Como injustamente desiguales y deficientes calificó el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses Coloma, las condiciones que presentan los recintos penales de Atacama, las que en su concepto inciden negativamente sobre la totalidad de los internos e internas que cumplen condena o prisión preventiva en recintos penales de Copiapó, Vallenar y Chañaral, sobre todo si se les compara con los establecimientos penitenciarios de jurisdicciones vecinas de La Serena y Antofagasta.
Las apreciaciones fueron vertidas en la evaluación que la Fiscalía Judicial de Atacama efectuó respecto de las condiciones penitenciarias en pandemia durante el año recién pasado, que es una de las funciones de este órgano jurisdiccional.
“Las cárceles de Atacama desarrollan su labor bajo condiciones absolutamente distintas de aquellas que se observan en los recintos penales de Antofagasta y La Serena; las condiciones en que se cumple la prisión preventiva o la condena de las personas privadas de libertad resultan sustantivamente inferiores o de peor calidad. Esto las hace excesivamente gravosas para las personas que ingresan al sistema”, afirma el fiscal Meneses Coloma.
Si bien el funcionamiento de los penales de la Región de Atacama durante 2021, en términos de la administración de la política sanitaria de la población interna puede calificarse como correcto, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, advierte que: “Sin embargo, debe hacerse notar que no todo debe limitarse a estos términos, y que debe subrayarse que las deficiencias estructurales de los recintos penitenciarios de Atacama, la sobrepoblación y la escasa capacitación de las personas privadas de libertad establece restringidas o muy limitadas posibilidades de reinserción a los internos e internas. Estas condiciones fuerzan a señalar que los recintos penitenciarios de Atacama, en términos concretos, administran un sistema que puede ser estimado como deficiente”.
En la evaluación, se consigna que los tres recintos penales de Atacama mantienen limitadas condiciones estructurales. Son recintos que datan de mediados del siglo pasado y, por lo tanto, el espacio físico con el cual cuentan resulta sumamente restringido.
“Por otro lado –ahonda–, se observa un alto porcentaje de sobrepoblación de internos e internas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó. La sobrepoblación definitivamente incide negativamente en las condiciones bajo las cuales son custodiadas estas personas”.
En cuanto al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral, que en la actualidad no registra internos en prisión preventiva; es decir, mantiene una población penal “congelada” o “a la baja”, porque se encuentra ubicado en un lugar que no satisface estándares mínimos de seguridad para su población, al estar emplazado en una zona bajo la cota de inundación.
Respecto a la posibilidad de capacitación en los recintos penales de Atacama, el fiscal judicial aseguró que estas son limitadas y afectan la reinserción de los privados de libertad.
Con relación al Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Paipote, Carlos Meneses Coloma apreció que ofrece “limitadas oportunidades” a los jóvenes internos infractores de ley.
Con todo, el fiscal judicial sostiene que: “(…) no todo es negativo. Debe reconocerse a las autoridades de Gendarmería la inexistencia durante todo este período pandémico de brotes de contagio inmanejables en los recintos penales, lo que ha importado la aplicación de restricciones a las visitas y a las comunicaciones de los internos con sus seres queridos, limitaciones que han sido sobrellevadas con el uso de la tecnología”, dijo.
En cuanto a las posibles soluciones, el fiscal judicial Carlos Meneses manifestó su preocupación por la falta de iniciativas que permitan avizorar una pronta mejoría, básicamente porque el proyectado del nuevo centro penitenciario para Atacama, denominado “El Arenal”, no registra avances visibles en la ejecución del proyecto desde 2017. “Esta es una realidad que resulta insoportable para internos e internas, para sus familias y seres queridos, para los responsables de administrar el sistema, para las autoridades del sector justicia y para todos los habitantes de la región”, aseguró.
“No se debe olvidar que la actividad desplegada por los organismos estatales de prevención penal, de persecución delictual, de juzgamientos de las conductas ilícitas y de ejecución de las condenas, debe presentar una mínima coherencia u homogeneidad entre sus etapas, reconociendo a toda persona sometida a la intervención del proceso condiciones humanas y necesarias que permitan asegurar su defensa o, en su caso, esperar cierto resultado de resocialización tras las restricciones ambulatorias que conlleva la pena, sin embargo, las condiciones de la intervención estatal en el ámbito penal detectadas en el campo penitenciario durante el año 2021, permiten entender que el sistema privativo de libertad de Atacama presenta deficiencias que ponen en riesgo la legitimidad del sistema”, concluyó el fiscal Meneses Coloma.
