En marzo del año pasado el Registro Civil festejó la compra de 300 tótems de autoatención que se unían a la red de los ya 195 existentes en el país. Sin embargo, el Tribunal de Contratación Pública confirmó la existencia de irregularidades en la adjudicación, que de evitarse, podrían haberle ahorrado al Estado alrededor de $500 millones en una licitación que cuadriplicó ese precio. Tras años de discusiones, la Corte Suprema finalmente zanjó el asunto, dándole pie a la empresa perjudicada para realizar una millonaria demanda al Servicio, el cual ya está preparando el siguiente proceso licitatorio de mantención de kioscos para 2025. Los detalles los entrega la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Actualmente existen casi 500 tótems de autoatención del Servicio de Registro Civil e Identificación distribuídos a lo largo del país. Y es que tras el buen recibimiento del público a los primeros instalados, en marzo de 2023 se celebró la compra de 300 nuevos kioscos, en una ceremonia conducida por el Director Nacional del Servicio de ese entonces, Sergio Mierzejewski Lafferte, junto a quien ejercía como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández.
Sin embargo, en el anuncio se evitó mencionar un detalle: que la licitación se estaba cuestionando en el Tribunal de Contratación Pública (TCP) por irregularidades en la adjudicación, denuncias que fueron avaladas por el tribunal dos meses después de aquel aviso.
De acuerdo a la demanda ingresada el 3 de enero de 2022, el Servicio había otorgado y luego revocado la licitación de alrededor de 2.000 millones de pesos a la empresa DTS Autoservicio SpA sin aparente justificación razonable, re-adjudicándosela de forma ilícita a la compañía Vigatec S.A., quien hoy se mantiene ejecutando el contrato.
Luego de casi tres años de defensas del Registro Civil tanto contra el TCP como ante las cortes de Apelaciones y Suprema, la última instancia le cerró definitivamente la puerta al Servicio, dándole la razón a los alegatos de DTS. Con la sentencia, le abrió paso a la empresa para perseguir responsabilidades administrativas y reclamar una millonaria indemnización al Estado, demanda que, de acuerdo lo confirmado por fuentes reservadas a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se está preparando y se debiese ingresar próximamente.
Las dudas giran alrededor de las razones que tuvo el Registro Civil para entregarle la licitación a una empresa cuya oferta fue casi 500 millones más cara que la compañía que se la había adjudicado inicialmente. En las acciones legales, el Servicio se defendió en que poco antes de la firma del contrato habrían detectado que la oferta de DTS violaba uno de los puntos de las bases respecto al monto máximo permitido para el ítem de Servicios Complementarios, situación desestimada por los tribunales.
Consultados por Radio Bío Bío, desde el Servicio, dirigido hoy por Omar Morales Márquez, indicaron que no comentan sentencias de tribunales. Sí señalaron sin embargo, que los argumentos sobre la revocación están indicados en la misma sentencia del Tribunal de Contratación Pública y efectivamente tienen relación con que la oferta excedía el máximo permitido para el ítem de Servicios Complementarios. Además comentaron que al tener el contrato adjudicado fecha de término en enero de 2025, nuevamente se deberá convocar a una licitación pública respecto a los tótems de autoatención que posee el Servicio en todo el país.
Historia de la licitación
El tercer día de enero de 2022 el Tribunal de Contratación Pública (TCP) recibió una demanda por parte de DTS Autoservicio SpA en que solicitaban la suspensión inmediata del proceso licitatorio “Servicio de arriendo de kioskos de autoatención y servicios complementarios”.
¿La razón? Que el Registro Civil había declarado “ilegal y arbitrariamente” inadmisible la oferta de DTS luego de ya habérsela adjudicado, re-adjudicándosela al oferente Vigatec S.A.
Esta no era la primera demanda que el Servicio recibía por aquella licitación, ya que el proceso ya había tenido que suspenderse una vez por una impugnación previa por parte de otra compañía por irregularidades en las bases, siendo estas modificadas para la nueva compra.
