“Si no lo hacía podía perder mi trabajo”: los testigos claves de la Fiscalía contra Jadue

“Debo señalar que siempre me pareció raro lo que estaba sucediendo con dichas compras, si yo me negaba a hacerlo podía perder mi trabajo, las conversaciones previas a las contrataciones con Achifarp eran irregulares, pero como Matías Muñoz era cercano a Daniel Jadue, había que hacerlo”.

Ese es un extracto de la declaración que entregó Iván Lebil, ex Jefe de Finanzas del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, respecto a las supuestamente innecesarias compras de glucómetros. Esta es una de las múltiples irregularidades que investiga la Fiscalía, y que dejaron al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue (PC), con la medida cautelar de prisión preventiva, que hoy cumple en el recinto penal Capitán Yáber, por ser considerado un peligro para la sociedad.

Fue durante abril y mayo que la fiscal especializada en delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, Giovanna Herrera, realizó maratónicas tomas de declaraciones, entrevistando a más de 20 testigos por deudas impagas, las irregulares compras de glucómetros y aparatos auditivos a Achifarp por parte del Municipio, y el fallido convenio con la Universidad de Concepción para la fabricación del medicamento Interferón.

Todo aquello, habría sido con el objeto de ocultar la verdadera crisis financiera de Achifarp, y aumentar su liquidez.

Ante la fiscal declararon dueños de empresas, miembros de la Asociación, funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, entre otros, quienes aportaron a ir construyendo el relato que la fiscal Herrera utilizó en la formalización del jefe comunal por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

La narración de Lebil y otros ocho entrevistados, las revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

GLUCÓMETROS

Una de las acusaciones de la fiscal fue que Jadue habría incurrido en fraude al Fisco, habiendo engañado al concejo municipal para traspasar fondos de la Municipalidad de Recoleta a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), a través de la compra de glucómetros y audífonos ortopédicos.

Las alegaciones respecto a la adquisición de glucómetros (dispositivos que permiten a personas con diabetes medirse la glucosa de la sangre en casa), versa en que la compra de estos era innecesaria, y que habrían terminado abandonados en bodegas, y posteriormente, vendidos en farmacias populares tras ya haber vencido.

De acuerdo a Iván Lebil, fue Eduardo Sendra – formalizado en la misma instancia que Jadue por fraude al Fisco, cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario parcial – quien le ordenó adquirir los glucómetros directamente desde Achifarp, compras que regularmente se debían hacer a través de Mercado Público, con los tratos directos utilizándose solo en caso de urgencias.

“Me pareció raro, pero esa fue la instrucción que me dio él, específicamente tenía que ser directamente con esa asociación. Yo indiqué que esos procesos debían ser por licitación pública, por el monto involucrado, pero él insistió que debía ser urgente y con Achifarp”, relató.

Tras la instrucción, Lebil habría pedido las referencias técnicas, necesarias para poder hacer la justificación de urgencia de la compra, justificación que habría realizado Ingrid Villalobos, Referente Técnico en el Departamento de Salud de Recoleta.

En su declaración, Villalobos contó que efectivamente había recibido una solicitud de Sendra, en la que le pidió que le enviara información sobre datos epidemiológicos para la compra de glucómetros, cosa que ella envió por mail a Sendra.

“Posteriormente al envío de dicho correo electrónico, me llega un correo de Alison Morales (Subdirectora del Departamento de Salud) en la cual me adjunta una orden de compra que ya se había generado con fecha 3 de enero del 2022, la cual consistía en compra de glucómetros por un monto de $49.000.000”, relató Villalobos. En ese momento fue a conversar directamente con Morales para manifestarle que ella no había solicitado esa compra, sino que solo había entregado la información estadística, según indica en su entrevista con la fiscal. Otra irregularidad en la cadena de la cuestionada adquisición.

“Debo señalar que esa compra me parecía sospechosa”, comentó en su declaración Lebil, quien además contó que para cumplir con el requerimiento de Control Interno solicitó la búsqueda de otras cotizaciones de proveedores de glucómetros: “Sin embargo, era solo para cumplir con la formalidad, porque la instrucción era de todas maneras comprar a Achifarp”, a pesar de haber ofertas de menor costo.

