El triángulo amoroso que desató indagatoria por corrupción al interior del Ministerio de Educación

“Me pusieron los cuernos durante mucho tiempo(…). Denuncié porque pensé: ‘No le voy a cuidar más la espalda a Juan””.

Antonio Recabarren dice haber sido el mejor amigo del jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Educación Superior, Juan Ramón Cabezas Rodríguez. Hoy, es el responsable de una denuncia que tiene al funcionario bajo sumario y enfrentando una indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo con documentación a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile, Cabezas, figura clave en la tramitación de los Centros de Formación Técnica estatales, fue acusado en noviembre pasado por la fiscal del sumario de haber instado a Recabarren a postular a multimillonarias licitaciones para la construcción de los CFT, además de haber ayudado a la esposa de este, Verónica Aravena, a obtener contratos con el Estado por más de $90 millones.

En medio del entuerto, el mismo Recabarren terminó separándose de Aravena en 2022: meses después se enteró de que su “compadre” era la nueva pareja de su exesposa.

Juan Cabezas niega la amistad y cualquier infracción administrativa. Según dice, Recabarren lleva bastante tiempo acosándolo e incluso, en una oportunidad, le envió condones y pastillas para la erección, además de escribir mensajes de texto inapropiados a su hijo.

“Los amigos no te hacen denuncias anónimas”, lanza en conversación con BBCL Investiga.

Mejores amigos

Compañeros en Construcción Civil en la Universidad Católica, Recabarren y Cabezas eran, según el primero, algo más que simples amigos. Eran, según declaró el mismo Recabarren en el sumario, “mejores amigos”, de esos “que se conocen profundamente”.

En esas circunstancias, conocían a sus respectivas esposas. En el caso de Recabarren, en 2008 se casó con la arquitecta Verónica Aravena, con quien tiene dos hijos. Del mayor, Cabezas es el padrino de bautizo.

La fiscal del sumario Delfa Núñez ―abogada de la Superintendencia de Educación― formuló cinco cargos el 29 de octubre pasado en la indagatoria administrativa instruida por la Subsecretaría de Educación Superior tras la denuncia de Recabarren.

En el primero, se acusa que Cabezas “desplegó un conjunto de acciones para lograr que (…) el matrimonio conformado por don Antonio Recabarren y doña Verónica María Aravena Ortega prestaran a los centros de formación técnica estatales servicios de diseño y construcción en los proyectos de infraestructura que el propio señor Cabezas debía evaluar, controlar y hacer seguimiento”.

En los documentos a los que accedió este BioBioChile, se menciona que, al menos desde 2021, Cabezas instó a Recabarren a participar en multimillonarias licitaciones por la construcción de Centros de Formación Técnica (CFT).

En concreto, al expediente administrativo se adjuntaron mensajes de WhatsApp en los que con fecha 9 de junio de 2021 Cabezas cuenta a Recabarren sobre la apertura de un proyecto para el CFT estatal de Aysén, que implicaba una construcción por módulos por alrededor de $400 millones, y una iniciativa por $100 millones en Santiago.

Ponerse “en las líneas”

Entre los hechos mencionados en el sumario está que, tras una reunión con el equipo del entonces presidente electo Gabriel Boric, el 20 de diciembre de 2021, Cabezas le dijo a Recabarren que debía ponerse “en las líneas” para que hiciera “lo que mejor sabía hacer”.

“Según declaró el señor Recabarren en el sumario, este consejo significaba que debía aprovechar el momento para ordenarse, inscribirse en Mercado Público y tratar de ‘agarrar algo””, manifiesta el libelo.

A mediados del año siguiente, según los mensajes entregados por Recabarren, Cabezas le escribió que debería “hacer CFT”, ante lo que Recabarren “respondió que lo haría a 60 UF por metro, siempre que fuera en Santiago y cerca de su casa y, acto seguido, el señor Cabezas le representó al señor Recabarren que le daba miedo”.

