El administrador de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó -Piedra Colgada- Desembocadura (CASUB), Carlos Araya, también hizo un llamado al municipio de Copiapó y al Seremi del MOP en relación a esta situación.
En nuestro matinal “Un Nuevo Día”, conversamos con Carlos Araya, Administrador de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó -Piedra Colgada- Desembocadura (Casub) quien nos comentó sobre la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre una denuncia efectuada por ellos hace más de un año.
En este sentido, Carlos Araya, comentó que “si bien es cierto, deberíamos estar contentos porque todo lo que le dijimos a la Junta de Vigilancia salió aprobado en su totalidad, pero triste a la vez ya que lo que habíamos dicho era verdad y que por durante décadas la Junta de Vigilancia había cometido faltas gravísimas a la distribución de los derechos de agua de cada comunero y además, había permitido cambios en el ejercicio del derecho, cortando a la comunidad de corriente de río, recarga de acuífero durante décadas, con un modelo que nunca fue aprobado y tampoco cuando se formó la Junta de Vigilancia el año 94”.
En torno a los plazos que tiene la Junta de Vigilancia para solucionar estos problemas, el administrador de la CASUB, informó que “hoy tienen un plazo para solucionar los problemas, no es una intervención. Les dicen tienen todas estas fallas, apéguense al Código de Aguas, a su estatuto que ustedes no lo están haciendo y si no lo cumplen, recién lo vamos a intervenir. Por lo tanto, tienen entre cinco días, que ya se terminaron algunos plazos, hasta 45 días para poder ordenar. Ahora el tema es mucho más complejo, si tu ves que durante 36 años la Junta de Vigilancia dejó de entregar volúmenes de agua, séptimo, octavo y noveno, donde está la pequeña agricultura campesina, de hortalizas, donde en el recorrido de los canales internos estos grandes, Algarrobos Pimientos, bosque de Chañar, Algarrobos, la fauna y flora que vive en Copiapó y también su pulmón verde y el de Tierra Amarilla ha sido dañada”.
“Además, la recarga que se produce en esos dos distritos, hacia el agua de la población de lo cual ha estado tan disminuida, de mala calidad y se ha tenido que generar planta de osmosis, una desaladora, pero al final terminamos pagando el costo nosotros, los usuarios, los copiapinos y no las empresas que utilizaron malamente, tanto autorizados por la Junta derechos de agua en otros puntos que dejaron de recargar o volúmenes mayores de lo que le correspondía. Esto se va a ver en unos 20 días más, ya que la Junta de Vigilancia con este modelo de distribución en el año y medio que duró esta investigación, en ningún momento pudo demostrar su modelo apegado a la ley. Primero, los 107 titulares que no tenían aprobado por la dirección general de Agua, solamente por la Junta de Vigilancia el cambio de ejercicio del derecho se cancela y esto no es pequeña agricultura, esto es gran agricultura. Segundo, que tienen 30 días para poder mostrar el modelo de distribución y ese modelo que lo usaron a lo menos por 36 años perjudicó notablemente entre el quinto y el noveno distrito”, agregó.
Por último, Carlos Araya, se refirió a dos hechos que según su parecer son preocupantes. “Ayer estuve en el Concejo Municipal lo me quedé preocupado porque fue una defensa tanto de Eva (administradora municipal) como del alcalde y Sebastián rotundamente a favor de la Junta de Vigilancia cuando entregan un tercio del agua que le correspondía (…) La Junta de Vigilancia le ha mentido a la Municipalidad”, puntualizó. A lo anterior, Carlos Araya mencionó que supo que la Junta de Vigilancia se habría reunido con el Seremi del MOP y con la directora regional de la DGA, señalando que “el Seremi Campbell le habría ofrecido que los puntos que estaban ilegal, iban a hacer una complementaria en la resolución para que mientras se resolviera el problema ellos iban a seguir entregando agua. Entonces cómo estamos, si no estamos apegados a la ley, ¿tenemos que buscar un traje a la medida?, creo que el señor del MOP está totalmente equivocado no respetando la legalidad de este país”.
