Petición incluía la característica de que se hiciera efectiva sin previa audiencia o notificación a la fundación y por el “riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir” los dineros entregados por el Fisco.
La justicia ordenó retener los fondos de la cuenta bancaria de la fundación Democracia Viva tras la solicitud del Consejo de Defensa del Estado, medida que se ordenó por el “riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir” los dineros entregados por el Estado.
La medida se ingresó este miércoles al Primer Juzgado Civil de Antofagasta, y fue concedida con la misma fecha. Esta recae específicamente en dineros que la fundación posee en una cuenta corriente del Banco del Estado de Chile, entidad bancaria que ya fue notificada.
El antecedente se conoce horas después de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmara la ausencia de boletas de garantías de fundaciones. “Buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantías, y esto tiene una serie de efectos”, aseguró Cordero.
“El hecho de que estos convenios de transferencia no tengan boletas de garantías es un mecanismo que venía desde hace algún tiempo y que dificulta situaciones como estas”, agregó el ministro.
La solicitud de tipo cauletar presentada por el CDE pedía que la retención de bienes se haciera efectiva sin previa audiencia o notificación de dicha fundación, representada por el presidente de su directorio, Daniel Francisco Andrade Schwarse. Esta se basa en un cúmulo de antecedentes que constituyen los motivos graves y calificados que exige el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, que hacen procedente la medida precautoria que se solicita.
“Confrontados con la situación patrimonial de la fundación Democracia Viva, permiten sostener la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile”, asegura el CDE.
La solicitud del CDE de intervenir la cuenta bancaria de Democracia Viva “tiene su origen en el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la mencionada fundación en virtud de tres convenios celebrados con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la Región de Antofagasta, mediante los cuales le fueron transferidos $426 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos”.
De esta forma, y como consecuencia del término anticipado de estos convenios, “la fundación se encuentra en la obligación de restituir los montos no rendidos”, comentaron desde el CDE.
Fuente: BioBioChile