“El señor Recabarren contestó condicionando la aceptación de la propuesta a que se le dé un anticipo y que no lo molesten con boletas de garantías gigantes. Luego, el señor Cabezas expresó ‘Eso lo estoy negociando con abogados y fiscales… Afortunadamente tengo contactos en CGR [Contraloría] y me los he cagado””, se detalla en la formulación de cargos.

En conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile, Antonio Recabarren aseguró que estas posibilidades de postular a las licitaciones, en realidad, no eran serias. Según comentó, dentro de su grupo de la universidad siempre sus amigos le pedían estimaciones sobre cuánto costaba construir.

“Entre ellos, yo soy como el que más ha construido, por lo cual tienden a preguntarme precios. Más allá de haberlo tirado como talla alguna vez, nunca Juan me ofreció construir directamente”, recalcó Recabarren.

El constructor añadió que tampoco le llamaba la atención trabajar para el Estado pues conocía la realidad: él mismo fue funcionario del Mineduc durante la década pasada y sabía de los atrasos en los pagos. Creía que podía resultar financieramente complicado llevar a cabo una obra.

Contratos por $91 millones

Pese a lo mencionado por Recabarren, lo que sí se concretó fueron los cuatro contratos por prestación de servicios que suscribió Verónica Aravena, su entonces esposa, con los CFT de Aysén, Los Lagos y Atacama.

El más oneroso de ellos fue suscrito en 2022 por su empresa Brunel SpA en la región de Los Lagos, por un total de $76 millones. Este incluía una serie de estudios, informes, planimetrías y planes para la construcción del centro. Los otros contratos fueron dos por un total de $9 millones respecto al CFT de Aysén en 2021, y otro de $6 millones por el CFT de Atacama en 2024.

Según comentaron en el sumario los rectores involucrados, fue Cabezas quien les recomendó la contratación de Aravena.

No sólo eso: la fiscal argumenta que incluso Cabezas utilizó la información privilegiada a la que tenía acceso en función de su cargo para asesorar a Aravena en relación a “los honorarios o precios que debía cobrar”.

Por si eso fuera poco, el sumario indica que Cabezas realizó él mismo algunas de las tareas encomendadas a la arquitecta en el caso del CFT de Aysén, a pesar de que él debía cumplir el rol de contraparte.

“Mi Koala”

En el período en que Aravena prestaba servicios para los CFT, Cabezas y Recabarren siguieron conversando normalmente, de acuerdo a los mensajes adjuntados al sumario. En ellos, ambos se referían afectuosamente a Aravena como koala.

En las distintas charlas por WhatsApp se pueden leer múltiples referencias a las actividades de Aravena. Así, respecto al CFT de Aysén, el sumario menciona que en noviembre de 2021 Cabezas le envió un mensaje que decía “trabajando para mi Koala explotadora”.

“Acto seguido, Cabezas envió una fotografía de su computador donde aparecía un flujograma referente al Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Aysén en que figuraba un recuadro que decía “Requerimientos del proyecto.docx”. En su respuesta, el señor Recabarren le indicó por WhatsApp al señor Cabezas que redactara las bases nomás”, se detalla en la acusación.

Tras su separación de Aravena, Recabarren comenta que intentó conversar con Cabezas, pero que él siempre ponía excusas. Meses después se enteró de que su “mejor amigo” era la nueva pareja de su esposa.

En julio del año pasado, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, Pía Grandón, recibió la denuncia. Posteriormente, se abrió una indagatoria penal por posible negociación incompatible y/o cohecho, que lleva la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

“Me pusieron los cuernos durante mucho tiempo (…). Denuncié porque pensé: ‘No le voy a cuidar más la espalda a Juan””, explica Recabarren a BBCL Investiga.

Difusión de conversaciones privadas

El lunes 6 de enero, Verónica Aravena interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra Recabarren por captación y difusión de conversaciones de carácter privado y reproducción y difusión de documentos de carácter privado.

En la presentación, acusa que Recabarren ingresó a su celular para obtener conversaciones de ella con Cabezas, las mismas que después fueron adjuntadas al sumario administrativo.

