Hoy martes 15 de junio es el primer día del juicio oral de Eduardo Leiva, detenido por cultivar cannabis para el tratamiento médico de él, su hija y ex esposa. En la instancia judicial que se extenderá durante cuatro días, la defensa buscará acreditar su total inocencia, poner fin a la arbitraria persecución en su contra y obtener su libertad.
Comienza el juicio de Eduardo Leiva, ex esposa de Eduardo Leiva, paciente de Fundación Daya Quilpué, quien ha esperado esta instancia en prisión preventiva desde julio del 2020 en la cárcel de Punta Arenas. El juicio se prolongará hasta el viernes de esta semana. Eduardo cultivaba para su tratamiento de salud y el de su pequeña hija, quien sufre una delicada condición desde pequeña, y para el tratamiento de su ex señora, operada por tumor pancreático. Los tres son usuarios medicinales de cannabis.
La ex esposa, Andrea Riviera, viajó desde Punta Arenas a Santiago con la hija de ambos, Mía, de 12 años, quien se someterá a una delicada cirugía a corazón abierto esta semana en el Hospital Calvo Mackenna. La operación que dura de seis a siete horas reemplazará una válvula de una intervención anterior y contempla un periodo de recuperación de un mes, en hospitalización. Desde ahí comenta el inicio del juicio de Eduardo.
“Estoy nerviosa pero con toda la fe del mundo en que a Eduardo le vaya bien, más ahora que su niñita lo necesita tanto, que Dios lo ayude en todo. Lleva casi un año Mia sin ver ni abrazar a su papá. Espero que mañana sea un gran día. Hablé con Eduardo y él está nervioso también pero está más preocupado de su hija y de no poder estar acá con su niñita en este complejo momento”, dice Andrea.
Fue allanado por el OS7 de Carabineros el 23 de julio 2020, detenido y formalizado por Cultivo y cosecha de especies vegetales productoras de estupefacientes; Tráfico ilícito de drogas; y Posesión, tenencia y porte de municiones, por una escopeta de su padre, debidamente inscrita. Desde esa fecha permanece detenido a la espera de un juicio donde pueda demostrar su inocencia.
Este caso revierte especial gravedad, ya que Eduardo, de 35 años de edad, es un paciente psiquiátrico con diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe, quien, después de grandes esfuerzos de su parte y prolongados tratamientos e internaciones voluntarias, logra funcionalidad en todos los ámbitos de su vida y cumple con dedicación sus obligaciones parentales, compartiendo la tuición de su hija con Andrea.
En este equilibrio y reinserción social y laboral, el uso del cannabis jugó un rol relevante para la gestión de su salud y bienestar, evitando conductas auto lesivas, incursionando en el uso de formatos saludables, como aceites y comida, más vaporización, con la asesoría de Fundación Daya, en virtud del informe del psiquiatra del Servicio de Salud de Magallanes.
Este positivo y exitoso proceso se vió interrumpido con su criminalización, echando por la borda los logros alcanzados. Por un lado, el Estado, mediante el Servicio De Salud de Magallanes indica el positivo rol que el cannabis tiene en la vida de Eduardo, pero por otro lado, lo persigue por cultivar las plantas que posibilitan tanto su tratamiento como el de su hija, ambos prescritos por un médico.
“Eduardo siempre ha sido un buen papá. Si saliera libre en el juicio, y su hija lo puede ver pronto, sería más que lindo. A ella le hace mucha falta su papá, todos los días pregunta por él, apenada porque a veces lo quiere llamar o ver y no puede, y triste porque quería que su papá estuviera acá”, dice Andrea.
“La mamá y la hermana de Eduardo están preocupadas pero expectantes, toda la familia está pensando en que lo liberen. Espero que así sea”, agrega Andrea. Ya los antecedentes de este delicado caso están en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, de Magallanes.
“En este allanamiento, incautación, detención y posterior formalización de Eduardo Leiva, están siendo vulnerados al menos tres derechos esenciales; el derecho a la privacidad del hogar, el derecho a la dignidad y la honra, menoscabado al ser presentado públicamente como un delincuente siendo en realidad un paciente, y, más importante aún, el derecho a escoger su tratamiento de salud, derecho afectado tanto para Eduardo como para su grupo familiar. Ésta absurda persecución debe detenerse, no es posible tolerar que se afecte de tal manera la vida de miles de chilenas y chilenos que hoy mejoran su vida con el uso del cannabis. ¿O de verdad consideramos razonable que los derivados del cannabis se vendan hoy en farmacias, dado sus efectos medicinales, pero que a la vez se persiga a quienes, según prescripción de sus médicos tratantes, cultivan cannabis para obtener esos mismos productos, pero a un bajísimo costo? Aquí está en juego la concepción misma de la libertad, la autodeterminación y la soberanía personal”, afirma la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
Ella será uno de los testigos presentados por la defensa, a cargo del defensor penal público Pablo Santander, además de la médica tratante, la terapeuta que hizo ingreso del caso en Daya Quilpué y la encargada de Daya Quilpué, sumándose también de Andrea Riviera, ex esposa de Eduardo Leiva.
