La empresa Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, pidió ante el Primer Tribunal Ambiental “de plano y como medida cautelar, la suspensión de los efectos” de la última resolución del Comité de Ministros.
Recordemos que luego de que el Tribunal advirtiera ciertos incumplimientos por parte del Comité, es que se ordenó al Comité de Ministros que volviera a reunirse y votar sobre el proyecto Dominga.
En este sentido, se rechazó por tercera vez y de forma unánime, el proyecto Dominga.
Andes Iron pide que se suspenda resolución del Comité de Ministros
En el documento presentado al mencionado Tribunal, Andes Iron sostiene que la decisión del Comité puede ser revisada por aquella instancia “en el contexto del cumplimiento incidental de la sentencia”.
Cabe recordar que si bien el Comité cumplió con la obligación de volver a sesionar por Dominga, este acto se celebró después de la fecha máxima establecida, en un contexto donde las autoridades se tuvieron que inhabilitar y, por ende, buscar quienes lo reemplazarían.
La compañía afirma que “en ese escenario, se pueden adoptar las medidas de apremio necesarias hasta que el Tribunal Ambiental considere que se ha cumplido íntegramente con el mandato contenido en la sentencia”, que es lo que buscaría mediante esta solicitud.
“Con esto, además, se evita tener que realizar un nuevo contencioso ambiental donde la principal discusión sea la determinación de si la decisión del Comité de Ministros se ajustó a la sentencia”, agregó.
“La Resolución claramente incumple la Sentencia”
La compañía dueña del proyecto Dominga va un paso más allá y afirma que “el Comité de Ministros se encuentra en una situación de incumplimiento de la Sentencia al no respetar los lineamientos y directrices claras y concretas que de ésta emanan”.
En este sentido, mencionan el hecho que el “nuevo pronunciamiento del CM haya sido otorgado fuera del plazo perentorio de 15 días entregado por este I. Tribunal”. Más adelante, Andes Iron afirma que de no suspenderse los efectos de la Resolución, existe un “grave riesgo” de que “la situación de incumplimiento de la Sentencia se consolide, transformando aquella en una sentencia de papel”.
Además, apunta a la presunta actitud que presentó el Comité de buscar “promover un nuevo contencioso administrativo, eternizando el bucle de revisiones y dejando ‘en el aire’ todas las sentencias que se han ido dictando”.
“La constante reapertura del análisis de la evaluación genera un precedente insostenible y muy peligroso, minando la seguridad jurídica y propiciando que futuras decisiones administrativas sean impugnadas reiteradamente, afectando la estabilidad del sistema legal y administrativo”, declara en su petición al Tribunal Ambiental.
Por todo aquello, la empresa pide que se suspenda la mencionada resolución, “incluido el plazo para reclamar de su legalidad”, mientras el Tribunal analice la misma y defina si se ajusta a derecho o no.
Fuente: BioBioChile