“Nosotros cuestionamos que se haya ventilado en ese sumario antecedentes de la vida privada a través de presentaciones de chats de WhatsApp y un informe de habilidades parentales, que no guardaba ninguna relación”, explica el abogado de Aravena, Ernesto Muñoz Chambe.

“Tenemos conflictos en temas de medidas de protección, de causas de protección por los niños. Hay temas de maltrato ahí, y filtró documentación de ese tipo”, aseguró por su parte Aravena en conversación con BBCL Investiga.

La arquitecta manifestó que Recabarren había ejercido tanto maltrato físico como psicológico y negó haber sido beneficiada por Cabezas. Al respecto, Recabarren comentó que había existido en la relación maltrato psicológico de ambas partes, pero negó el maltrato físico.

El jueves 9 de enero, el tribunal se declaró incompetente para conocer la causa, al considerar que de haber delito este habría sido cometido fuera de su jurisdicción, en la comuna de Santiago. Por ello, remitió los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía.

Un departamento remodelado

En los otros cargos que la fiscal Delfa Núñez levantó contra Cabezas se profundizan los antecedentes. Se apunta, por ejemplo, a que el funcionario no se abstuvo de “asistir, conocer, evaluar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos de infraestructura de los Centros de Formación Técnica Estatales que estaban siendo asesorados por la arquitecta Verónica Aravena Ortega“. Tampoco “comunicó a sus superiores jerárquicos su vinculación con la señora Aravena y el señor Recabarren”.

La persecutora administrativa también sostiene que Cabezas aceptó que Aravena “diseñara y administrara gratuitamente las obras de remodelación del departamento de su propiedad ubicado en Carlos Antúnez 2375”.

Se trata de un departamento que Cabezas adquirió en septiembre de 2021 por 5.500 UF ―alrededor de 165 millones en esa época―. Está ubicado en el edificio El Toqui, en la esquina de Carlos Antúnez con Los Leones.

Consta en el sumario que durante la remodelación Aravena envió a Recabarren copia de una boleta emitida a su empresa Brunel SpA por $1.826.650, correspondiente a la compra de cinco ventanas, las que habrían sido instaladas en la casa de Cabezas.

La fiscal apunta que las labores en su departamento contravienen el estatuto administrativo que lo rige como funcionario público, al haber aceptado “un privilegio”.

Las respuestas de Juan Cabezas

Suspendido desde agosto de sus funciones, Juan Cabezas se encuentra a la espera de que finalice el sumario. En conversación con BBCL Investiga niega cualquier falta administrativa y cuestiona la descripción de los hechos en la formulación de cargos. Por otro lado, acusa a Recabarren de acosarlo sistemáticamente.

―En el sumario se apunta que fue el nexo de Verónica Aravena con los CFT.

―Primero que todo, son 15 CFT estatales y Verónica Aravena no ha prestado servicios en todos. Además, son instituciones autónomas, tanto administrativas, financiera como académicamente. Algunos rectores me pedían recomendaciones. Yo les daba nombres de profesionales y ellos veían si los tomaban o no.

―¿Le reveló a los rectores que tenían una relación de amistad?

―Es importante destacar que no estoy obligado a revelar mi vida personal. La relación con Verónica, independiente que fuese la exseñora del señor Recabarren, siempre fue profesional. Mi amistad en un comienzo, por la universidad, era con Antonio González, que después se cambió el apellido a Recabarren, pero no existía esta amistad en que nos viéramos los fines de semana. Y a Verónica la conozco particularmente en un trabajo que desarrolló por la Subsecretaría de Educación, junto con Antonio, el año 2014. El trabajo que hicieron me pareció bastante adecuado.

―Usted dice que no eran amigos con Recabarren y que él lo ha acosado

―Antonio empezó en agosto del 2023 una suerte de acoso hacia mi persona con mensajes inapropiados primero a mi familia, a mí, a mi hijo, tratando de generar una situación de tensión. Me mandaba regalos de grueso calibre. Por ejemplo, me hacía llegar paquetes, primero con su nombre, en los cuales venían condones con pastillas para la erección. Me los mandaba a altas horas de la noche, tipo dos de la mañana. Después lo hacía de manera anónima. Se metió en mis redes sociales, hackeó mi cuenta de Netflix, de Amazon. Se metió en mi LinkedIn, y por ahí en los perfiles colocaba su mensaje.

