El texto, ahora despachado a segundo trámite, define exigencias reglamentarias y para el personal educativo. Junto a ello, promueve normas para fomentar la convivencia y para abordar situaciones de acoso basadas en la discriminación al interior de los establecimientos educacionales.
José Matías Guevara, como joven trans, sufrió constantes situaciones de acoso y bulling en el establecimiento educacional al que asistía, en Copiapó. Cediendo a la presión y al dolor, en mayo de 2019 decidió terminar con su vida.
Este triste caso que, lamentablemente, no es aislado en nuestro país, motivó la presentación de un proyecto de ley (boletín 13893).
El texto, ingresado en noviembre de 2020, es suscrito por las y los diputados Daniella Cicardini (PS), Pamela Jiles (PH), Erika Olivera (IND), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS) y Marisela Santibáñez (PC). También lo firmaron las/os exdiputadas/os Natalia Castillo, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida y Camila Vallejo.
La propuesta, abordada conforme a lo definido por la Comisión de Educación, se aprobó hoy por la Sala da la Cámara. Las normas generales se aprobaron por 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, las de quórum de ley orgánica no alcanzaron los 88 votos exigidos, obteniéndose una votación de 85 votos a favor, 24 en contra y 29 abstenciones.
En particular, el articulado que pasó la votación en general fue ratificado. La salvedad lo constituyó una disposición que obligaba a contar con ejemplares del reglamento con lenguaje inclusivo, que no se aprobó.
Con ello, la iniciativa, que modifica las leyes General de Educación y sobre subvención del Estado, pasó a segundo trámite.
Alcances del proyecto
Como se señaló arriba, algunas de las normas no lograron ser aprobadas al no alcanzarse el quórum necesario. Una de ella enmendaba el marco de derechos y deberes. Definía que el Estado propendería a la entrega de la información relativa a la calidad del clima escolar en las instituciones educativas. Para ello, se pedía evaluar, constantemente, el nivel de violencia escolar y su impacto en la salud mental de los estudiantes.
Tampoco se aprobó fijar que los y las alumnas tienen derecho a que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia. Igualmente, su estatus migratorio, identidad cultural y pertenencia étnica. Asimismo, su indemnidad sexual, identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales y/o afectivas.
De lo respaldado, el texto garantiza la participación de la comunidad educativa en su conjunto. Además, agrega a los consejos escolares el deber de velar por la no discriminación.
Junto a lo anterior, obliga a los establecimientos educacionales a contar con un equipo de convivencia escolar. Se espera que, en él, al menos, participe un miembro del equipo directivo y otro de la Unidad Técnico-Pedagógica. Su liderazgo estará a cargo del encargado de convivencia escolar y se describen las exigencias para el cargo.
Las medidas definidas por el consejo escolar para este marco deberán constar en un plan de gestión o de convivencia escolar. Además, considera la situación especial de escuelas cárcel, aulas hospitalarias, escuelas rurales y otros establecimientos con características especiales.
Convivencia
Se entenderá por buena convivencia escolar las relaciones e interacciones inclusivas y democráticas que se dan al interior de la comunidad educativa. Abarcan prácticas y aprendizajes que se orientan a la creación de lazos de inclusión social y a mantener una paz sostenible y duradera.
Por otra parte, se reconoce el conflicto como una constante social, que se espera resolver a través de la corresponsabilidad de la comunidad educativa. Para ello, se considerarán sus opiniones, contextos sociales y territoriales, así como sus respectivas experiencias de pertenencia. Todo esto, a través de mecanismos que no generen violencias basadas en discriminaciones.
El proyecto establece, de igual modo, los pasos a seguir en caso de producirse conductas que puedan ser constitutivas de acoso. En este marco, se establece la obligación de denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el establecimiento.
Adicionalmente, estas medidas se tomarán cuando se produzcan hechos que constituyan agresiones o violencia escolar física por razones de discriminación. También aplica para agresiones psicológicas o sexuales.
En paralelo, se perfeccionan normas relativas a la calificación de gravedad de la violencia. En este contexto, se agrega que, de ser promovida por quienes se desempeñen en el establecimiento, se considerarán constitutivas de infracción a la probidad administrativa o un incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Asimismo, se adiciona que revestirán especial gravedad las agresiones u hostigamientos hacia un estudiante fundado en causas discriminativas (etnia, género, ideología, etc.).
Sanciones, prevención y apoyo
El sostenedor incurrirá en una infracción de carácter grave a la normativa educacional en el caso de que las autoridades respectivas, habiendo tomado conocimiento o siendo de público conocimiento de situaciones que pudiesen ser constitutivas de acoso o violencia contra estudiantes, no adopten las medidas que el reglamento defina como tales.