De acuerdo a las acusaciones, posteriormente estos kits de glucómetros habrían quedado botados en bodegas del Municipio, y posteriormente, habrían sido vendidos en farmacias populares a pesar de estar vencidos. “Yo supe que se vencieron algunas tiras reactivas, aproximadamente a los cuatro meses realizada la compra. Pero no hice nada al respecto, no pedí un sumario ni explicaciones”, reconoció Lebil.

AUDÍFONOS Y MIGRACIÓN A FUSALP

“Esto es fraudulento. Esto lo que tenía por objeto era perjudicar a la Municipalidad de Recoleta, y darle liquidez a la Achifarp”, fueron las palabras que utilizó la fiscal Herrera para describir las compras de audífonos ortopédicos por parte del municipio a la Asociación.

Al igual que los glucómetros, esta adquisición se habría hecho de forma irregular, por compra directa y sin cotizar con otros vendedores, habiendo pagado la municipalidad un sobreprecio de $40 millones de pesos.

En la formalización, la fiscal mostró como ejemplo las facturas de la compra de 100 audífonos ortopédicos desde Achifarp a Recoleta, que fueron vendidos por un precio $19 millones más alto que el comprado inicialmente por la Asociación.

Iván Lebil indicó en su declaración que para la compra de los dispositivos auditivos, también habría sido Eduardo Sendra quien le ordenó gestionarla con Achifarp y que había que justificar esa licitación como urgente.

“Por eso me contacté con Matías Muñoz (ex Secretario Ejecutivo de Achifarp, también en prisión preventiva) para poder buscar la justificación de compra de los aparatos auditivos. Esto es irregular toda vez que no podemos contactar a los proveedores previo a los contratos en las fases técnicas”, relató el ex Jefe de Finanzas del Departamento de Salud de Recoleta.

El funcionario también agregó que cuando se hizo la contratación directa, no se realizó ninguna otra cotización para buscar un proveedor más barato.

Estos aparatos auditivos habrían sido entregados y vendidos a través de la Fundación de Salud Primaria (Fusalp), creada por Jadue junto a otros alcaldes semanas después de la quiebra de Achifarp por la deuda de $1.291 millones de pesos, con el fin de “darle continuidad de propósito al proyecto que representaba la Achifarp y que fracasó”, según indicó el jefe comunal de Recoleta en un programa de entrevistas en 2022.

De acuerdo al testimonio entregado a la Fiscalía por parte de Michael Gosen, quien les arrendaba un inmueble por un monto de $6 millones mensuales a Achifarp desde abril de 2022, a contar del 9 de septiembre tuvieron que hacer un cambio de nombre en el contrato “debido a que, según lo señalado por Muñoz Becerra, la Asociación ahora se llamaría Fundación de Salud Primaria ‘Fusalp’”.

“Hace aproximadamente 8 meses atrás, Fusalp nos entregó la propiedad, diciéndonos que nos iban a pagar toda la deuda en arriendo y gastos comunes, lo cual hasta el día de hoy no ha sido efectivo”, agregó, como una nueva denuncia entre las múltiples por pagos pendientes.

La idea de la venta de audífonos habría surgido en el segundo semestre de 2021, cuando el alcalde Daniel Jadue habría viajado a Francia para conocer un proyecto de impresión 3D. “Recuerdo que llegó muy contento de ese viaje, con la intención de replicar ese modelo en Recoleta”, relata Alison Morales, quien desempeñó los cargos de Subdirectora y Directora del Departamento de Salud de Recoleta desde julio de 2021 a noviembre de 2022.

“Cuando me comentaron de la idea, me pidieron mi opinión de la instalación de un centro audiológico en la comuna, a lo que yo dije que no estaba de acuerdo, debido a que no encontraba necesario instalar dicho centro si el Gobierno ya entregaba audífonos a la población”, comentó, agregando que debido a su opinión, no la volvieron a hacer partícipe de dicho proyecto.

Dentro de las acusaciones de la fiscal, se encuentra haber movilizado bienes desde Achifarp a Fusalp – como las mismas máquinas 3D – que podría constituir una ocultación de bienes que no se habrían entregado en las incautaciones que se realizaron como diligencias en el proceso de investigación por liquidación forzosa.

Estas no fueron las únicas irregularidades que involucran a Fusalp.

