El 4° Juzgado de Letras de Copiapó determinó la suma tras una demanda de indemnización de perjuicio por responsabilidad del Estado.
Una indemnización millonaria deberá pagar el Estado de Chile a través de la Policía de Investigaciones a la madre y los hermanos de Jhon Guerra Bobarin, quien falleció el 16 de diciembre se 2019 tras ser atropellado por un automóvil de la PDI en la avenida circunvalación con Luis Flores de la ciudad de Copiapó.
El dictamen realizado por el 4° Juzgado de Letras se Copiapó, estableció el monto tras una demanda de indemnización de perjuicio por responsabilidad de Estado, interpuesta por los familiares, madre y hermanos, del fallecido joven de 17 años.
En el texto se describe el profundo daño moral sufrido por la familia de Jhon tras su muerte, quienes experimentaron angustia y tristeza desgarradoras que persisten hasta hoy, destacando “la relación cercana y el fuerte vínculo afectivo que tenían con Jhon hacen que su pérdida sea especialmente dolorosa y difícil de comprender. La madre, que ya había asumido un doble rol en la familia tras la muerte del padre de Jhon, se ha visto sumida en una profunda depresión y alteraciones emocionales significativas, exacerbadas por recordatorios cotidianos y fechas especiales”.
Dictamen
El tribunal decidió que, aunque la compensación monetaria no puede revertir completamente el daño sufrido por la muerte de un joven debido a la negligencia de un funcionario policial, se debe otorgar una indemnización para aliviar el sufrimiento de la familia. Se estableció que tanto la madre de la víctima como sus hermanos recibirá una compensación económica. Además, se determinó que los ajustes e intereses sobre estas sumas se calcularán desde que la sentencia sea firme y ejecutoriada, basándose en la variación del Índice de Precios al Consumidor hasta el momento del pago efectivo.
El fallo también rechazó las objeciones presentadas por el Fisco de Chile y no impone costas a la demandada, considerando que tenía motivos razonables para litigar.
Los hechos
El 16 de diciembre de 2019, el subcomisario Miguel Toro Quiñonez de la PDI, conduciendo un vehículo institucional a alta velocidad atropelló a Jhon Guerra Bobarin, quien manejaba una bicicleta, causándole la muerte.
Según señala la demanda, el funcionario no prestó ayuda ni informó a las autoridades como era su deber, lo que se considera una conducta negligente y culposa.
En ese momento la institución emitió un comunicado en el cual lamentaron la situación, explicando que los funcionarios estaban realizando diligencias policiales.
Como consecuencias legales se inició una investigación criminal y una querella por cuasidelito de homicidio contra del PDI en tanto que el Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento.
La demanda argumenta que la conducta del funcionario fue temeraria e imprudente, sin justificación ni necesidad, y que no se respetaron las normas de tránsito ni los protocolos policiales. El mismo texto argumenta que estas acciones indebidas por parte de un agente del Estado generan una responsabilidad civil para el Fisco de Chile.
