“Se despejará la duda de si se puede acusar a los Gobernadores por eventuales transferencias fraudulentas a fundaciones, como los casos que están en investigación”, aseguró la diputada Barchiesi.
La bancada de diputados republicanos presentó un proyecto de ley que busca que los gobernadores regionales también puedan ser acusados constitucionalmente por parte de la Cámara.
Se trata de una “ley interpretativa de la Constitución Política de la República”, que clarifica que esta facultad también la tienen los integrantes de la Cámara Baja y no solo los senadores, como ocurre hoy, pues la norma está establecida en el Artículo 52 y 53 Nº1 de la Carta Magna y no en 52 Nº2 letra 1.
“Los casos de presuntas irregularidades con dineros fiscales que se han conocido en las últimas semanas, hace necesario -a nuestro juicio- poder esclarecer esta facultad para el caso de que establezca responsabilidad de alguna de estas autoridades”, señaló la diputada Chiara Barchiesi, una de las autoras de la iniciativa.
En este sentido, la parlamentaria por la región de Valparaíso, explicó que la Carta Magna también establece que “tanto el Gobernador Regional como el Presidente de la República tiene un quórum más alto para ser acusable, que es de 2/3”.
“Es importante que sea ley interpretativa y no reforma constitucional, pues así se despejará la duda de si se puede acusar a los Gobernadores por eventuales transferencias fraudulentas a fundaciones, como los casos que están en investigación”, añadió la legisladora de la bancada de Republicanos.
Por su parte, el jefe de la Bancada Republicana, Benjamín Moreno, explicó que la iniciativa legislativa deja por establecido que el Gobernador Regional “se entenderá por incluido como autoridad o cargo susceptible de ser acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados, en concordancia con los Artículos 52 Nº2, inciso cuarto y 53 Nº1 inciso tercero de la Constitución”.
“A nuestro juicio, esta facultad es sumamente necesaria, ante la serie de casos de presuntas irregularidades con traspasos de fondos públicos de manera directa a fundaciones del mismo signo político, como ejemplo lo ocurrido en la Región del Bío Bío con el caso de Camila Polizzi del Frente Amplio”, puntualizó.
“Queremos evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir y que, de producirse, podamos recurrir a esta herramienta de fiscalización”, finalizó el legislador por la región del Maule.
Fuente: biobiochile.cl
