El COVID-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su Informe Anual.
En las Américas, el Informe 2020/21. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.
“Durante el pasado año vimos cómo ciertos líderes de las Américas respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de COVID-19”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Las Américas ha sido la región más afectada por el COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1,3 millones de muertes. Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo; luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaran una transparencia plena.
Por su parte, en Chile, de acuerdo a cifras oficiales, ha habido 1.037.780 casos y más de 23.000 personas han fallecido hasta ahora por COVID-19. No obstante, esta cifra de fallecidos considera solo casos confirmados; si se suman los casos sospechosos, la cifra llega a más de 31.000 personas. La desigualdad, la discriminación estructural y el débil liderazgo del gobierno actual abonó el terreno para que el COVID-19 se propagara con una brutal fuerza en el territorio, haciendo que el país llegara a estar entre los diez con más muertes por millón de habitantes en el mundo. Todo esto en medio de medidas y discursos oficiales alejados de innumerables recomendaciones de expertos, incluyendo de la Mesa Social Covid que el propio gobierno convocó, y de la realidad que se veía en terreno. “Si el gobierno nunca reconoció el colapso del sistema de salud que sí vivieron varios hospitales públicos de zonas más populosas y que atienden a población de menores recursos, difícilmente se iban a preparar como correspondía para la nueva ola de contagio que vemos hoy en día”, añade Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentaba en 8 millones. El COVID-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales con frecuencia menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones de mayor precariedad.
En Chile, la pandemia puso en evidencia un legado de políticas deliberadas y crueles que se han mantenido en las últimas décadas sin que ningún gobierno haya hecho cambios estructurales para dejarlo atrás. Las desigualdades y la situación de vulnerabilidad en que viven la mayoría de las personas están enraizadas en un sistema realmente destructivo para los más marginados. “Los movimientos sociales, que se acentuaron tras el estallido social, gritaron a la cara a las autoridades que esto no daba para más. Sin embargo, quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías, lo que evidenció una enorme falta de liderazgo y humanidad por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera”, menciona Ana Piquer.
Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud de las Américas han muerto a causa del COVID-19 a la fecha del 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual. En algunos casos, quienes alzaban la voz podían ser objeto de sanciones, como en Nicaragua, donde al menos 31 trabajadores y trabajadoras de la salud fueron despedidos por expresar sus motivos de preocupación. En Chile al menos 80 trabajadoras y trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19, y Amnistía Internacional también pudo constatar que durante el peak de la pandemia a mediados de 2020, trabajaron muchas veces en situaciones de colapso, inseguras y sin un apoyo efectivo. “Lamentablemente, casi ninguna de las recomendaciones que hicimos en ese momento han sido acogidas, y preocupa ver que con el peak que vivimos actualmente, el personal de la salud está enfrentando situaciones similares”, señala Ana Piquer.
Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al COVID-19, y en algunos países se obligaba a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física. Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el COVID-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo.
Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron sumariamente a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, y expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13.000 niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020.
En Chile, un ejemplo de esto sucedió a comienzos de este año, con la expulsión de más de 100 personas, mayormente venezolanas, que llegaron a la zona de Colchane en busca de protección, y que fueron expulsadas incluso habiendo recursos judiciales pendientes y cuyo resultado no se esperó.
Las deficientes condiciones sanitarias y el hacinamiento caracterizaban muchas prisiones de la región, donde las inadecuadas medidas del Estado negaban a la población reclusa el derecho a la salud y la exponían a contraer el COVID-19. Hubo al menos 90 motines en prisiones de la región para protestar por las precarias condiciones ante el aumento de la preocupación por la pandemia entre marzo y mayo. En Chile la organización emitió tempranamente una carta abierta con preocupaciones en este sentido.
Las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020. La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho de asociación y de reunión pacífica, y se registró uso ilegítimo de la fuerza en más de 12 países.
La injusticia y la discriminación raciales persistieron en las Américas, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter. La policía de Estados Unidos reprimió violentamente esas protestas y no protegió a manifestantes pacíficos de contramanifestantes violentos. Mientras tanto, la violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia; la policía mató al menos a 3.181 personas —el 79% de ellas negras— entre enero y junio. La impunidad y la falta de acceso a la justicia seguían siendo un grave motivo de preocupación en gran parte de la región.