En su testimonio, Guillermo Gallardo, fabricador de muebles independiente, comenta que conoció a Matías Muñoz en 2018, cuando era parte de la Junta de Vecinos de la Villa Los Hidalgos II de Buin, junto a la esposa de Gallardo.

Durante ese tiempo, Gallardo le habría hecho múltiples trabajos de mueblería – los cuales eran pagados mediante transferencia o efectivo – , y en 2023, cuando Muñoz trabajaba en Fusalp, le confeccionó un sofá a la Fundación por $200.000, lo que fue pagado por Muñoz en efectivo en el domicilio de Gallardo.

A pesar de esta haber sido la única relación laboral declarada entre Gallardo y Fusalp, en la declaración se le exhibió una imagen sobre facturas emitidas a su nombre durante mayo y junio de 2023 por $9 millones de pesos. “Puedo señalar que son totalmente falsas, ya que yo nunca adquirí nada a Fusalp y solo les vendí un sofá por $200.000, pero no tuve ningún otro tipo de relación con ellos”, declaró el testigo en la instancia. Surge la duda entonces de a dónde iría a parar el dinero justificado en las supuestas facturas falsas.

DEUDAS IMPAGAS

Múltiples pruebas presentadas por la Fiscalía apuntaban a que Achifarp continuaba haciendo compras y estableciendo convenios, cuando ya no tenía liquidez. Uno de esos ejemplos son los tratos con V Exponencial, empresa a la cuál la Asociación debe $217.198.000.

En marzo de 2022 Matías Muñoz se habría reunido con Gianna Sirandoni, dueña de la empresa V Exponencial, con la cual Achifarp mantiene varias deudas por la compra de mascarillas y cloro gel en el contexto de la pandemia por COVID-19. Fue Muñoz quien, entre las exigencias por el pago de deudas desde Sirandoni, la citó a una informal reunión en el Alto Las Condes.

“Entre la conversación que tuvimos, me señaló que me quedara tranquila, que ahora eran Gobierno y habían compañeros del partido político en distintos puestos, iban a firmar un convenio con una Subsecretaria, no recuerdo cual, y les iban a pasar $500.000.000 aproximadamente, y con ese dinero me iban a pagar la deuda. Me señaló que todo lo anterior era con conocimiento y respaldado por el alcalde Jadue Jadue”, contó Sirandoni en la declaración en calidad de testigo entregada en la Fiscalía Local de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en mayo de este año.

“En ese momento me asuste y decidimos con mi esposo que era mejor contratar un abogado y realizar una cobranza judicial”, agregó.

La historia es similar en el testimonio de Enrique Siebert, fundador de la empresa Asia Pacífico, relato que entregó en las dependencias del Departamento Antidrogas del O.S.7. el 25 de abril de 2024.

En abril de 2020, Siebert habría acordado la venta de 10.000 mascarillas KN95 y 40.000 mascarillas quirúrgicas con Achifarp, valuadas en $49.385.000, IVA incluido.

A pesar de haber acordado que el pago sería al contado esto finalmente no se habría llevado a cabo y se realizaron cinco transferencias durante junio y julio, por un total de $25 millones de pesos, quedando casi la mitad adeudada.

Tras esto, Siebert constata haber decidido demandar a Achifarp, frente a lo cual Muñoz lo habría contactado para citarlo a una reunión en su oficina y llegar al acuerdo de pagar lo que quedaba en una serie de cuotas. Sin embargo, solo llegó una, de $4 millones de pesos, existiendo hasta hoy una deuda pendiente de $16 millones, investigada en el 8° Juzgado Civil de Santiago.

A las deudas pendientes también se le unió el testimonio de Paola Bahamondes, ejecutiva de cobranza de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), a quienes la Municipalidad de Recoleta compraba fármacos y otros insumos médicos para los Cesfam de la comuna.

De acuerdo con Bahamondes, desde 2011 hasta 2023, se mantuvieron diversas reuniones entre funcionarios del municipio y Cenabast, por diversas deudas que Recoleta mantenía con esta.

“Debo señalar que en nuestro sistema, hasta el día de hoy, nos aparece una deuda de la Municipalidad de Recoleta a Cenabast por un monto de $224.280.551”, declaró la testigo.

Hoy la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra Daniel Jadue por la jueza Paulina Moya, tras el recurso presentado el sábado pasado por su abogado, Ramón Sepúlveda.