que como consta de reiteradas entrevistas con el fiscal a cargo de la causa y con la fiscal regional, siempre mi intención ha sido llegar a algún tipo de salida alternativa al procedimiento con reparaciones para las víctimas”, admite.
En esa dirección, agrega el magistrado que su “intención con esta declaración no es otra que manifestar mi persistente compromiso en reparar el daño causado por mi proceder. Con lo señalado en ningún caso quiero eximirme o atenuar mi responsabilidad en los hechos, sino que solamente manifestar mi arrepentimiento y mis disculpas respecto de todas las personas a quienes pueda haber afectado”.
Pese a las intenciones del juez, lo cierto es que voces conocedoras del proceso sostienen que la intención del órgano persecutor sería ir a juicio sí o sí, sea este oral o abreviado, desechando así la posibilidad de una salida alternativa.
Fuente: BioBioChile