El proceso se abrió con el objetivo de fortalecer el sistema de autoservicio que ya funcionaba en 195 tótems repartidos por el país, comprando 300 nuevos módulos para darle a la ciudadanía la opción de tramitar más de 20 certificados distintos de forma autónoma, servicio que ha sido bien recibido por los usuarios.
De tal manera, la apertura de ofertas se realizó el 28 de septiembre de 2021, presentándose tres empresas distintas y otorgándole la compra a DTS al obtener el mayor puntaje, con una oferta de $1.999.200.000. Tras la adjudicación comenzaron las conversaciones para la posterior firma del contrato, llegando incluso el Servicio a entregar un borrador a la compañía para su posterior firma y conversar sobre la fecha para la primera entrega de kioscos.
Sin embargo, de un día para otro, todo se cayó, el Servicio declaró inadmisible la oferta de DTS y se la re-adjudicó a Vigatec, mediante la Resolución Exenta N°486, de fecha 9 de noviembre de 2021.
De acuerdo a aquel documento, en una de las últimas revisiones del contrato, el Servicio detectó que en el ítem de “Servicios complementarios de atención y reparación de los equipos” la oferta de DTS superaba los 15.000 UTM permitidos (correspondientes a aproximádamente 783 millones de pesos a la época), lo que contravenía lo estipulado en las bases, y esa había sido la razón de rechazar la oferta.
La discusión
La reacción de DTS llegó el 3 de enero de 2022, cuando representados por el abogado Pablo Mancilla Digoy, ingresaron el recurso de impugnación de 26 páginas. De acuerdo al documento, admitir la oferta para luego declararla inadmisible y re-adjudicarla fue improcedente, negándose además la oportunidad a la empresa para argumentar sobre el hecho, sin haberse entregado previamente ninguna observación o reclamo a DTS.
De hecho, que se anule una licitación es poco común, y según especialistas, no debiese ocurrir. Uno de los últimos casos emblemáticos es la revocación de la licitación para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes chilenos a la empresa china Aisino tras advertencias de seguridad.
Entre otras cosas, Mancilla argumentó que si el Servicio hubiese estimado que la adjudicación de la oferta de DTS tenía problemas, se debiese haber ejecutado un procedimiento de invalidación regulado en la Ley N°19.880, cosa que no se hizo.
También alegó un error en el cálculo realizado por el Registro Civil, afirmando que el monto correspondiente a los Servicios Complementarios ascendía solo a 14.939 UTM, y no a los 17.848 indicados por el Servicio, discusión que debía discernir el tribunal.
Así mismo, en la denuncia se expuso que la situación afectaba el interés de la comunidad, al haber sido la oferta de Vigatec casi un 30% más cara que la presentada por DTS, correspondiendo un costo extra para el patrimonio público de aproximadamente $500 millones, lo que seguirá aumentando si DTS gana la demanda por indemnizaciones que se está preparando.
Pelea del Registro Civil
Tras analizar las pruebas de ambas partes, el 9 de abril de 2023 el TCP declaró ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°486, reconociendo el derecho de DTS a demandar por las indemnizaciones que estime convenientes –las que normalmente ascienden monto por el que se proyectaban utilidades– y perseguir responsabilidad administrativa de los funcionarios del Servicio involucrados en la situación.
Pero el Registro Civil no quedó contento con esta resolución y acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para ingresar una reclamación respecto a la sentencia del TCP, alegando nuevamente respecto al cálculo de la oferta vinculada a los Servicios Complementarios.
Con la firma de la ministra Lidia Poza Matus y la fiscal Macarena Troncoso López, en marzo de este año se rechazó el recurso deducido por el abogado Rodrigo Llambías Lascar en representación del Registro Civil.
El Servicio luego decidió jugar su última carta deduciendo seis días después un recurso de queja contra los intervinientes de la resolución de la Corte de Apelaciones, por, según indica el documento, no analizar ni hacerse cargo de los argumentos esgrimidos, incluso transcribiendo textualmente partes del fallo del TCP.
La respuesta llegó el pasado 24 de octubre, y la Corte Suprema rechazó el recurso, cerrándole finalmente las puertas al Registro Civil para seguir discutiendo sobre la licitación, dejando el camino libre a una inminente demanda que le podría costar cientos de millones al Estado.