Además, se considerará que ello constituye una infracción a la probidad administrativa o un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
El proyecto promueve acciones para la prevención de acoso escolar y medidas de manejo y ayuda a quienes lo sufran. Para ello, por ejemplo, se establece que los reglamentos internos deberán incluir, expresamente, la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria. Asimismo, el derecho a una vida libre de violencia y el respeto y reconocimiento de la diversidad, así como a la identidad de género.
Junto a aquello, se exigen procedimientos objetivos para la protección de los afectados, evitar la revictimización y dar apoyo. En paralelo, se demandan medidas sancionatorias, según la gravedad del caso.
Adicionalmente, se pide una actualización de los reglamentos cada dos años, considerando acciones de alerta temprana, prevención y reparación. Estos deberán ser informados a padres y apoderados.
Por último, entre otras variadas normas, se insta a contar con instancias de promoción del respeto y no discriminación y se da un plazo de un año a los establecimientos educacionales para la adecuación de sus reglamentos y cumplir con las exigencias de esta ley, contado desde su publicación.
Debate
Todas las exposiciones dijeron estar en contra del bulling y el acoso al interior de los establecimientos educacionales. Sin embargo, la postura frente al proyecto de ley fue diferente.
Algunos expositores de partidos de la derecha expresaron su total rechazo al texto propuesto. Estimaron que transgrede la libertad de enseñanza y establece limitaciones a la libertad de conciencia. Igualmente, consideraron que no da protección a los cuerpos intermedios ni a la libertad de expresión.
Por otra parte, evaluaron que parte de sus normas ya están reguladas en otras leyes y criticaron fuertemente el concepto de lenguaje inclusivo. En tales consideraciones, varios anunciaron reserva de constitucionalidad. Ello fue ratificado al momento de las votaciones por las bancadas republicana y del PDG.
Desde la derecha también hubo quienes anunciaron su apoyo, algunos de manera parcial, otros en su conjunto. Igualmente, desde sectores del centro político.
En partidos oficialistas y legisladores/as independientes afines hubo un respaldo generalizado. Se destacó la importancia de avanzar en el tema y las normas en pro de evitar casos de acoso y cómo abordarlo ante su evento. De igual modo, el contar con reglamentos claros y con personal idóneo para tratar estos temas.
También se recordó que el texto defiende la no violencia y promueve la no discriminación en todo su ancho, no solo relativa a la identidad sexual. Además, relevaron la participación de la madre de José Matías, Marcela Guevara, en impulsar esta normativa y el apoyo del Gobierno.
El Ejecutivo, por su parte, remarcó que la propuesta debe considerarse en el marco de la defensa de los derechos humanos. Resaltó que habrá recursos para fortalecer los equipos de convivencia escolar, con un enfoque multidisciplinario y profesionales capacitados. Además, aplicar enfoques preventivos, sancionatorios y reparatorios. También, en avanzar a que los establecimientos sean lugares seguros, saludables y libres de cualquier tipo de violencia.
Participantes del debate
En la discusión de este proyecto participaron Félix Bugueño (FRVS), Stephan Schubert (IND), Jaime Sáez (RD), Sara Concha (PCC), Viviana Delgado (PEV), Erika Olivera (IND), Mercedes Bulnes (IND), Cristián Araya (PREP), Karen Medina (PDG), Daniella Cicardini (PS), Luis Sánchez (PREP), Helia Molina (PPD), Alejandra Placencia (PC), Carla Morales (RN), María Luisa Cordero (IND), María Francisca Bello (PCS), Mónica Arce (IND), Agustín Romero (PREP), Luis Malla (PL), Marcela Riquelme (IND), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Juan Santana (PS) y Karol Cariola (PC).
Además, presentaron su postura Emilia Schneider (Comunes), Gaspar Rivas (PDG), Andrés Giordano (IND), Vlado Mirosevic (PL), Johannes Kaiser (PREP), Camila Rojas (Comunes), Carolina Tello (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND), Yovana Ahumada (PDG), Diego Schalper (RN), Lorena Pizarro (PC), Leonidas Romero (IND), Claudia Mix (Comunes), Ana María Gazmuri (IND), Andrés Longton (RN), Camila Musante (IND), Chiara Barchiesi (PREP), Javiera Morales (IND), Nathalie Castillo (PC) y Gael Yeomans (PCS).
Además, en representación del Gobierno, que patrocina la propuesta y le dio urgencia, expuso el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
