La iniciativa parlamentaria comenzó su trámite en la Comisión de Constitución, al igual que la moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de legítima defensa.
La Comisión de Constitución inició el estudio del proyecto (boletín 15589) que modifica la Ley 20.084. El objetivo es establecer un sistema de responsabilidad de los adolescentes infractores de la Ley Penal.
La idea es fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.
La propuesta busca formular una respuesta penal contundente respecto de menores infractores de ley que cometan delitos de especial gravedad. Entre estos se encuentran el homicidio, el secuestro, la tortura y otros que reciben pena de presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado.
Un ejemplo de lo anterior es la violación con homicidio. También el secuestro con homicidio o el homicidio de miembros de las policías o de Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones, entre otros.
Infractores de ley
Según describe el documento, esta respuesta agravada tiene lugar, particularmente, respecto de adolescentes mayores de 16 años y considera, no solamente la gravedad de los delitos, sino también la reincidencia respecto de conductas de similar gravedad.
En ese contexto, se proponen reglas especiales en materia de los efectos del recurso de apelación respecto de medidas cuatelares. Esto, con el objeto de que aquellos menores infractores que se encuentren en internación provisoria permanezcan internados mientras no se resuelva la suerte de los recursos deducidos.
En la misma línea, avanzan las modificaciones que se introducen a la regulación de quebramiento, en especial, de sanciones en régimen cerrado.
El proyecto es de autoría del diputado Andrés Longton (RN), junto a sus colegas de partido Miguel Ángel Becker, José Miguel Castro, Andrés Celis, Camila Flores, Carla Morales, Ximena Ossandón y Diego Schalper. Se suman a los anteriores, las independientes María Luisa Cordero y Catalina Del Real.
Legítima defensa
Durante la misma sesión, la instancia comenzó el trámite del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de legítima defensa (boletín 15630).
El texto pretende realizar mejoras en torno a los requisitos necesarios para que concurra la legítima defensa, clarificándolos. De igual modo, modifica diversos cuerpos legales, contemplando de modo expreso medios de defensa personal, cuya utilización con ánimo de defender la propia vida, la de familiares o terceros, no debería ser sancionada.
Finalmente, efectúa una reforma en materia procesal penal para que, ante ciertos casos de legítima defensa, la carga de la prueba se invierta y recaiga en el fiscal.
Para ello, se introduce como nuevo principio básico del derecho procesal penal, la noción de carga de la prueba presente en la doctrina y, en ella, se coloca una excepción a la regla general relativa a ciertos supuestos de legítima defensa.
La moción es de autoría del diputado Luis Sánchez (PREP), junto a sus compañeros de partido Cristián Araya, Chiara Barchiesi, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Agustín Romero y Cristóbal Urruticoechea. Además, la firman los independientes Harry Jürgensen y Leonidas Romero.
Acusación Constitucional a gobernadores
La Comisión de Constitución, asimismo, votó en particular el proyecto de reforma constitucional que incorpora expresamente a los gobernadores regionales como sujeto pasivo de una acusación constitucional.
La instancia respaldó uno de los textos que se encontraban refundidos (boletín 16217). Este es de autoría de la diputada Paula Labra (IND). Junto a ella la firman Miguel Ángel Becker (RN), Bernardo Berger (IND), Camila Flores (RN) y Andrés Jouannet (AMA).
El resto de las mociones (boletines 16247, 16215, 16246 y 16303) fueron rechazadas por el grupo parlamentario. Ahora será la Sala la encargada de acoger la propuesta presentada por la comisión o adoptar una postura diferente.
Cabe recordar que el proyecto refundido había sido previamente respaldado en su idea de legislar, en una sesión pasada. En la ocasión, el texto generó un debate sobre la necesidad de llegar a acuerdos.
