Por 128 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que asegura el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, delitos funcionarios y causas de la Ley Antiterrorista.
La iniciativa fue presentada por la bancada de Diputadas y Diputados independientes-PPD, integrada por los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
Por ser objeto de indicaciones, el proyecto volvió a la comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión en particular.
Proyecto prohíbe que abogados de narcotraficantes reciban pagos en efectivo
El diputado Jaime Araya valoró la aprobación unánime “del proyecto que regula a los narcoabogados”. Agregando que “es muy importante que regulemos la forma en que los abogados que defienden a narcotraficantes, a miembros del crimen organizado, a funcionarios públicos corruptos, a políticos corruptos, tengan que demostrar el origen lícito de esos honorarios”.
Por su parte, el diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, sostuvo que “cuando nosotros vemos que los narcotraficantes, el crimen organizado se ha insertado en las distintas poblaciones, ha capturado a nuestros jóvenes, ha hecho de que la corrupción sea pan de cada día, es necesario preocuparnos no solamente de tener las policías en las calles, darle herramientas a carabineros y a la Fiscalía, sino que también cómo se controla el tráfico del dinero y el lavado de este mismo”.
“Esta iniciativa busca garantizar que el dinero usado en estas defensas tenga un origen legítimo (…) no permitiremos que el narcotráfico siga burlando al sistema de justicia usando el dinero sucio para su defensa. Con esta ley, la impunidad tiene los días contados”, complementó.
Cabe señalar que el texto legal establece que una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal -ante el cual asumió la defensa- el pago percibido por los servicios prestados.
Estos, percibidos como persona natural, sociedad o empresa, y que “quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año”.
Fuente: BioBioChile