En el caso de Chile, las manifestaciones sociales se han mantenido, aunque en menor escala durante la crisis de salud. El actuar de las policías ha continuado revelando una intención de castigar a quienes se manifiestan, más que controlar el orden público. El incumplimiento de las normas sanitarias debido a la pandemia no puede usarse como excusa para reprimir a las personas con violencia. “Por otra parte, hemos visto el proceder ambiguo, inexplicable e incluso grosero de Carabineros que mientras reprimían algunas marchas, resguardaban otras. Esto es una muestra más de que los abusos y la discriminación siguen arraigados en nuestras instituciones y sociedad”, añade Ana Piquer.
La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.
Muchos gobiernos no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto seguía estando penalizado en la mayoría de los países, lo que suponía un grave obstáculo para el derecho a la salud. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana seguían prohibiendo totalmente el aborto, y 18 mujeres continuaban en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.
Por otra parte, Argentina hizo historia en diciembre al convertirse en la mayor nación de América Latina en legalizar el aborto gracias a la campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista.
Las personas LGBTI fueron objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.
Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el COVID-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida. Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continuaron amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizaban su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.
América Latina y el Caribe seguía siendo la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente. Colombia seguía siendo el país más letal del mundo para los/as defensores/as. No obstante, 2020 también trajo consigo motivos de esperanza, pues los/as defensores/as de los derechos humanos lograron grandes victorias y se negaron a ser silenciados.
En noviembre, México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los/as defensores/as de los derechos ambientales, por lo que entrará en vigor el 22 de abril de 2021. Lamentablemente, Chile sigue quedando fuera de este acuerdo, al haberse negado a firmarlo. Por otra parte, aunque las acciones sobre el cambio climático siguieron siendo limitadas en el continente, Chile fue el primer país de la región, y uno de los primeros del mundo, en presentar un objetivo de reducción de las emisiones en 2030, aunque estos compromisos siguen siendo débiles respecto de las necesidades para afrontar los desafíos urgentes que el cambio climático impone.
“Aunque el primer año de la pandemia ha sido especialmente difícil para las Américas, sacamos fuerza de la pasión y resiliencia que hemos visto en activistas de toda la región, sobre todo de las mujeres, las personas jóvenes y activistas antirracistas. Su valentía ante la adversidad nos dice que podemos construir un mundo más justo para todas las personas”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.
En el caso de Chile, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis de derechos humanos, el liderazgo que se requería no vino del gobierno, vino de la misma gente, por ejemplo, del personal de salud, organizaciones de la sociedad civil, brigadistas, observadores de derechos humanos, prensa independiente y de quienes levantaron ollas comunes. “Han sido estas personas las que mostraron la humanidad que se requiere en estos tiempos excepcionales. Claramente saludamos y agradecemos estas acciones, pero también exigimos al gobierno que se haga cargo de sus responsabilidades. Esperamos que el proceso constituyente que se avecina abra la oportunidad que necesitamos para construir ese país más humano, en el que la dignidad se defienda desde las autoridades, y no a pesar de ellas”, menciona Ana Piquer.
“Los gobiernos de las Américas deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad. El primer paso en esta dirección es conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división y garantizar su acceso a las vacunas contra el COVID-19. También deben tomar medidas audaces e integrales para abordar los desproporcionados efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación, garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades de vivir en condiciones de seguridad y de disfrutar de sus derechos humanos”, concluye Erika Guevara Rosas.
“En el caso de Chile, si observamos sobre cómo estábamos hace un año, vemos que la situación está igual o peor. Además, tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, y que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos como si fueran casos aislados. Ante este escenario tan desolador en el país, la reacción que vemos de las autoridades de manera recurrente, tanto en lo relativo a violaciones de derechos humanos por parte de carabineros, como en lo relativo al COVID-19, es una defensa indignada y rabiosa tratando de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia. Una recuperación en base a la equidad, la compasión y la humanidad requiere de liderazgos que encarnen estos ideales”, concluye Ana Piquer.