―Él menciona que usted era el padrino de bautizo de su hijo.

Trabajábamos juntos en el Mineduc en esa época y por mi fe acepté ser el padrino. Habíamos sido compañeros de universidad, pero no éramos amigos. Yo creo que los amigos no te hacen denuncias anónimas.

―¿Cómo se enteró de la denuncia?

―Al ver que una primera denuncia que había puesto en Contraloría no avanzaba, Antonio empieza a enviar antecedentes de manera directa a la jefa de la división jurídica de la Subsecretaría de Educación. Yo también estaba sufriendo cierto tipo de acoso dentro de mi trabajo, en el cual se me habían quitado funciones. Empezaron a aparecer unos huevos pintados en mi escritorio, ante lo cual mandé la comunicación respectiva a mi jefatura, pero no hicieron caso. Y esa situación particularmente deriva que toman la denuncia de Recabarren y abren un sumario, el cual fui notificado después que sale en la prensa.

―En el primer cargo se menciona que instó a Recabarren a participar de las licitaciones. ¿Cuál era la seriedad de esas conversaciones?

―Las conversaciones con Antonio en esos años se daban en un tono coloquial, en el clásico que nosotros manejamos como este grupo de constructores al cual pertenecemos.

―Se menciona en la formulación de cargos que tras una reunión con el equipo de Boric, usted le dice a Recabarren que debe “ponerse en las líneas”. ¿Qué quiso decir con eso?

―No me reuní con el equipo del presidente Boric. Él [Recabarren] presenta conversaciones con un número que la defensa mía hizo las pruebas y yo no aparezco con ese número de teléfono. Entonces no me puedo hacer cargo de lo que usted me dice.

―¿Qué dice respecto a la acusación de haber visado la documentación en los proyectos en los que participó Verónica Aravena?

―Con el objeto de querer evitar cualquier malentendido, la contraparte técnica de los productos que entregaban los rectores, sobre los proyectos que participó Verónica, era el arquitecto que me acompañaba [en la Subsecretaría de Educación Superior]. Nunca fui yo.

―De igual forma se menciona que Aravena le remodeló su departamento sin cobrar.

―Jamás he recibido beneficio alguno, se canceló todo. Yo he trabajado en el ministerio hace mucho tiempo. En 2008 estuve en Contraloría y después volví al ministerio. Nunca he recibido un favor que no sea remunerado.

Condones y pisco sour

Inquirido por este BioBioChile, Recabarren envió una serie de fotografías de los acusados en su titulación, matrimonio y cumpleaños, para probar que efectivamente eran amigos. Además, comentó que incluso Cabezas conocía a su familia y que sus padres tenían bastante confianza con él.

Respecto del envío de condones y pastillas para la erección, manifestó que la situación no había sido como Cabezas la describió:

“Una vez le llegó un pedido que era para mí a su departamento, porque me equivoqué (tenía su dirección, junto con la mía, en la app del Jumbo) y lo que llevaba era pisco sour, un champagne, unas papas fritas y unos condones. Pero eran para mí y recién caché cuando no me llega el pedido a mi departamento”, aseveró Recabarren, quien añadió que no había pastillas para la erección.

Asimismo, el constructor negó que hubiese enviado mensajes al hijo de Cabezas.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior comentaron que al existir dos investigaciones abiertas, una administrativa y otra penal, no podían entregar mayores antecedentes “dada la etapa y el carácter secreto de ambos procedimientos”.

“Sin perjuicio de lo anterior, es importante recalcar que una vez que tomamos conocimiento de los hechos esta subsecretaría ha puesto todos los antecedentes a disposición de las entidades correspondientes y se ha mantenido permanente colaboración con las mismas”, añadieron.

Desde el Ministerio Público, en tanto, se limitaron a indicar que la causa se encuentra vigente y con diligencias en curso. Una de ellas fue el allanamiento a dependencias de la Subsecretaría de Educación Superior, en agosto de 2024.